Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Legisladores juecistas presentaron ante el fiscal Anticorrupción de la provincia, Hugo Amayusco, un pedido de investigación penal contra el gobierno de José Manuel de la Sota, por supuesta “malversación de caudales públicos”, ocurrida en mayo del 2002. Acusan al actual ministro de Finanzas, a otros funcionarios y al propio jefe de Estado cordobés de desviar fondos provenientes de créditos del exterior a una cuenta de la provincia, que no habrían regresado al organismo encargado de manejar ese dinero, según el resumen de cuenta mensual del Banco de Córdoba. “Es la primera presentación penal contra el gobernador desde que asumió, y sería la punta del iceberg de otros hechos delictivos cometidos por esta gestión”, dijo a Página/12 Ricardo Fonseca, uno de los ediles del intendente Juez.
El gobierno contestó en un comunicado que “no hay faltante de fondos y todos los gastos están auditados por los organismos constitucionales y por los organismos que otorgaron los préstamos”.
“Ahora el fiscal Anticorrupción va a tener que demostrar que no forma parte de la servilleta de De la Sota”, disparó el legislador juecista Ricardo Fonseca, uno de los que presentaron ante Amayusco el pedido de investigación penal contra el gobernador De la Sota, su actual ministro de Economía y Finanzas, Mario Elettore (por entonces secretario del vicegobernador Juan Schiaretti), Horacio Miró y María Poplawsky, estos dos últimos funcionarios responsables de la Ocpif, el organismo que manejaba los fondos provenientes de créditos del exterior que fueron debitados el 16 de mayo en una cuenta corriente de la provincia y que según el resumen mensual de cuenta corriente del Banco de Córdoba, fechado el 31 de mayo, nunca habrían regresado.
Entre las pruebas aportadas ayer a la Justicia por los ediles del Partido Nuevo aparece una carta fechada el 13 de mayo del 2002 con cuatro puntos, firmada por Elettore, que autoriza el débito de 1.180.000 pesos de la cuenta 3189/1 a nombre de la Ocpif (unidad ejecutora de los créditos provenientes del exterior) a la cuenta corriente del gobierno de la provincia de libre disponibilidad. En el punto dos, el funcionario autoriza la operación opuesta, es decir, que se debite de la cuenta del gobierno 201/03 la misma suma de dinero a favor de la cuenta de la Ocpif. Igual operatoria se solicita en los puntos dos y tres de la carta, pero por un monto inferior, 49.200 pesos. “El dinero que tenía que recibir la Ocpif no es devuelto por el gobierno de De la Sota, según consta en el resumen de cuenta corriente del Banco de Córdoba del 31 de mayo, lo que demuestra que el encaje bancario solicitado por Elettore en la carta nunca se concretó. El artículo 260, capítulo 7 del Código Penal dice que esto es ‘malversación de caudales públicos’, por eso solicitamos el pedido de investigación y que citen a declarar a De la Sota, Elettore, Miró, Poplawsky, Schiaretti y otros funcionarios de la actual administración”, afirmó a este diario Fonseca, quien adelantó: “Habrá más presentaciones penales contra el actual gobierno provincial en la Justicia cordobesa”.
El gobierno provincial respondió en un comunicado que “todas las áreas gubernamentales están a disposición de la Justicia para esclarecer la investigación” y dijo que “no ha existido en esta administración ningún faltante de fondos. Todos los gastos están auditados por el Tribunal de Cuentas de la provincia, por los organismos internacionales de crédito que otorgaron los préstamos y enviados a la Legislatura en tiempo y forma”.