Consecuente con sus ideas y fiel a su estilo provocador, el integrante de la Cámara de Casación Penal Alfredo Bisordi calificó como una “payasada jurídica” el pedido de destitución en su contra presentado ante el Consejo de la Magistratura por haber dicho que la sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Graciela Daleo era una “delincuente terrorista”. Distintos organismos defensores de los derechos humanos lo denunciaron por haberse dirigido a ellos “de manera irrespetuosa e injuriosa” y avanzaron en el reclamo después de que Bisordi rechazara el planteo de los sobrevivientes del campo de concentración de la Armada para que se apartara de intervenir en la megacausa en la que se investigan los crímenes cometidos en la ESMA durante la última dictadura.
Los organismos recusaron a todos los integrantes de la sala IV de Casación, conocida como la “sala militar”, por “enemistad manifiesta con las víctimas del terrorismo de Estado”. Al rechazar el pedido, Bisordi agredió a Daleo y se refirió a los querellantes del expediente como los “autodenominados organismos de derechos humanos”. Además, tildó de “ex defensor de criminales” a Rodolfo Yanzón, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, debido a que actuó como abogado de miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) acusados del copamiento al cuartel de La Tablada, en 1989.
Ayer al ser consultado por Radio 10, Bisordi rechazó las acusaciones y sostuvo que “a nadie en su sano juicio le puede caber que un tribunal permanente del Poder Judicial de la Nación pueda constituir un tribunal militar”. “Ellos pretenden que intervenga otro tribunal y lo que nosotros (desde las salas I y III) resolvimos fue que pasara a la sala IV. Ante esta decisión nos han denunciado por abuso de autoridad. Esto constituye una verdadera payasada jurídica”, dijo repitiendo la misma frase descalificadora que ya había utilizado ante la denuncia de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que habían solicitado su apartamiento de la causa ESMA.
Los antecedentes del camarista no dejan duda sobre su manifiesta coincidencia con los acusados en las causas por delitos de lesa humanidad. A una semana de ser designado como adjunto del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas, Bisordi renunció. Strassera dijo que reivindicaba métodos de la represión ilegal y el ahora camarista lo negó. Cuando lo propusieron para integrar la Cámara de Casación, la Asociación de Abogados lo impugnó y Bisordi se defendió con el argumento de que sus acusadores eran marxistas. Ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Bisordi justificó la subordinación de la Justicia a la dictadura militar y se quejó de que el juicio a los ex comandantes “le costó mucho dinero al país”, porque las Fuerzas Armadas pagaron los abogados defensores.
Yanzón consideró que “la payasada jurídica la cometieron los camaristas cuando enviaron un caso de derechos humanos a la sala militar, que en pronunciamientos anteriores demostró una evidente enemistad manifiesta hacia las víctimas del terrorismo de Estado”. En tanto, recordó que por la decisión de que la sala militar se haga cargo de este caso ya fueron denunciados penalmente ante el juez Jorge Ballestero no sólo Bisordi, sino los camaristas Gustavo Mitchell, Juan Carlos Rodríguez Basalvibaso, Liliana Catucci, Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma. Catucci y Rodríguez Basalvibaso rechazaron la recusación pero decidieron inhibirse de actuar en la causa ESMA “a fin de aventar cualquier sospecha de parcialidad”.