El juez federal Jorge Urso fijará hoy la fecha de las declaraciones indagatorias del ex secretario de Seguridad Norberto Quantín, de quien era su segundo José María Campagnoli, y del ex jefe de la comisaría 24ª Cayetano Greco, en la causa por la toma de esa seccional. Los ex funcionarios serían acusados, en principio, de incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actitud durante aquel episodio, cuando, según la denuncia de una jueza de instrucción, dejaron que los militantes de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), de Luis D’Elía, ocuparan la comisaría. Los piqueteros reclamaban la intervención policial ante el asesinato del dirigente Martín “Oso” Cisneros, y la magistrada habría dado una orden de detenerlos que no fue acatada. D’Elía será citado más adelante y debería responder por delitos aún más graves. El dirigente piquetero ya desmintió un testimonio que lo incrimina.
Urso reaccionó rápidamente al pedido de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, que solicitaron las indagatorias. Si bien en su requerimiento no especificaron qué delito habría cometido el titular de la FTV, mencionaron el testimonio de una testigo embarazada que aseguró haber sido retenida por los piqueteros en la seccional aquella noche del 26 de junio. A D’Elía podría imputársele “coacción” y algún otro delito grave.
Los abogados del dirigente pusieron en duda que la mujer estuviera encinta y explicaron que acudió a la seccional para averiguar sobre la situación procesal de su hijo, que habría agredido a otra mujer. Según informaron Adrián Albor y Belisario Otaño Moreno, que presenciaron el interrogatorio de la testigo, en anteriores declaraciones la mujer no afirmó que D’Elía le hubiera impedido la salida de la comisaría. “La misma testigo manifestó que al ingresar los manifestantes a la dependencia policial éstos habrían exigido a los presentes que se retiraran del lugar, circunstancia que se contrapone con la afirmación relativa a que se le negó el permiso para su egreso. ¿Por qué no salió cuando los manifestantes lo pidieron? ¿Qué la motivó a quedarse?”, se preguntaron. Aquella madrugada los piqueteros tomaron la comisaría 24ª indignados por la inacción policial ante el asesinato de uno de sus compañeros, Martín Cisneros.
La jueza de instrucción Angélica Crotto, que estaba de turno, aseguró que por esas horas la llamaron el comisario Greco y dos fiscales de distrito, y denunció que funcionarios policiales y judiciales desoyeron la orden que había dado para desalojar la comisaría. “Actúen y cuando tengan a los detenidos cárguenlos a un celular, trasládenlos a Tribunales”, habría expresado Crotto al ex comisario de la 24ª. La magistrada sugirió que también la llamaron los funcionarios políticos, pero fue Greco quien los acusó directamente que le indicaron no intervenir. En tal sentido, el juez ordenó cruces telefónicos que probarían esos contactos. Urso espera un último informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y las compañías telefónicas. Y podría interrogar a Greco, Quantín y Campagnoli incluso bajo el cargo de “desobediencia”.