“División Planta verificadora. Superintendencia de investigaciones. Policía Federal” se anuncia en la esquina de Ramón Falcón y Olivera. Un mástil con una bandera argentina y una fuente de yeso adornada con un angelito se destacan en un espacio pequeño con césped que hay en la entrada. Desde la vereda se ven los galpones de techo de chapa en donde están estacionados autos de diferente antigüedad y tamaño. Hace veintisiete años ese predio albergó a centenares de desaparecidos. Los represores que operaban en el lugar lo bautizaron El Olimpo, en alusión a “la residencia de los dioses”. Los vecinos del barrio aspiran a que el sitio sea recuperado como un espacio de Memoria, tal como lo anunció el Gobierno en marzo pasado. Con ese objetivo realizaron ayer un abrazo al ex centro clandestino de detención. “Hay voluntad política para hacerlo, pero todavía no están definidos los plazos”, aseguró a Página/12 un funcionario del Ministerio de Justicia.
En el paredón que ocupa toda la cuadra sobre Olivera un cartel advierte que “el personal de empresas de grabados de cristales no está autorizado a gestionar ni agilizar” el trámite de verificación de vehículos. Justo abajo, en aerosol rojo, se lee: “Fuera la yuta”.
Vecinos por la Memoria, una agrupación que desde años plantea que el predio se convierta en un espacio de memoria y de utilidad para el barrio, protagonizó ayer un abrazo al lugar. “Queremos sacar a la policía, para ellos esto es un monumento. Proponemos hacer una auditoría para conocer si hay cosas que puedan servir como prueba para los juicios y después que se reconstruya lo que fue específicamente el campo y que se destine el espacio de la planta verificadora a un centro de documentación o cultural, que sea abierto y con control público”, señaló a Página/12 Gabriel Matheu. Hace dos semanas la misma agrupación entregó –junto con organismos de derechos humanos– una carta dirigida al presidente Néstor Kirchner en la que reclamaban el desalojo de la policía. El tema también fue mencionado en un encuentro que Kirchner mantuvo hace un mes con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “¿Cómo, eso todavía no está resuelto?”, se sorprendió el Presidente y miró a sus colaboradores. “Después de eso se dio una orden a (el jefe de la Policía Federal Néstor) Valleca para que se ocupara del tema”, aseguró una de las personas presentes en esa reunión.
Por ahora la policía sigue ahí. La Secretaría de Derechos Humanos ya designó a una persona para que se ocupe de los diferentes proyectos que se generaron en torno de El Olimpo, donde en 1978 Julio Simón (alias El Turco Julián) y Juan Antonio del Cerro, conocido como Colores, eran algunas de las caras visibles. En ese centro clandestino, que dirigía el coronel Enrique Carlos Ferro, operaban tres grupos de tareas en los que convivían miembros del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario. Esa cohabitación provocó que muchas veces se desataran peleas feroces por el botín de guerra que traían de las casas de las víctimas.
“Estamos trabajando con testimonios de sobrevivientes y haciendo un relevamiento del edificio, con la referencia del archivo de la Conadep. El Olimpo tiene características especiales. Hubo una participación activa de los vecinos que están trabajando en el tema. Hay caminos recorridos que no se van a dejar de lado y se va a sumar a los organismos de derechos humanos”, señaló a este diario Isabel Fernández Blanco, encargada de la Secretaría de Derechos Humanos y sobreviviente de ese centro clandestino.
Además de los Vecinos por la Memoria está trabajando sobre el lugar el grupo GAO (Gestión Asociada del Oeste). Ellos impulsaron la ley con la que en 2003 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declaró sitio histórico al campo. “Nosotros no queremos discutir el contenido de lo que va a haber ahí sino el cómo vamos a lograr el traspaso. No tenemos un proyecto sino que queremos que nazca del consenso”, aseguran María Nocita, Daniela Bruno y Brenda Rodríguez de GAO. Este grupo quiere que, además, se incluya como parte de la historia de El Olimpo los usos que tuvo antes de alojar a prisioneros de la última dictadura. El predio fue utilizado como terminal de líneas de tranvías y luego de colectivos. Como Vecinos por la Memoria, el GAO aspira a cambiar de sitio la planta verificadora y recuperar el sitio.