Una de las tareas más importantes de la democracia es hacer de la comunicación un bien público, porque mientras aceptemos como natural que hay una comunicación privada comercial que tiene mejores condiciones para desarrollarse, para sostenerse y crecer, y que éstas son distintas a las de quienes hacen comunicación desde el Estado o desde el sector privado no lucrativo, estaremos incurriendo en un grave error. La comunicación es, por definición, un bien público, y en ese sentido todos los medios son públicos. Lo público es aquello atinente a la dignidad de todos y todas los que conforman la sociedad. Es decir, de todos los ciudadanos. La comunicación es un derecho fundamental e irrenunciable, que no pasa exclusivamente por la tenencia de los medios pero que tiene que contemplar este capítulo, y que se apoya fundamentalmente en los criterios de acceso y participación en igualdad de oportunidades para ingresar en la agenda temática de la sociedad, en la producción de mensajes, en el intercambio de ideas, en el debate.
Por todo lo anterior resulta sumamente saludable la iniciativa de 21 puntos difundida el pasado 27 de agosto –coincidiendo con la celebración del Día de la Radio– por un destacado grupo de organizaciones y personalidades de la comunicación y la cultura a favor de una pronta sanción de una nueva ley de radiodifusión. El marco legal vigente no sólo tiene la pesada carga de haber sido elaborado por la dictadura de Jorge Rafael Videla, sino que es absolutamente anacrónico en función de los progresos sociales, ciudadanos y tecnológicos ocurridos en casi tres décadas. No resulta admisible que, en plena democracia, continúen rigiendo normas que consagran la exclusión de importantes sectores a la radiodifusión por el hecho de no ser “sociedades comerciales”. Máxime cuando se advierte que las reformas hechas al texto original sólo han servido para satisfacer la voracidad de los grupos económicos concentrados que controlan mayoritariamente la comunicación en el país. La democracia, su desarrollo y consolidación, necesita de la comunicación. Y esta democracia que intenta renovarse requiere de una comunicación pluralista en todos los sentidos, que reconozca la diversidad de formas, de perspectivas, de estéticas, de posiciones políticas e ideológicas. Todo ello para que lo público no siga privatizado. Para que el derecho a la comunicación no sea un derecho de unos pocos se necesita de manera urgente una nueva ley de radiodifusión. Y ese tiene que ser un compromiso de todos los sectores ciudadanos con sentido democrático.