La frase sonó a guerra: “Los vamos a buscar donde estén”. La pronunció el presidente Néstor Kirchner ayer a la tarde en la Casa Rosada y la escucharon los jefes de la Policía Federal, Néstor Vallecca; de la Gendarmería, Eduardo González, y de Prefectura, Carlos Fernández, responsables de las tres fuerzas federales que dependen del gobierno nacional. La orden de Kirchner hablaba de los secuestradores y marca un cambio en la política oficial sobre los raptos extorsivos. La decisión se suma a la puesta en tre paréntesis de un traspaso inmediato de la Federal a la ciudad de Buenos Aires.
Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández; el secretario de Seguridad, Alberto Iribarne; el subsecretario de Inteligencia, Francisco Larcher, y el número dos de la Procuración, Luis González Warcalde.
Según pudo reconstruir Página/12, no hubo debate sino instrucciones.
“Se terminó la actitud pasiva”, fue la orden. Un funcionario explicó que de ahora en adelante, una vez producido un secuestro, las fuerzas de seguridad no esperarán el final de la negociación entre la familia y los secuestradores.
“Los vamos a apretar”, dijeron sobre el nuevo criterio.
–¿Presionar sobre el terreno no es riesgoso? –preguntó este diario.
–No hacerlo también.
–Presionando puede pasar que los secuestradores maten a un secuestrado como sucedió en el caso de Axel Blumberg.
–Pero también puede suceder que lo larguen porque la presión es intolerable –fue la respuesta.
El complemento de la orden fue realizar rastrillajes amplios y movilizar la mayor cantidad posible de fuerzas federales para complementar a la bonaerense.
“No puede ser que en el mejor de los casos se llegue hasta tipos como el Hígado Muñoz y nunca más arriba, a los capos”, dijo uno de los participantes del encuentro con Kirchner. La suposición es que hacia arriba podría haber efectivos de la policía bonaerense y que el gobierno nacional sostiene que no dudará en imputarlos si están identificados.
Otro de los criterios adoptados fue que en casos como el de Moreno se buscará aplicar un cerrojo inmediato. “Si no hacemos eso, en poco tiempo los secuestradores se esfuman y se habrá perdido un tiempo muy valioso”, fue el razonamiento.
–¿Están de acuerdo con la idea del cerrojo inmediato? –preguntó Página/12 a un funcionario de la estructura bonaerense de seguridad que pidió reserva de su nombre.
–Claro, pero si estuviéramos en condiciones de hacerlo con facilidad ya seríamos una maravilla –dijo–. Moreno es un territorio abierto por los cuatro costados y atravesado por ocho rutas.
¿Hay una nueva etapa de choques entre el Gobierno nacional y el bonaerense por la seguridad?
Una consulta a los protagonistas en distintos niveles del Estado permitió establecer en estos días dos niveles distintos.
- A nivel operativo hay una diferencia de apreciación sobre si los bonaerenses actuaron bien o mal, con rapidez o demasiada lentitud, en el caso de Moreno. Hay dudas o críticas, según el caso, pero se refieren a los aspectos concretos de la actuación de las fuerzas de seguridad.
- En el plano político produjeron disgusto en el gobierno nacional las recientes declaraciones de Felipe Solá sobre la necesidad de pasar a la Justicia provincial las causas. “Pedimos la desfederalización del combate contra la droga”, dijo Solá a Clarín. “Que se ocupen los jueces y fiscales de la provincia en lugar de los federales.”
La crítica a Solá es que “puso un tema no instalado”.
–¿Ustedes critican que Solá haya subido la importancia del combate contra el narcotráfico?
–No. Estamos de acuerdo en que hay que reforzarlo, y hay que trabajar cada vez más fuerte, pero no hacía falta incorporar un tema nuevo, ni hacerlo cuando la Justicia de la provincia todavía no está en condiciones de absorber más cosas.