Los represores presos por apropiarse de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar insisten en pedir su liberación. El general Cristino Nicolaides reclamó ahora que la Corte Suprema lo deje salir en libertad. En su pedido no se privó de criticar a jueces y políticos ni de citar la Convención Americana de Derechos Humanos. Las Abuelas de Plaza de Mayo se opusieron a su solicitud.
“La conducta de las autoridades judiciales, con más la conducta de las autoridades políticas serían en definitiva las responsables del plazo prolongado de detención que violan los derechos del detenido”, aseguró Nicolaides en un escrito presentado por su abogado, Alejandro Zeverin Escribano.
El último jefe del Ejército de la dictadura fue arrestado por el entonces juez Adolfo Bagnasco el 12 de enero de 1999 en la causa en la que se investiga el plan de robo de bebés. Luego de que se cumplieran tres años de prisión –domiciliaria– él y los otros militares detenidos por el mismo hecho, y ahora devaluados en su repercusión mediática, empezaron a pedir su excarcelación. Se amparaban en el Pacto de San José de Costa Rica, que permite que quienes estén presos durante ese tiempo sin condena firme pueden reclamar ser liberados hasta el juicio. Tanto el juez Rodolfo Canicoba Corral como la Cámara Federal se opusieron a concederles la excarcelación. Nicolaides es el primero que intenta que su pedido por este tema llegue a la Corte Suprema. Para lograrlo presentó un recurso extraordinario y ahora la Cámara debe decidir si se lo concede.
El represor quiere salir, pero además dejó en claro que no está dispuesto a pagar mucho dinero de fianza. Sigue cobrando más de dos mil pesos por su retiro, pero se definió su situación económica como “precaria” porque paga un crédito hipotecario.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, representadas por Ramón Torres Molina, se opusieron a que el escrito del represor llegue a la Corte. Especialmente expresaron que en el caso “Firmenich”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que el tiempo de detención debía ser “considerado de acuerdo con la complejidad de la causa”. Además, señalaron que el acusado debía hacer su pedido ante la Cámara de Casación y no ante el máximo tribunal.
En su pedido, Nicolaides atacó al juez que lo encerró. Le achacó “falta de diligencia e impericia” y mencionó que “renunció a su cargo –con proclamadas intenciones de iniciar la actividad política, fallida aparentemente hasta la fecha– dejando esta investigación a la deriva”. Pero también aseguró que la responsabilidad por la demora en el expediente es del “Consejo de la Magistratura, el Honorable Senado de la Nación y del propio presidente de la Nación” por el atraso en el nombramiento de nuevos jueces y por no ampliar el número de juzgados.