Por Alberto Ferrari Etcheberry*

Confieso que me sorprendió la actitud del doctor Eduardo Duhalde. A las 10 de la mañana del 31 de marzo ya había leído la nota de Página/12 y me estaba invitando a la Casa de Gobierno para el día siguiente. Eso no es habitual. Después de la reunión del 1° de abril no volví a ver al Presidente. Recibí de la Aduana tardíamente sólo las declaraciones de ventas efectuadas desde el corralito, el 3 de diciembre, al momento del cierre del registro, aun cuando había pedido las cifras anteriores. Preparé un memorándum con mis opiniones y propuestas, que entregué al licenciado Rodolfo Gabrielli, ministro del Interior, para el doctor Duhalde.
Desde entonces, no supe nada más. Pero el decreto de ayer es una mala solución que no comparto. Me suena como una solución “a la argentina”: bestial. O no se hace nada o se recurre a la magia del shock, de patear el tablero, generando reacciones que pueden llevar al extremo opuesto de lo que con buena fe se pretende.
Lo que nunca se intenta es sacar punta al lápiz, arremangarse, trabajar las soluciones, explicarlas, abrir debate y aceptar la situación real que vive el país: media población sin trabajar ni consumir. Un absurdo capitalista. Entonces no debe sorprender que las “soluciones” o legalicen negociados y abusos (como hubiera sido mantener las declaraciones truchas de los exportadores) o generan graves conflictos, pleitos, posibles pérdidas enormes sin justificación económica ni legal, como probablemente ocurrirá con este decreto. Como lo dije cuando me entrevistó este diario y lo repetí al doctor Duhalde, la solución está en anular las declaraciones de venta que non correspondan a compras previas a precio lleno y firme en el mercado interno, aplicando los propios mecanismos de la ley, con decisión y conocimiento de la cuestión. Es una salida posible y sencilla, salvo para quienes todo lo miden “macro” y, oh casualidad, habitualmente terminan arrodillados ante los intereses creados.
Con las declaraciones truchas se gana muchísimo dinero en un rato, sin riesgo ni inversión y con un papel sellado. Pero si se cambian las reglas como un elefante en un bazar las pérdidas serán enormes y el exportador las trasladará a sus vendedores, los productores. Que entonces, siguiendo la tradición del país, se atrincherarán con los exportadores en un solo corazón para culpar al Estado y al resto de la sociedad.
Basta ver los nombres y los conocimientos de ciertos dirigentes rurales para comprobar qué fácil es que los exportadores los convenzan, a veces incluso sin necesidad de llenarles los bolsillos.
Igual, quiero dejar aclarado que los exportadores son los principales responsables de este decreto por haber usado y abusado de este mecanismo aberrante, al extremo de haber logrado este engendro de mantener como optativo a lo que en su lógica tiene sentido sólo si es obligatorio. Durante el proceso militar, salvo un par de empresas el resto llegó a extremos casi risibles de violación de la ley. Buscaban zafar de multas que se depreciaban día a día por la inflación hasta ser simbólicas. Y nadie reaccionaba. Ni los productores, ni los macroeconomistas. Tampoco los propios exportadores perjudicados con esa competencia desleal y mafiosa.
Yo no creo en la magia. Magia fue la Convertibilidad, que transformó a la Argentina en una fábrica de dólares. Magia fue destruir todo el control y regulación estatal en la agricultura, haciendo de la Argentina el único país de su tipo en que los productores están a la intemperie, en este caso a merced de cuatro grupos exportadores e industriales exportadores de oleaginosas. Todos, extranjeros, que gozan aquí de ventajas que ni sueñan en sus países de origen.

* Ex presidente de la Junta Nacional de Granos.