Jorge Zorreguieta, el padre de la princesa de Holanda Máxima Zorreguieta, fue involucrado ayer por primera vez en una causa por violación a los derechos humanos. Fue en una denuncia judicial realizada por el secuestro y la desaparición de la empleada del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) Marta Sierra, en la época en que Zorreguieta se desempeñaba como secretario de Agricultura y Ganadería del dictador Jorge Videla.
La denuncia por la desaparición de Sierra, presentada por sus dos hijos, Nicolás y Guido Prividera, incluye los cargos de asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, ya que habrían actuado en el operativo fuerzas militares y civiles de manera conjunta. Sierra fue secuestrada en la madrugada del 30 de marzo de 1976, seis días después del golpe, cuando un grupo de tareas integrado por hombres de civil irrumpió en su departamento de la calle Belén 90, en Capital Federal. Sierra tenía 36 años y su hijo Guido dos meses. Tras su desaparición, la familia en varias ocasiones interpuso recursos de habeas corpus para conseguir su libertad, sin obtener respuesta. El caso figura en el archivo de la Conadep bajo el número de legajo 155, pero hasta el momento nunca había sido denunciado en los tribunales.
El relato de sus familiares agrega otro dato: Sierra quedó cesanteada en su trabajo un día después de su desaparición en el marco de la denominada “ley antisubversiva”. La notificación de la medida estaba suscripta por Alberto Rafael Heredia, quien había sido nombrado como interventor del INTA pocas horas antes.
Por ese motivo, la querella presentada ayer ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral incluye el pedido de declaración de los responsables del Instituto, ya que se considera que pueden aportar información necesaria para el avance de las investigaciones.
Es en este marco que Jorge Zorreguieta, padre de Máxima y actual titular de la Cámara de la Industria Azucarera, quedó involucrado. Zorreguieta, ex dirigente de la Sociedad Rural, fue designado en 1976 a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la cual dependía el INTA.
En la demanda los hijos consignan: “Corresponderá interrogarlos para que expliquen qué hicieron como máximos responsables del área a la que nuestra madre pertenecía, para saber de su paradero y cómo habrían documentado lo que eventualmente hubieran hecho en favor del esclarecimiento de la desaparición”.
Cabe recordar que fue justamente por sus antecedentes como funcionario de la dictadura militar que el gobierno de Holanda no dejó asistir a Zorreguieta a la boda de su hija. Sin embargo, hasta el momento nunca había estado incriminado en un caso por violación a los derechos humanos.
Por otro lado, el pedido de declaración alcanzó a los funcionarios que lo sucedieron en su cargo, entre ellos a Víctor Santirso, ex asesor del Consejo del INTA, y Mario Cadenas Madariaga, quien sucedió a Zorreguieta como secretario de Agricultura y Ganadería. También incluyó a Raúl Salaberren, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, y a Jorge Aguado, interventor en la provincia de Buenos Aires durante la época de Leopoldo Galtieri y actual vicepresidente del grupo Socma, el conglomerado de sociedades del grupo Macri.
Las medidas solicitadas por los hijos de Sierra incluyeron también un pedido de remisión a la Armada de “elementos de juicios que sean de importancia para el desarrollo de la investigación”.
Ahora resta esperar que la justicia federal acceda al requerimiento de los dos hermanos. El juez Canicoba Corral, quien investiga los crímenes cometidos en la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército, dio intervención en el caso al fiscal federal Guillermo Marijuan.