El Consejo de la Magistratura afronta una semana clave en el juicio político al juez federal Juan José Galeano. Ayer no se produjeron novedades relevantes en la sesión de la Comisión de Acusación del cuerpo, pero el magistrado está citado para el próximo jueves 30 a las 17. Por ahora, el magistrado mantiene en absoluta reserva si va a concurrir a defenderse o si sólo enviará un escrito, con lo cual evitaría contestar las preguntas de los consejeros. Si Galeano habla en esa sesión pública, será prácticamente la primera vez que lo haga desde aquella famosa noche de julio de 1994, pocos días después del atentado contra la AMIA, en que les anunció a los periodistas que lo esperaban en Ezeiza: “Se van a caer de espaldas”. Se refería a la información que traía desde Venezuela, donde habló con un arrepentido iraní y que serviría de base para esclarecer el ataque a la mutual. Desde entonces, Galeano se llamó a silencio. La Comisión de Acusación, integrada por siete miembros, deberá votar por simple mayoría si el juez es acusado formalmente, en cuyo caso el proceso pasaría al plenario, en el que se necesitan dos tercios de los 20 integrantes para destituir al magistrado.
Galeano debe responder a una decena de cuestionamientos que le realizó la Comisión de Acusación por su actuación como juez en el caso AMIA. El más importante es el haber acordado el pago de 400.000 pesos/dólares a Carlos Telleldín, el principal imputado, para que éste declare judicialmente que le entregó la camioneta que explotó frente a la AMIA a los enviados de un grupo de policías bonaerenses. El punto crítico de esta imputación es, sobre todo, que el pago se hizo en forma clandestina –no figuró en el expediente– y por lo tanto fue ilegal. El abogado de Galeano, el ex camarista Andrés D’Alessio, dejó entrever la semana pasada algo de su línea de defensa: “El pago existió, pero el juez no lo hizo”. Será, sin dudas, el aspecto más difícil de la acusación que tendrá que afrontar Galeano.
Sin embargo, el magistrado debe responder a otros cuestionamientos de magnitud. Durante la investigación del atentado, Galeano mantuvo la política de permitir que ciertas cosas fueran sólo vistas por algunas de las partes que intervenían en el caso –en especial, la DAIA, pero también al principio la AMIA–, mientras les eran ocultadas a los defensores de los acusados y a otras querellas, como la de los familiares agrupados en Memoria Activa. Esto se hacía mediante la creación de legajos paralelos y prácticamente secretos, de manera que pruebas, escritos y evidencias se sacaban así del cuerpo principal de la causa. El método fue muy criticado por la Cámara Federal que terminó ordenándole que integre los legajos a la causa principal. El cuestionamiento es, en concreto, que el juez no fue imparcial y recortaba el derecho a la defensa y al control de la causa.
Otra irregularidad de la que deberá dar cuenta es la forma en que se tomaron algunas declaraciones. El Tribunal Oral lo resaltó en el comunicado que acompañó al fallo: señaló que hubo aprietes a testigos y que se filmaba a otros de forma clandestina. Incluso hubo prácticamente una mención a torturas y extorsiones. A eso hay que agregar escuchas telefónicas irregulares, incluso a abogados defensores, algo que viola un derecho elemental que es la preservación de la privacidad de los diálogos entre un acusado y su defensor.
Este es sólo uno de los frentes que afronta Galeano, por cuanto el 29 de octubre se conocerán los fundamentos del fallo del Tribunal Oral, que ya anticipó gravísimas acusaciones contra el magistrado y también contra el que junto a Galeano fue el verdadero protagonista de la pesquisa AMIA: el poder político, que es quien manejaba las fuerzas de seguridad e inteligencia, las encargadas de esclarecer el atentado. Aun antes de conocerse los fundamentos del fallo, los fiscales Alberto Nissman, Carlos Cearras y Marcelo Martínez Burgos le pedirán al juez Claudio Bonadío quecite a indagatoria a Galeano y al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, por el pago a Telleldín. Les imputan el delito de peculado, que es usar ilegalmente el dinero del Estado.