El caso de una mujer que perdió el embarazo tras ser golpeada por la policía y los de otros siete desocupados que sufrieron apremios fueron llevados ayer a la Justicia para que investigue la actuación de la Policía Federal durante la protesta del 31 de agosto pasado en la Plaza de Mayo, cuando un escrache al director gerente del FMI, Rodrigo Rato, terminó con disturbios y 102 detenidos. La presentación fue impulsada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Correpi y las organizaciones piqueteras afectadas, quienes denunciaron también la presencia de personal de infantería vestido de civil en las últimas manifestaciones. Las denuncias –son dos y serán investigadas por separado– quedaron en manos de los jueces federales Sergio Torres y María Romilda Servini de Cubría.
La presentación fue acompañada de una marcha a los tribunales de Comodoro Py. “En los últimos 40 días el uso de personal de civil se volvió una norma”, dijo Gabriela Rozenblum, de la Liga. “Antes nos quejábamos porque los policías se escondían la chapa debajo del chaleco antibalas, pero ahora van sin uniforme.”
Los denunciantes pidieron que se investigue el rol policial en cuatro de las últimas protestas: la de la Legislatura, la de Plaza de Mayo y dos movilizaciones posteriores por la libertad de los presos sociales, en las que no hubo arrestos, pero volvieron a verse efectivos de civil y vehículos sin patente.
Esta práctica –señalaron– rompe los acuerdos que los organismos de derechos humanos habían alcanzado con el Gobierno para los operativos de prevención.
Si bien las dos presentaciones se hicieron de manera independiente, los denunciantes vincularon la totalidad de los hechos al endurecimiento del Gobierno frente a la protesta. En ese sentido, Rozenblum recordó que “simultáneamente con los episodios de represión y la aparición de policías de civil, los presos sociales llegaron a 33”.
Los casos de apremios ilegales tras los arrestos en la Plaza de Mayo apuntan contra la comisaría segunda y la Dirección de Investigaciones. Las organizaciones denunciantes son, junto a la Correpi y la Liga, el Movimiento Teresa Rodríguez-Cuba, el Territorial de Liberación, la agrupación Martín Fierro y la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina.