Era un día como cualquier otro. Augusto Belluscio, titular del Jurado que se encarga del juicio político a los jueces, decidió ir a pasar lista a los despachos de los secretarios y asesores del cuerpo. Las luces estaban apagadas, las puertas cerradas. Casi todo desierto. Y no porque hubiera huelga, sino porque parece que allí la costumbre es ir a trabajar de vez en cuando. El Consejo de la Magistratura, responsable de gestionar los recursos del Poder Judicial, analiza desde el jueves armar una comisión especial para investigar qué empleados son ñoquis. La realidad es que mientras el Jury no tiene procesos de remoción en trámite, como ocurrió en los últimos tres meses, nadie tiene tareas por cumplir. El ruido de este escándalo llegó a oídos de Néstor Kirchner en plena visita a Nueva York. Los legisladores que lo acompañaban le propusieron dar una solución tajante desde el Congreso: aprobar una ley para disolver el organismo y convertirlo en transitorio.
El Jurado de Enjuiciamiento fue creado para llevar adelante los procesos de destitución de jueces que promueve el Consejo de la Magistratura. Ambos organismos nacieron en 1998 y tienen una estructura permanente. Pero hay una diferencia básica: mientras el Consejo está en actividad todo el tiempo –también selecciona a los nuevos magistrados y administra el dinero de la Justicia–, el Jury sólo entra en acción cuando hay un juicio político, pero su abultado staff cobra sueldo todos los meses.
Un informe presentado a fin de junio por el consejero Beinusz Szmukler advertía que, con un plantel de 54 personas, el jurado hace 1,33 juicio por año. En sus cinco años y tres meses de labor, llevó a cabo siete enjuiciamientos. El documento incluía una comparación impactante: cada tribunal oral federal porteño, integrado por 11 funcionarios, tramita entre 500 y 600 causas anualmente.
Recién a partir de esta semana, el Jurado tendrá un nuevo expediente para trabajar: el jueves el Consejo suspendió y pidió la remoción del juez Rodolfo Herrera, acusado de favorecer a una empresa en el proceso de quiebra del club Ferrocarril Oeste. El próximo caso en la lista, que expondrá al Jury quizá más que nunca, sería el de Juan José Galeano, por las irregularidades en la causa AMIA.
Cualquier modificación estructural del Jury requiere una ley del Congreso. Uno de los pocos proyectos presentados para darle carácter ad hoc, de manera tal que sólo funcione cuando hay un juicio político en marcha, fue elaborado por Gustavo Beliz. La idea nunca despertó demasiado entusiasmo en el ámbito parlamentario, y menos después de la expulsión del ex ministro de Justicia. Pero ante la avanzada de algunos miembros del Consejo de la Magistratura, que pusieron el problema en evidencia, los presidentes de los bloques justicialistas de ambas cámaras decidieron activar aquella iniciativa. José María Díaz Bancalari y Miguel Pichetto se lo plantearon a Kirchner en Estados Unidos. Jorge Yoma y los radicales Mario Losada y Horacio Pernasetti también participaron de las conversaciones. El Presidente aceptó que se impulsen los cambios, según afirmaron a Página/12 testigos de la reunión.
Retruco en patota
A Belluscio, como vicepresidente de la Corte Suprema, le toca dirigir el tribunal de enjuiciamiento, que funciona en el tercer piso de Libertad 731. Cuando encontró que allí no había un alma, abrió un sumario y citó al personal ausente para que diera explicaciones. Pero, otra vez, nadie concurrió. Los miembros del Jurado que vieron más comprometida su situación, le mandaron una nota aclarándole que ellos mismos, “asumiendo la responsabilidad de la decisión”, les habían ordenado a sus empleadosque no fueran a verlo. El texto agregaba que había “cuestiones más importantes” que atender. Lo firmaban los camaristas Sergio Dugo y Horacio Billoch Caride, los senadores Jorge Agundez (UCR) y Sergio Gallia (PJ) y el diputado Manuel Baladrón (PJ). El martes último, el mismo grupo redobló el espíritu de cuerpo y le advirtió a Belluscio que no tiene facultades para sumariar. Por cinco votos contra cuatro anularon el expediente interno. La minoría la integraron, además del presidente del órgano, los representantes abogados Guillermo Sagués, Enrique Basla y Eduardo Roca.
Parte de la bronca dirigida a Belluscio se debe a que en el último mes promovió la reducción de la planta, lo que rompe con la línea de su antecesor, el supremo destituido Eduardo Moliné O’Connor. Lo hizo mediante la reasignación (sin despedir a nadie) de 19 colaboradores a otras áreas de la Justicia, algo que algunos de sus colegas terminaron aceptando a regañadientes. Y aun así, la falta de predisposición de la mayoría del cuerpo para revisar su funcionamiento sigue a la orden del día. En este escenario, la discusión del tema empezó a levantar temperatura dentro del Consejo de la Magistratura que, como administrador del presupuesto judicial, paga todos los sueldos de tribunales, menos los de la Corte.
El informe de Szmukler revela que el Poder Judicial le destina al personal del Jurado, con honorarios de unos 2100 pesos, un total de 1,5 millón de pesos al año.
La advertencia
Según un reporte que acaba de recibir el Consejo, la situación actual en el tribunal de enjuiciamiento –con el achicamiento reciente incluido– indica que Dugo, Agundez y Gallia siguen siendo los vocales que más secretarios tienen: cinco cada uno. El primero de ellos carga con un pedido de juicio político en trámite en la Comisión de Acusación por este y otros motivos (ver aparte). Billoch Caride tiene tres asistentes y los abogados tienen uno cada uno. Belluscio no designó a ninguno. En la planta permanente quedan cinco funcionarios y, además, hay seis ordenanzas.
“El problema, más allá de la cantidad de cargos, es que la gente designada no trabaje. Eso es lo irregular”, plantea Szmukler, representante de los abogados en el Consejo. “Cada miembro del Jurado firma a fin de mes las certificaciones de que su equipo cumplió con sus tareas, lo que nunca sabemos es qué servicios prestó”, agrega. Otro consejero-abogado, Eduardo Orio, dice: “La situación es insostenible y más aún en un momento de crisis en el Poder Judicial, donde tenemos tribunales colapsados. Es desmedido que haya vocales del Jurado, básicamente los políticos y los jueces, que tengan hasta cinco o seis asesores”.
Un grupo de consejeros de la Magistratura estudia dos caminos a su alcance. Por un lado, formar una comisión investigadora para determinar en detalle qué empleados cumplen con su trabajo y quiénes no. Además, podrían intimar al Jury para que recorte sus gastos. Para tratar este asunto convocaron a un plenario extraordinario el 7 de octubre. Tampoco será tan fácil llegar a un acuerdo en el Consejo. Algunos de sus miembros legisladores, sobre todo un sector donde llevan la voz cantante la menemista Lelia Chaya y el ruckaufista Jorge Casanovas, son reticentes a cualquier cambio. Otros, como Pichetto y Yoma, prefieren que las transformaciones se hagan desde el Congreso, para evitar una confrontación directa, en soledad, con sus pares parlamentarios del Jury.
El proyecto de ley que se discutió en Nueva York contempla dos fórmulas posibles para cambiar de permanente a transitorio el tribunal que enjuicia a los magistrados. Una opción es designar y renovar a sus integrantes una vez al año, pero sólo se reunirían cuando haya un proceso de remoción. La segunda alternativa es armar un jurado nuevo para cada causa. En ambos casos, la tarea sería ad honorem.