El camarista federal de La Plata e integrante del jurado de enjuiciamiento, Sergio Dugo, tuvo en los últimos años un crecimiento patrimonial inexplicable con sus ingresos oficiales. La Asociación de Abogados de Buenos Aires solicitó el juicio político de Dugo como protector del juzgado paralelo organizado en La Plata para saltar el corralito financiero, causa que fue impulsada por el consejero Beinusz
Szmukler. Por la misma razón, Szmukler respalda el enjuiciamiento del titular de ese juzgado paralelo, Julio César Miralles, cuya prosperidad no es menos asombrosa que la de Dugo. Miralles enfrenta además otras tres solicitudes de juicio político. Los casos de Dugo y Miralles son la punta de una madeja de corrupción con epicentro en La Plata y ramificaciones en otros juzgados federales del Gran Buenos Aires.
Dulce hogar
Dugo posee una casa de dos pisos y 400 metros cuadrados en el Club de Campo Abril, en Berazategui, y un piso de 350 metros en Palermo, a dos cuadras del Jardín Botánico, además de una camioneta Toyota con tracción en las cuatro ruedas y otros vehículos. El valor de tales propiedades ronda el millón de dólares, lo cual no es congruente con su salario, de 6300 pesos mensuales. Peor aún, sólo percibe de bolsillo 4396 pesos cada 30 días, ya que se le debitan en forma automática 1922,14 pesos para pagar las cuotas de una deuda con el porteño Banco Ciudad. Se trata de un crédito personal de 60.000 pesos, contraído en setiembre de 2001, del cual le restan pagar doce cuotas y que, obviamente, no explica más que una ínfima parte de sus bienes. Dugo ingresó a la justicia como auxiliar en 1981 y nunca desarrolló actividades privadas que expliquen su nivel de vida. Hizo casi toda su carrera en la Corte Suprema de Justicia, donde fue oficial superior, prosecretario administrativo, prosecretario y secretario letrado. Sólo por un año dejó el alto tribunal, para actuar como prosecretario adscripto en un juzgado civil. Su designación como camarista en La Plata, en 1994, fue impulsada por el ministro de la Corte con quien Dugo trabajaba, como parte del intercambio de favores que ese juez, Carlos Fayt, estableció con la mayoría automática menemista. Como letrado de Fayt, Dugo redactó el fallo que en la Navidad de 1990 convalidó la facultad del Poder Ejecutivo de sortear al Congreso y legislar mediante decretos de necesidad y urgencia.
Más gastos que ingresos
Sin contar con la inversión inicial, los gastos mensuales de las dos casas, entre expensas, impuestos y servicios, y la cuota de los tres hijos de Dugo en uno de los colegios privados más exclusivos del país superan el monto que cobra como camarista. El buen pasar de Dugo no obedece a una herencia, ya que sus padres aún viven. Como el comisario Juan José Ribelli, Dugo tiene la suerte de ser hijo de un empleado de los ferrocarriles, posición cotizada si las hay. Su madre atendía un taller de costura, aunque ahora sacrificó los ingresos de esa privilegiada ocupación con tal de estar cerca de su amoroso hijo, quien le consiguió un empleo como oficial mayor en la vocalía que aún ocupa en la Cámara Federal platense, aunque su designación fue hecha por la Cámara Nacional Electoral, el organismo que vela por la transparencia de los procedimientos por los cuales se eligen a los representantes del pueblo en los otros dos poderes.
Los recursos tampoco provienen de un matrimonio afortunado. Su exposa, Patricia Elisa Cusmanich, es jueza del tribunal oral 28 en lo criminal de la Capital. Nacida en el Dock Sur, es hija de un oficial de la Marina Mercante. La separación de esta mujer de estrictos principios coincide con el despegue económico de Dugo. La pareja vivía en un típico departamento de clase media en Bulnes y Santa Fe. Luego se mudaron a un piso en Armenia 2321, a dos cuadras de Santa Fe. Tiene 350 metros cuadrados, con living comedor, cocina comedor, tres dormitorios, dos baños, lavadero, baulera, cochera y una pileta de natación de uso común en la planta baja. En la misma cuadra está la inmobiliaria Rissi, que estimó en 1200 dólares el metro cuadrado el valor de la propiedad de Dugo en la que luego de la separación siguió viviendo Cusmanich.
Las elites
Luego Dugo hizo construir la casa en el country, donde vive desde hace dos años. Abril es un barrio cerrado sobre la ruta 2, en Berazategui, cuya ubicación permite llegar en 15 minutos a La Plata y en 20 a la Capital y tiene salida directa a la ruta que conduce a los balnearios atlánticos. En sus 312 hectáreas, divididas en veinte barrios y 1390 lotes, moran luminarias del fútbol, como Martín Palermo, y de la política, como la vicegobernadora Graciela Giannettasio y el secretario general de la gobernación y cuñadísimo del gobernador, José María González Fernández. Los terrenos formaban parte del parque Pereyra Iraola. Pese a que la legislación no lo permite, dentro del country funciona el colegio trilingüe Southern, además de canchas de fútbol y golf, gimnasio, club hípico, escuela deportiva y un club house. Sin embargo, Dugo ha elegido para sus hijos un instituto más tradicional: el Saint George’s College de Quilmes, creado a fines del siglo XIX por un sacerdote inglés y destino apetecido por quienes aspiran a integrar la elite del poder aborigen. Posee un campus arbolado de 27 hectáreas, donde hijos de familias locales traban relación con los retoños de empresarios extranjeros y comienzan a escribirse historias de prodigioso ascenso social.
La valuación fiscal de la residencia de Dugo es de 486.000 pesos, pero los operadores inmobiliarios de la zona estiman una suma tres veces mayor. La vivienda, en la calle Cisne 20 del country, corresponde a la partida 120103882-7 de la Dirección de Rentas de la provincia de Buenos Aires. Según la dirección provincial de catastro territorial Dugo declaró una superficie edificada de 404 metros cuadrados. A razón de 1300 dólares por metro, su valor real supera el medio millón de dólares. Dugo recibe las boletas de impuestos en otra propiedad del mismo distrito, sobre la ruta 14, número 2102. En ese edificio de dos plantas, a nombre de Juan Carlos Dugo, la superficie se divide entre una vivienda familiar y un negocio de barrio.
Juzgado paralelo
La denuncia de la Asociación de Abogados citó las notas publicadas en este diario acerca de los actos de violencia de Dugo en contra de sus colegas Román Frondizi (sobrino del ex presidente) y Leopoldo Schiffrin, con el propósito de paralizar el sumario administrativo en el que se investiga el funcionamiento del juzgado paralelo del doctor Miralles. Frondizi y Schiffrin no son amigos y sus visiones del mundo no suelen coincidir. Pero ambos se reconocen como personas honradas incapaces de consentir en silencio indecencias como las que carcomen al fuero federal platense.
El sumario al juzgado paralelo se inició por la denuncia de tres abogadas, cuyos clientes les informaron que les revocaban el mandato ya que si cambiaban de letrado obtendrían un rápido amparo por el corralito. Designado sumariante, Frondizi tomó declaración a una empleada del tribunal quien dijo que cuando terminaba el horario judicial, acudían abogados relacionados con el juez y con varios funcionarios de su confianza. Esos abogados no pasaban por mesa de entradas para hacer sus trámites, sino que concurrían por la tarde. Con la complicidad del juez, de un secretario y de varios empleados, obtenían sentencias favorables en tiempo record. Causas similares, por montos menores y ajenas a la organización, se demoraban en forma indefinida. Frondizi secuestró el libro de guardia del edificio, en el que consta una desproporcionada cantidad de visitantes fuera de horario, sin parangón en los demás juzgados platenses, incluso el del ex juez Ricardo Ferrer Balbín, quien renunció antes de la apertura del juicio político, una vez que fue filmado en el momento de discutir los valores de una coima para dictar un fallo. Frondizi también solicitó el entrecruzamiento de llamadas entre el juzgado de Miralles y los abogados parte de la maniobra y verificó un número sorprendente de comunicaciones, entre ellas muchas con el ex ministro duhaldista Alberto Piotti. Dugo (y el también camarista Ramón Alberto Durán) dispusieron que en el sumario no se tuviera en cuenta ese registro de llamadas aduciendo que violaba garantías individuales a la privacidad, pese a que sabía que no se trataba de escuchas sobre el contenido de las comunicaciones. Pero toda esa información fue incorporada a la causa penal que instruye el juez federal Arnaldo Corazza. Otro sumario, a cargo del camarista Antonio Pacilio, descubrió que en la oficina de asignación de causas se derivaban en forma ilícita hacia el juzgado de Miralles causas de alto valor económico que interesaban a los abogados comprometidos.
Sobre ruedas
Miralles también ha protagonizado desde su nombramiento una evolución patrimonial que más quisieran muchos profesionales dedicados a la actividad privada y que provoca incluso la envidia de algunos de sus propios familiares. Cuando asumió sólo poseía una casa, gravada por una hipoteca de 180.000 dólares, y un automóvil rasposo. Levantó la hipoteca, compró la propiedad contigua, en la Plaza Paso, uno de los sitios residenciales más cotizados de la capital bonaerense, y les realizó una amplia y costosa refacción. Más adelante adquirió un campo en Ayacucho y en el verano pasado organizó una ostentosa fiesta para 250 invitados por el cumpleaños de su esposa, en la casa de Pinamar propiedad de su padre, Ramón Miralles. El auto viejo fue descartado y en su lugar Miralles se desplaza en una camioneta con tracción en las cuatro ruedas. Posee además otros automotores. El juez suele justificar su progreso económico en donaciones de su padre, quien fue ministro de Economía del gobierno de Victorio Calabró y torturado luego del golpe militar de 1976 por el entonces jefe de policía Ramón Camps, quien fue condenado por ese caso. La explicación suscita sonrisas. El juez tiene ya varias solicitudes de juicio político que esperan definición del Consejo de la Magistratura, en causas consistentes con su evolución patrimonial:
u Prohibió al gobierno bonaerense clausurar o sancionar a las agencias hípicas que explotaban máquinas tragamonedas en infracción a la norma que sólo permite esa actividad a los bingos y casinos, que por ello deben pagar un canon. La Cámara Federal revocó la decisión y denunció a Miralles ante el Consejo de la Magistratura.
u También ordenó a los gobiernos de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permitieran la instalación de tragamonedas en la Capital. Invocó para ello un decreto firmado por Carlos Menem, pese a que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal lo había declarado nulo. A raíz de esta intervención de un juez bonaerense en una jurisdicción ajena a su competencia, se formó una causa penal, a cargo de Corazza, quien lo llamó a declaración indagatoria. El ex ministro de la Corte Suprema Mariano Cavagna Martínez le pidió a Frondizi que se interesara por la suerte de Miralles. Frondizi comunicó el llamado a sus colegas de sala. Dugo visitó a Corazza, quien le respondió que como juez de la causa no necesitaba consejos. “Te va a costar caro”, replicó Dugo. Advertido por Dugo, Miralles recusó a Corazza. Sigue la causa el juez Adolfo Ziulu, titular del juzgado federal 2 de La Plata. La justicia contravencional de la Ciudad, al ordenar el arresto de directivos del Bingo Congreso, sostuvo que las denuncias habían sido presentadas por empleados de los bingos en el juzgado de Miralles, hasta el que fueron conducidos en buses fletados al efecto, porque allí les habían asegurado un fallo favorable.
u Otro expediente fue formado en el Consejo de la Magistratura a raíz de la decisión de Miralles de imponer descomunales cargas financieras al Estado Nacional (los llamados astreintes) en una causa contra los ex Ferrocarriles públicos.
Ñoquis para cinco
El 9 de septiembre, Frondizi y Schiffrin denunciaron a Dugo ante el Fiscal General de la Cámara Federal de La Plata, Julio Piaggio, por el empleo en la vocalía de Dugo de los prosecretarios letrado y administrativo del Jurado de Enjuiciamiento, Roberto Lemos Arias y Emilio Faggi. Dugo sería así cómplice en el delito de usurpación de títulos y honores, contemplado en el artículo 246, inciso 3 del Código Penal. El fiscal Oscar Gutiérrez Eguía y el juez Corazza preguntaron al Jurado de Enjuiciamiento y a la Cámara Federal de La Plata cuál era la situación laboral de Lemos y Faggi. El presidente del Jurado, Augusto Belluscio, abrió un sumario por la crónica ausencia de ambos funcionarios y de otros, designados por el juez Horacio Billoch Caride y por los miembros políticos del Jurado, los legisladores Jorge Agundez (UCR), Manuel Baladrón y Sergio Gallia (justicialistas). Todos los ñoquis fueron convocados a presentarse, pero resultaron inhallables. Belluscio (quien no designó un solo empleado en el Jurado) los notificó por cédula y tampoco comparecieron.
En su lugar, Dugo, Billoch Caride y los tres políticos avalaron por escrito la conducta de los funcionarios y empleados ausentes y solicitaron el cierre del sumario, que ellos mismos decidieron, como jueces y parte, contra cuatro votos por seguir la investigación (los de Belluscio y los abogados Eduardo Roca, Guillermo Sagués y Enrique Basla). Sólo permaneció abierto el sumario sobre la vocalía de Dugo, debido a la causa penal iniciada. Los titulares de las comisiones de acusación y disciplina del Consejo de la Magistratura, los legisladores radicales Juan Minguez y Carlos Prades, decidieron remitirlo al Jurado de Enjuiciamiento, con el disparatado argumento de que ese organismo era el único juez de sus propios miembros, como si no estuviera en juego en el caso el desempeño de Dugo como juez. Sólo cuando la recuperación ética iniciada en la Corte Suprema llegue a los juzgados y las cámaras federales, a la Cámara de Casación y al Consejo de la Magistratura, podrá revertirse el proceso de degradación iniciado en 1989 con el copamiento del estratégico fuero federal, cuya cabeza suprema fue colonizada por una mayoría automática.