Santiago del Estero elegirá a su nuevo gobernador el próximo 20 de febrero. Así lo decidió el presidente Néstor Kirchner luego de analizar el cronograma electoral que le acercó ayer el interventor Pablo Lanusse. De todos modos, la incógnita que rondaba en los pasillos de la Casa Rosada era si el tiempo que resta hasta marzo de 2005, cuando se le ponga la banda al nuevo mandatario, será suficiente para desplazar al juarismo –amén de los propios Carlos y Nina Juárez– del poder provincial.
La fecha de los comicios santiagueños se conoció luego de un encuentro que Lanusse mantuvo con Alberto Fernández en el despacho del jefe de Gabinete. Por la mañana el propio interventor había abordado el tema con Kirchner.
La alternativa de convocar a elecciones de gobernador a fines de febrero cuenta con el respaldo de casi todo el espectro político, con la excepción de los radicales. Las razones son de pura coyuntura política: gracias a que el peronismo está partido –hay una vertiente juarista y otra que se diferencia del ex gobernador–, los últimos sondeos ubican al candidato radical, Gerardo Zamora, con grandes chances de quedarse con el sillón que durante años calentaron los Juárez.
En el PJ creen poder revertir esa tendencia. Y por eso amenazaron con iniciar una acción judicial si prosperaba la idea de convocar a elecciones para diciembre, como se especuló en algún momento. Ahora Lanusse, a su regreso a la provincia, deberá vérselas con los radicales, quienes seguramente lo convertirán en blanco de sus críticas.
Para la intervención no había una resolución salomónica. Y desde su propia tropa defendieron la decisión hasta con argumentos climáticos.
“Es así, en enero, con 45 grados a la sombra nadie se banca organizar una elección”, exageró un hombre de Lanusse, como si el 20 de febrero descendiera abruptamente la temperatura.
El ex fiscal consideró que hacer la elección a fin de febrero permitirá el desarrollo de la vida interna de los partidos y la presentación formal de los candidatos. Haberla convocado antes hubiese quitado sentido a la decisión conocida el lunes de extender la intervención por seis meses más. O sea, hasta el último día de marzo.
“Si las elecciones hubiesen sido en diciembre y la entrega del poder en marzo se iba a producir una vacío de poder tremendo, ¿quién nos iba a dar bolilla durante esos tres meses? Nosotros dejábamos de existir”, razonaba en voz alta ante Página/12 uno de los ministros que acompañan a sol y sombra a Lanusse.
En la Casa Rosada no apoyarán al diputado José María Cantos, quien representa al justicialismo juarista. Pero no verían con malos ojos que la gobernación quedara en manos de Zamora, si es que se confirma lo que indican algunas encuestas. Consideran que la lectura mayoritaria, en este caso, será la del fin de la hegemonía institucional del juarismo.
De todos modos, saben que el “poder provincial” trasciende a los ex mandatarios Carlos Juárez y su esposa Mercedes “Nina” Aragonés, quienes cumplen arresto domiciliario y ya anunciaron que desistirán de participar de los comicios. Hoy su principal referente es el megaempresario Néstor Carlos Ick, con capacidad suficiente como para condicionar desde las sombras el gobierno local, sea cual fuere su color político.
Hay quienes creen que de acá a marzo será tiempo suficiente como para desmontar el poder de Ick, dueño de todos los negocios de Santiago del Estero. Otros no ven fácil esa tarea, sobre todo luego de saber que el entramado de sus relaciones incluye a Eduardo Duhalde y al ex ministro del Interior menemista José Luis Manzano.
No por nada en algún momento se especuló cerca de Kirchner con la idea de extender la intervención por seis meses más a partir de marzo, de tal forma de darle a Lanu- sse mayor margen y tiempo de actuación. Pero cuando el Congreso dispuso la intervención sólo previó una prórroga automática. Otra más obligaría a una nueva votación del Poder Legislativo. Por eso el Presidente tendrá que trabajar a contra reloj para lograr desactivar el poder juarista.