En una trama que combina aspectos políticos y judiciales, el fiscal de San Martín Edgardo Ledesma pidió la detención del intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino (PJ). Ledesma lo acusa de cometer los delitos de estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Es la segunda vez que la Justicia imputa a Cariglino por un presunto desvío de fondos y una serie de licitaciones a dedo a partir de un plan de pavimentación. Cariglino estuvo detenido por este tema en noviembre de 2003 y salió en libertad tras pagar una fianza de 500 mil pesos. La jueza Solange Cambet, del juzgado de Garantías Nº 4 de San Martín, tiene 30 días para resolver la solicitud.
Cariglino dice ser víctima de una “arremetida del poder del departamento judicial de San Martín contra el municipio de Malvinas Argentinas”.
El fiscal Ledesma pidió también que la causa pase a juicio oral y que se detenga al secretario de gobierno, David Harari, y a otras ocho personas que no fueron identificadas. La acusación se basa en episodios que sucedieron en 1998, cuando Cariglino proyectó un plan de pavimentación en el municipio. Con ese fin había pedido créditos al Banco Provincia por un monto de cinco millones de pesos. Las empresas que realizaron la obra denunciaron que el dinero que les correspondía había sido desviado por una cooperativa formada por empleados municipales. Uno de los denunciantes es el empresario Carlos Rombolá. Hace cuatro meses, Cariglino lo llamó “un extorsionador profesional” en una entrevista con Página/12.
Como entonces, el intendente sigue pensando que la acusación tiene motivaciones políticas. “Es lo mismo de siempre. Una arremetida del departamento judicial de San Martín contra el municipio de Malvinas Argentinas. La causa tiene ocho años. Yo ya estuve detenido trece días por este tema. La persecución nunca termina”, dijo ayer Cariglino a la agencia Télam. Según el intendente, el pedido de captura está relacionado con una denuncia contra el departamento judicial de San Martín que hizo el municipio. “No me siento seguro con esta gente, no tengo garantías con ellos. Ni yo ni los ciudadanos. Ledesma responde al mandato del fiscal general que hace 30 años que está acá”, aseguró Cariglino.
El intendente se refería a Luis Chichizola, el fiscal general del fuero de San Martín. El enfrentamiento entre Cariglino y los fiscales de ese departamento judicial no es nuevo. Y cobró mayor publicidad tras la detención de Cariglino y su traslado a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín. El intendente estuvo trece días preso en ese lugar. Salió en libertad tras pagar una fianza de medio millón de pesos. Según el jefe comunal, ese dinero lo pagaron “algunos amigos vecinos que pusieron su propiedad como garantía”. El choque entre Cariglino y los fiscales tuvo también un capítulo judicial, aunque en Quilmes. Allí se inició una causa para investigar si el fiscal Ledesma había cometido irregularidades en el caso Cariglino.
En ese expediente se intentó comprobar si se había adulterado el contenido de una computadora tomada como material de prueba. También se detuvo a dos de los testigos –luego excarcelados– que habían declarado contra el intendente por el plan de pavimentación. El cruce de acusaciones pareció tranquilizarse con la excarcelación del intendente a fines de noviembre del año pasado. Pero ahora vuelve a las primeras planas con el pedido de elevación a juicio oral firmado por Ledesma. Es un escrito de 200 fojas en el que se acusa al intendente de encabezar una asociación ilícita. Si la jueza Cambet aprueba el pedido del fiscal, Cariglino podría ir nuevamente a prisión. Hace unos meses, los intendentes duhaldistas habían intentado –sin éxito– aprobar una ley que les diera fueros especiales para evitar detenciones por eventuales hechos de corrupción.