La prórroga dispuesta ayer para la intervención en Santiago del Estero por parte del presidente Néstor Kirchner no significa, a pesar de algunas versiones, el reemplazo de Pablo Lanusse como interventor. Lanusse sigue. Pero la segunda etapa de seis meses convierte a su mandato en una cuenta regresiva al final de la cual se podrán medir dos cosas. Una, si es posible comenzar a desmontar el poder de Carlos Juárez. La segunda, aún más importante, es si un año de intervención basta para limitar la concentración económica en manos del poderoso empresario Néstor Carlos Ick.
El decreto de Kirchner es escueto. La razón para prolongar la intervención, dice, es que ésta se encuentra en pleno desarrollo.
Página/12 pudo saber que el Presidente tomó la decisión antes de viajar a Nueva York, el sábado 28.
Se trata, en rigor, de una facultad del Poder Ejecutivo. Cuando el Congreso dispuso la intervención, hace seis meses, incluyó la posibilidad de una renovación. El problema, o el eventual problema, es que previó una sola prórroga automática. Si el Presidente quisiera prolongar la intervención más allá de marzo del 2005 debería recurrir nuevamente al Congreso para votarla.
Hasta ahora no hay indicios de que ése sea el plan oficial, aunque nadie dice tampoco lo contrario. Lanusse, por ejemplo, fue cauto cuando le preguntaron por la fecha de las elecciones para gobernador. “Los plazos los vamos a establecer en un tiempo razonable, para que los partidos tengan su vida democrática interna y puedan elaborar sus plataformas y presentar sus candidatos a la sociedad”, dijo ayer.
La pregunta es si de acá a marzo los negociadores del gobierno nacional alcanzan a armar una alternativa real al juarizmo. Juárez ya anunció que ni él ni su mujer se presentarán para una candidatura. La alternativa falsa sería montar un juarizmo sin Juárez, basado en el poder económico de Ick y su capacidad de influir sobre la Justicia federal y la estructura del justicialismo santiagueño. Ick, un empresario moderno en medio de una estructura políticamente arcaica como la de Juárez, tendría capacidad para transformarse en un empresario moderno que influye sobre una política solo en apariencia más moderna. Para eso ya tendió puentes con Eduardo Duhalde y, más en sordina, con su amigo el ex ministro del Interior de Carlos Menem, José Luis Manzano.
Por eso es que la intervención juega contrarreloj.
Por un lado, el gobierno nacional apuesta al fortalecimiento de la alternativa política que acaba de formarse con dirigentes no cercanos a Ick, como el presidente del Colegio de Escribanos Gustavo Yocca, vinculado al obispo Juan Carlos Maccarone y la liga de 16 intendentes, 14 peronistas y dos radicales, dispuestos a oponerse al poder permanente de Santiago.
Al no haber elección para constituyentes, la legitimación de los candidatos no tendrá escalas. Se jugará directamente en las elecciones para gobernador. El punto débil, la ley de lemas y el régimen electoral que otorga al ganador las dos terceras partes de los cargos. Según pudo establecer este diario, el equipo de la intervención empezó a trabajar en una salida legal pactada que, sin cambiar la Constitución, dé validez a una modificación en el sistema de elecciones.
Por otro lado, Lanusse necesita disolver o atenuar el poder de Ick. Es una cuestión de darle sentido a la intervención. Si Ick sigue siendo el megaempresario de Santiago, impedirá que crezca cualquier alternativa no controlada por él. Y la intervención dispuesta por Kirchner habrá fracasado.
La carta para el segundo paso es la reciente presentación de la Oficina Anticorrupción de Santiago del Estero, a cargo de Hernán Sosa, denunciando por asociación ilícita a Ick y Juárez y pidiendo la imputación de 65 personas. Afortunadamente los delitos no son federales, de manera que quedan fuera de la órbita del juez Angel de Jesús Toledo, de buena relación con el imperio Ick.
En las 180 carillas de la demanda está la explicación del carácter moderno de la acumulación de poder económico por parte del megaempresario. El patrón de conducta era siempre el mismo en seguros y en juego, en hotelería y en finanzas. El Poder Ejecutivo contrataba en forma directa. Después prorrogaba el contrato o ampliaba sus alcances. Y el beneficiario extendía así su radio de acción. Un ejemplo fue el juego: la concesión del casino terminó siendo la concesión, también, de las maquinitas tragamonedas. Otro ejemplo de relación permeable entre el Ejecutivo e Ick fue el reclamo del segundo, resuelto fácilmente por el primero, de que un contrato de 450 mil pesos fuese entendido automáticamente como un contrato de 450 mil dólares después de la devaluación. Juárez aceptó ese criterio –el sueño de cualquier proveedor o concesionario del Estado– por decreto.