La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ante los tribunales federales que en los últimos quince años la SIDE recibió por lo menos 960 millones de pesos extrapresupuestarios que fueron desviados sin ningún control a modo de “gastos reservados”. En un caso puntual probó un mecanismo de triangulación donde salía dinero del Ministerio de Justicia y volvía a él en efectivo para que sus funcionarios, con Raúl Granillo Ocampo a la cabeza, lo usaran a discreción. El escrito advierte sospechas de que otros ministerios habrían hecho maniobras similares con un patrón común: las transferencias a la central de espías se hacían por decretos y resoluciones secretos. El organismo reclamó al presidente Néstor Kirchner que abra el contenido de esas disposiciones. Y pidió que se investigue qué se hizo con los fondos públicos, aunque señala hipótesis: desde sobresueldos, sobornos a legisladores y jueces, hasta campañas políticas.
La OA, que dirige Daniel Morin, analizó qué pasó desde 1989 hasta fines de 2003 con el presupuesto para gastos reservados –los que no requieren rendición– que recibió la SIDE. Detectó que cada año aparecía un incremento notable entre la partida asignada y la que finalmente se ejecutaba. En los balances pico, como el del ‘92 o del año pasado, lo gastado superó en cerca del 80 por ciento a lo presupuestado. Según las cuentas de los investigadores, el organismo de inteligencia gastó en quince años 960.334.11 pesos más de los que recibió oficialmente.
El testimonio de Roberto Martínez Medina, ex secretario privado de Granillo Ocampo en el menemismo, dio las pistas necesarias a la OA para empezara a descifrar el circuito de la plata negra de la Secretaría de Inteligencia. Este personaje se hizo conocido cuando contó, en medio del juicio por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray, que mientras su ex jefe era ministro de Justicia, todos los meses le iba a retirar un sobresueldo de 50 mil pesos a la jefatura de Gabinete. En Anticorrupción agregó un dato clave: dijo que entre 1998 y 1999 el ministerio había transferido al menos 2 millones de pesos/dólares propios a la SIDE para que el monto volviera en billetes, al bolsillo de Granillo. Para la OA, la historia del Ministerio de Justicia se convirtió en un caso testigo de lo vislumbrado como una maquinaria generalizada en el gabinete de Carlos Menem. Por eso Morin se presentó como querellante en cuatro expedientes en los que la justicia federal analiza posibles “pagos ilegales” hechos con fondos reservados. La principal denuncia se hizo en la fiscalía de Guillermo Montenegro, a quien el juez Jorge Ballestero delegó la causa de los sobresueldos del menemismo, en la que Granillo está imputado y otros ex ministros en la mira. Otras dos fueron radicadas en el megaexpediente sobre gastos reservados que tiene Rodolfo Canicoba Corral y en el de pagos dudosos a jueces, que tiene Jorge Urso.
¿Qué se pudo probar por ahora? El equipo de Morin constató dos decretos secretos y tres decisiones administrativas por los cuales se transfirieron fondos del Ministerio de Justicia de Granillo a la SIDE. En dos casos el traspaso fue directo, en los otros primero el dinero pasó por la jefatura de Gabinete, que lo licuaba en la Tesorería nacional, para luego mandarlo a la central de espías. La cifra detectada coincide con la señalada por Martínez Medina. Pero la trama seguía: la OA muestra indicios de que “el entonces subsecretario de coordinación de Justicia, José Domingo Coronel, era el encargado de retirar los fondos de la SIDE para el entonces ministro”. Hay registro, advierte, de que Coronel entró ocho veces a ver al ex subsecretario de inteligencia (pariente de Granillo) y al director de finanzas.
Para la OA el delito en juego es peculado (sustraer caudales públicos), que por tener una pena máxima de diez años de prisión puede no ser excarcelable. Los ex funcionarios más comprometidos sólo en el caso Justicia serían Granillo, Coronel, los funcionarios intervinientes de la SIDE y el ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez. La presentación incluye un cuadro que muestra que hasta fines de 2003 hubo 49 decretos y resoluciones confidenciales por los que la SIDE recibió partidas extrapresupuestarias de otros organismos. El carácter secreto de esas decisiones, señala la OA, es lo que impide conocer qué reparticiones mandaron dinero, cuánto y qué pudo pasar después. Sostiene que todo hace pensar en una práctica habitual por la cual las asignaciones de fondos comunes de distintos ministerios eran transformadas en gastos reservados, que se podían retirar en efectivo y sin fiscalización. “Es difícil pensar que esos fondos se hayan manejado sin irregularidades”, advierte Morin.
Los gastos reservados están previstos sólo para tareas de defensa y seguridad. La OA recuerda que en los noventa se intentó que todos los ministerios y hasta la Corte Suprema los recibieran, pero el Congreso frenó la iniciativa. Y aun así, reseña la pesquisa, recibieron partidas secretas la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción, el Ministerio de Economía y el de Interior. Agrega datos de un peritaje del contador Alfredo Popritkin –de la causa de Canicoba– que dice que el ex titular de Interior Carlos Corach, igual que el ex canciller Guido Di Tella, retiraban “en persona” los fondos secretos.
La denuncia reclama una investigación profunda del desvío de fondos. Pide incluso que el Gobierno desclasifique y levante el secreto sobre todas las disposiciones que facilitaron esas maniobras y las publique en el Boletín Oficial y que haga lo mismo con el contenido de las leyes secretas “atinentes a la administración de los organismos de inteligencia y los gastos reservados”, a las que califica como “incompatibles con el sistema republicano”. También exige que el Ejecutivo envíe al Congreso proyectos para que éste tenga “de manera indelegable” la facultad de asignar gastos reservados y que una reforma legal refuerce su control.