La fiscal de Estado de Santiago del Estero, Sara Fauze, pidió ante el Consejo de la Magistratura el juicio político del juez federal de la provincia, Angel Jesús Toledo, a quien acusa por diferentes maniobras para favorecer en tres causas al grupo económico de Néstor Carlos Ick, que concentra empresas ligadas al juarismo y sus privatizaciones. No es la primera denuncia que el cuerpo recibe contra este magistrado, pero podría convertirse en una de las más comprometedoras. Hay otros seis expedientes que están en trámite.
Toledo es juez federal de Santiago desde hace 20 años, cuando lo nombró el ex gobernador Carlos Juárez. En su despacho están radicadas varias causas comprometedoras para el régimen juarista, en su mayoría estancadas. En una de ellas, la semana pasada el gobierno interventor y los organismos de derechos humanos culparon a Toledo por no avanzar en la investigación de crímenes de lesa humanidad por los que el caudillo es señalado como responsable: 15 desapariciones y por lo menos 50 casos de secuestros, cometidos entre 1973 y 1976.
Fauze viajó ayer especialmente a Buenos Aires para llevar al Consejo de la Magistratura una presentación contra el juez federal, en la que pide su remoción por “mal desempeño”. “En tres causas judiciales debió haberse excusado por su amistad manifiesta con Ick y por no ser de su competencia, pero no lo hizo. En cambio, repitió un mecanismo: en ciertos días pedía licencia, justo en ese momento llegaba a su juzgado alguna demanda del empresario, el juez subrogante que él mismo nombraba avanzaba y luego él continuaba con el juicio como si nada”, explicó la fiscal.
Entre las pruebas que aportó la funcionaria para mostrar el vínculo entre Toledo e Ick incluyó el acta de casamiento del hijo del empresario donde el juez figura como uno de sus testigos. También llevó fotos de eventos en los que el magistrado e Ick comparten la mesa. Además, detalló el recorrido de cada uno de los expedientes bajo la lupa:
- La compañía de seguros Hamburgo, del grupo Ick, había sido contratada por el gobierno de Juárez para cubrir los seguros de vida de los empleados públicos. La intervención anuló el convenio y delegó las prestaciones a Nación Seguros. Hamburgo pidió al juez federal una medida cautelar para frenar el traspaso. Un juez subrogante la otorgó. “Después Toledo despachó la demanda sin apartarse y pese a que estaba mal formulada”, dijo Fauze.
- La firma ex Codere, también del grupo Ick, inició juicio a la provincia para que no le quitaran los casinos locales. “Pese a que tanto el fiscal Alberto Pravia como el Superior Tribunal ordenaron que la Justicia federal se declare incompetente, el juzgado de Toledo siguió adelante. Un juez ad hoc admitió la medida cautelar”, explicó la fiscal de la intervención.
- En un juicio que inició Néstor Ick contra el diario El Liberal de Santiago (por calumnias e injurias y daños y perjuicios), Toledo asumió por sí mismo directamente las actuaciones. El fiscal Pravia lo cuestionó, incluso por considerar que no es materia federal, pero él continuó.
En el Consejo de la Magistratura ya hay, junto con la denuncia presentada ayer, siete legajos contra Toledo. En la mayoría se le reprocha su falta de acción ante casos de narcotráfico y violación de garantías. Las pesquisas marchan lentamente, pero ahora podrían repuntar.