El Ministerio de Seguridad bonaerense separó de la policía provincial al jefe de la Departamental de San Isidro y a otros 36 efectivos, con lo que suman 827 los policías desplazados de la fuerza en los últimos cinco meses. “O no tuvieron un buen desempeño en la lucha contra el delito o estaban involucrados en causas penales por la presunta comisión de un delito”, dijo León Carlos Arslanian.
Aunque el ministro dijo que no necesariamente los desplazados tuvieran que ver con su denuncia penal sobre amenazas de muerte contra él mismo y miembros de su equipo, varios nombres son coincidentes con el anónimo que originó la presentación realizada el martes último.
Se trata del jefe de la Departamental de San Isidro, comisario mayor Rubén Horacio Cabrera; del comisario inspector Miguel Angel Provenzano y de los oficiales Fernando Vicente Lentini y José Eduardo Marinelli. Los cuatro policías fueron mencionados en una denuncia anónima recibida en la cartera de Seguridad de haber participado de una reunión para organizar un atentado contra Arslanian, el viceministro de Seguridad, Martín Arias Duval, y el camarista de San Isidro Fernando Maroto.
–¿Por qué hicieron la denuncia penal en lugar de remover directamente a los policías? –preguntó Página/12.
–Primero no dimos crédito al anónimo, a pesar de que tenía una extraordinaria cantidad de elementos –respondió un funcionario muy allegado a Arslanian–. Tenía nombres y precisiones de lugares y horarios. Luego pensamos que quizá pudieran producirse hechos graves. Entonces la protección fue, primero, divulgar la denuncia, y al mismo tiempo actuar. Como al mismo tiempo se produjeron dos secuestros, cuando había pasado tiempo sin que se hubiese realizado ninguno, vimos que se estaba enrareciendo el clima. Y además ya estábamos sobre San Isidro, contándoles las costillas a los miembros de la policía.
El comisario Héctor Iglesias, máxima autoridad operativa de los policías bonaerenses, dijo que estaba mal “darle entidad a un anónimo” y que era, textualmente, “una infantilidad creer en esto”. Otro de los que cuestionó el relato elevado anónimo elevado a la Justicia por el gobierno bonaerense fue el fiscal platense Marcelo Romero. “En mi fiscalía no se reciben denuncias anónimas”, afirmó.
“Tiene derecho a opinar”, dijo Arslanian sobre Iglesias. “No le voy a poner una mordaza ni lo voy a entrenar para que diga lo que digo yo. ¿Qué es? ¿Un loro? No quiero robots al lado mío.”
“Esa denuncia se hizo desde un teléfono público de una galería de la zona de Vicente López”, dijo Arslanian.
La presentación cayó en jurisdicción del fiscal Martín Mateo.
Maroto pidió a la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, “que si tiene interés de que está investigación gravísima termine como corresponda, releve al doctor Mateo porque éste ha favorecido al comisario Cabrera en una denuncia que yo le hice por haber falseado todo el procedimiento policial, ‘truchando’ secuestros que no eran tales”.
Colaboradores suyos dijeron a la agencia DyN que Mateo dijo no ser “amigo de nadie” en sus 18 años en el Poder Judicial.
“Nosotros no tenemos ningún elemento para pensar que ese fiscal no está en aptitud funcional o que tiene algún tipo de inhabilidad para poder a llevar adelante la investigación”, dijo Arslanian en conferencia de prensa.
Arslanian fundamentó el pase a retiro de Cabrera y del comisario inspector Carlos Szenasi y el pase a disponibilidad del comisario inspector Eduardo Díaz y el comisario Hilario Albarracín en que “tenían la obligación de controlar al personal y tomar medidas disciplinarias y represivas por hechos de corrupción o delitos y no lo hicieron”. “No aplicaron sanciones a pesar de que la Departamental San Isidro fue asolada por delitos graves, entre ellos secuestros extorsivos”, sostuvo.