La Corte Suprema cederá el control de sus fondos, que pasarán a estar supervisados por la Auditoría General de la Nación (AGN). Hasta ahora ningún organismo externo fiscalizaba los gastos de los supremos, sino que su Administración General hacía números a puertas cerradas. Pero el titular del máximo tribunal, Enrique Petracchi, quiere dar señales de transparencia que diferencien su gestión y propuso el cambio de sistema. Hoy al mediodía se firmará un convenio especial en el Palacio de Justicia.
A diferencia del resto del Poder Judicial –cuyo dinero audita el Consejo de la Magistratura–, la Corte Suprema tiene presupuesto propio. Este año el tribunal tuvo asignados algo más de 100 millones de pesos. Según las reglas vigentes hasta el momento, esa suma está bajo custodia y distribución de un único despacho e incluso casi de una sola persona: el administrador general, Nicolás Reyes, un riojano que también vivió en Córdoba y que fue mano derecha del ex cortesano Julio Nazareno en tiempos de la mayoría automática, aunque supo adaptarse a la nueva etapa suprema.
La Corte comenzó a cambiar su vieja costumbre de no rendir cuentas en febrero último. Fue cuando firmó una acordada donde se comprometía a dejar constancia en su página web de las partidas recibidas, su ejecución mes a mes, además de las licitaciones y concursos de precios en marcha. Por lo pronto cumplió y las planillas se pueden consultar en pantalla. Petracchi completó la jugada, proponiéndoles a sus pares realizar un acuerdo con la AGN, encargada de verificar las cuentas del Estado desde afuera de su estructura. La idea logró consenso interno y la convocatoria al organismo se hizo de oficio.
En tribunales algunos funcionarios reclaman en voz baja que la Corte exhiba sus ingresos extrapresupuestarios y qué destino tienen. Se refieren a los derechos o tasas que se cobran por determinados trámites judiciales. “Presentar un recurso de queja, por ejemplo, cuesta 1000 pesos. Desconocemos qué pasa con esos montos”, comenta un consejero de la Magistratura abocado a temas presupuestarios.
El titular de la AGN, Leandro Despouy, y Petracchi suscribirán hoy a las 12, después de la reunión plenaria de la Corte, el nuevo régimen de control. La Auditoría se comprometerá a confeccionar un informe anual. Al acto está invitada una veintena de organizaciones no gubernamentales, además de entidades nacionales e internacionales que nuclean a jueces y abogados. Fueron convocados desde Argenjus (Argentina Justicia), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus) hasta la Asociación de Mujeres Jueces, entre otros.
Alberto Balladini, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de todo el país (Jufejus), otra de las instituciones invitadas, celebró la iniciativa del alto tribunal y agregó: “El control de gestión externo existe para varias cortes provinciales, que son fiscalizadas por los tribunales de cuentas, pero debería ser un sistema generalizado”.
“Lo más importante y novedoso es la actitud de la Corte de someter a un órgano externo, en este caso la AGN, el control de los actos de administración de su presupuesto, que son de su propia competencia de acuerdo a la Constitución”, elogió Despouy. “A la vez esto jerarquiza nuestra labor de la auditoría, que abarca al Poder Ejecutivo pero ahora comienza a extenderse al Poder Judicial. Denota al mismo tiempo una actitud de transparencia y modernidad del máximo órgano jurisdiccional”, agregó.