Mié 06.10.2004

EL PAíS

Los Juárez tendrán que seguir presos por haber detenido a su vice

La Justicia provincial confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Carlos y Nina Juárez, presos en su domicilio.
Es en la causa por la detención ilegal del ex vicegobernador.

Mientras Santiago del Estero avanza lentamente hacia la definición del escenario electoral que marcará el final de la intervención federal, Carlos Juárez y su esposa Mercedes “Nina” Aragonés recibieron un nuevo revés judicial. El caudillo santiagueño y la ex gobernadora fueron procesados con prisión preventiva por la Justicia provincial, por la detención ilegal del ex vicegobernador Darío Moreno. El matrimonio Juárez está acusado por los delitos de “coacción agravada y privación ilegítima de la libertad” contra Moreno y cumple arresto domiciliario desde hace dos semanas en el marco de esta causa. El procesamiento fue dispuesto ayer por el juez de instrucción Hernán Antonio Tuppo, en medio de los intentos de la defensa de los acusados por apartarlo del caso.
Carlos y Nina Juárez no son los únicos que están bajo la mira de la Justicia en la investigación de la detención ilegal de Moreno. El juez Tuppo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional de II Nominación, dispuso además el procesamiento del ex jefe de Gabinete juarista Carlos Pena y del ex diputado provincial justicialista Carlos “Pololo” Anauate, quienes permanecen alojados en el destacamento móvil 5 de Gendarmería Nacional de la capital santiagueña.
En el marco de este expediente, el matrimonio que gobernó la provincia durante medio siglo cumple arresto en su domicilio debido a su avanzada edad. La detención del caudillo y su mujer fue dispuesta por Tuppo el 22 de septiembre, el mismo día que la Corte Suprema resolvía suspender el proceso de reforma constitucional impulsado por el interventor federal Pablo Lanusse.
Frente a este nuevo traspié judicial para la pareja de ex gobernadores, sus abogados volvieron a acusar por “persecución política” a las autoridades de la intervención y quedaron a la espera del resultado de un planteo de competencia que formularon contra Tuppo. Según argumentaron, “la coacción agravada” es un delito federal, por lo que entienden que el magistrado no tiene facultades para llevar adelante el proceso que, a su criterio, debe ser investigado por un juez federal. Por este motivo, exigieron que el caso pase a manos del titular del juzgado federal local, Angel Jesús Toledo, quien ha recibido fuertes cuestionamientos por sus fallos en favor de los Juárez. Los abogados defensores estudian la posibilidad de presentar un recurso de nulidad para este procesamiento y la prisión preventiva.
En la órbita de la misma causa, aún permanecen prófugos el ex presidente de la Legislatura Carlos Salido, el ex jefe de la bancada del PJ Angel Bagli y de los ex legisladores Carlos Segienowiz, Joaquín Botta, Daniel Escobar Correa y Pastora González, sobre quienes pesa un pedido de captura nacional e internacional.
El expediente que lleva adelante Tuppo investiga la detención de Moreno, que se produjo mientras el entonces vicegobernador de Nina viajaba por la Ruta Nacional 9. Esta privación de la libertad se realizó detrás de la hipótesis de que sus hijos habían participado en el doble crimen de La Dársena, que puso en jaque al reinado juarista.

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