En la sala de audiencias del Consejo de la Magistratura todo indica que hoy habrá un sillón vacío. Será el que debía ocupar Juan José Galeano, que había sido citado a dar explicaciones por las irregularidades en la causa AMIA. Como corolario de una sucesión de chicanas judiciales y escritos destinados a dilatar su posible juicio político, el juez pidió ayer una prórroga de noventa días para hacer su descargo. La Comisión de Acusación se reunirá esta tarde, a la hora que estaba convocado el magistrado, para analizar la situación. Algunos consejeros quisieran no darle más tiempo y elevar ya un dictamen acusatorio. Pero lo más probable es que le concedan quince días y, si vuelve a faltar, entonces formularían los cargos y pedirían su suspensión ante el plenario.
Cuando recibieron el nuevo planteo de Galeano los consejeros no salían del asombro. “Pedir tres meses es un exceso”, exclamó el radical Juan Minguez, presidente de la Comisión de Acusación, que es la que deberá resolver hoy a las 17 la situación del juez. Una mayoría entre sus siete integrantes, según sondeó Página/12, estaría de acuerdo en concederle algunos días más para presentarse, pero no serían más de dos semanas. Como fecha tentativa para la segunda oportunidad hablan del 14 de octubre. Si entonces intenta más postergaciones, elevarían sin vueltas las imputaciones ante el plenario del Consejo y requerirían la suspensión.
En la comisión acusadora no faltan consejeros que se hartaron de las sucesivas presentaciones de Galeano y preferirían instrumentar una salida drástica: elevar de inmediato un dictamen acusatorio. Igual reconocen que es un camino arriesgado porque podrían ser acusados de privar a Su Señoría del derecho de defensa.
El martes Galeano recusó por tercera vez al abogado Beinusz Szmukler y a la diputada Marcela Rodríguez (ARI), los dos consejeros que elaboraron un informe preliminar que le atribuye una larga lista de maniobras que habrían estado destinadas a montar una historia ficticia sobre el atentado a la AMIA en lugar de investigar la verdad. El juez reclamaba prórroga hasta que se resolviera la impugnación. Pero menos de 24 horas después redobló su apuesta proclamando que necesita un plazo “no menor a noventa días” para prepararse y dar explicaciones, algo que también puede hacer por escrito.
El magistrado dice que le resulta imposible defenderse por no haber accedido hasta ahora “a ninguna de las imputaciones y/o críticas cuestionamientos que se me realizan”. Se queja porque, sostiene, no pudo ver nunca la causa en que lo investiga desde hace cuatro años su par Claudio Bonadío. Lo mismo señala sobre las actuaciones del Tribunal Oral 3, que al dictar sentencia le atribuyó varios posibles delitos como extorsión y privación ilegal de la libertad.
Después de que se conoció la resolución –cuyos fundamentos serán divulgados el 29 de octubre–, el Consejo puso el pie en el acelerador y fue entonces que citó a Galeano, con la intención de interrogarlo sobre el pago clandestino de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín, si no por el armado de legajos paralelos en la pesquisa del atentado (lo que restringió el acceso a la causa a algunas de las partes), la inducción o coacción a testigos, además de la pérdida o destrucción de pruebas como los famosos casetes con escuchas.
En este contexto, así logre “estirar” sus tiempos un poco más o un poco menos, la suerte del juez federal estaría echada e iría camino a la suspensión, como paso previo al juicio político.