El Senado tendrá hoy como principal ítem de su agenda la modificación de la ley de estupefacientes. El proyecto respectivo fue aprobado ayer en comisión tras una reunión de varios legisladores con el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos León Arslanian. La reforma, que seguramente logrará media sanción, acepta un planteo formulado con insistencia por el gobernador Felipe Solá. Se trata de permitir que sea la Justicia provincial y no la federal la que investigue y juzgue delitos menores vinculados con el tráfico de drogas, un criterio descalificado por muchos juristas garantistas. La reforma se catalizó en medio de lo que es un clásico: una ofensiva de sectores de derecha reclamando modificaciones legales, mano dura y agravamientos de penas, que encuentra un campo fértil cuando existe, como en estos días, una seguidilla de secuestros extorsivos.
Desde la emergencia pública de Juan Carlos Blumberg, legitimado por su condición de víctima a partir del asesinato de su hijo Axel, la tendencia se repite. El Gobierno, en tales casos, suele conceder a esa presión, buscando descomprimir.
La reforma a la ley de estupefacientes Nº 23.737 fue uno de los proyectos del Plan de Justicia y Seguridad que presentó el entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz tras la primera movilización convocada por Blumberg. Luego fue quedando sin tratar, aunque se le propusieron modificaciones. La intención del Gobierno hasta hace pocos días parecía ser dejarla dormir. Dos hechos la desperezaron. El primero fue la aparición de Solá reclamándola en declaraciones periodísticas. El segundo fue la cadena de secuestros. En ese marco, el presidente Néstor Kirchner, aunque se fastidió (como también es rutina) por la forma en que Solá planteó su punto, le hizo un guiño al jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto. El oficialismo decidió darle a Buenos Aires “las herramientas que Felipe necesita o cree necesitar”.
El proyecto-base sobre el que trabajó Pichetto y que cuajó ayer con modificaciones no era ya el de Beliz sino uno de la senadora (híper)duhaldista Mabel Müller. El bloque peronista, que suele ser muy expeditivo, tiene mayoría suficiente para aprobarlo. El bloque radical que aún cavila sobre lo que hará no podrá torcer la voluntad del PJ.
El argumento básico de Solá para reclamar el traspaso es que la Justicia Federal es lenta, menos dotada de personal que la provincial y sólo interesada en perseguir a los niveles más altos de la delincuencia. En privado, los bonaerenses añaden que los jueces federales son tributarios de los planteos de la DEA, pensados en aras de limitar el tráfico de droga al exterior, descuidando la inquisición contra el menudeo local. Así las cosas, aducen, los pequeños traficantes quedan impunes, lo que determina su proliferación. Los bonaerenses piensan que persiguiéndolos se puede conseguir data para luego ir en pos de los peces gordos. “Hay que pegarle al perro para que aparezca el dueño”, poetiza un senador reformista.
Los delitos que podrán ser juzgados por magistrados provinciales serán, dice el proyecto que se trata hoy en el recinto, los referidos a casos en que se “comercie, entregue o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo”. ¿Cómo se determinará ese destino? En forma imprecisa, que habilita excesiva discrecionalidad de los jueces. No se estipula cantidad o peso de las sustancias, sino que la droga “inequívocamente” esté destinada al consumo.
Arslanian redondeó ayer su posición en una reunión que mantuvo con varios senadores, incluidos Pichetto, el radical sanluiseño Jorge Agúndez y con la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la salteña Sonia Escudero. Algunos senadores socarrones bromean con esa investidura señalando que el gobierno del peronista Juan Carlos Romero no es percibido precisamente como la vanguardia de la lucha contra el narcotráfico.
El proyecto de ley permitirá a las provincias que así lo deseen transferir la competencia a su Justicia local. El principio general sigue siendo que la jurisdicción es federal, pero cada provincia puede “desengancharse” en lo relativo a los delitos menores.
Quienes descreen en lo que hoy se votará son legión, incluidos prominentes funcionarios del gobierno nacional, varios muy conocedores del Derecho. Su argumento esencial es que las policías y las justicias provinciales son muy poco confiables, en general muy porosas a la influencia de los respectivos gobiernos y que poner en sus manos el control del tráfico de droga les puede permitir un recurso formidable para “hacer caja” presionando a camellos y pequeños dealers. Fuentes insospechadas del Senado cuentan que al menos un par de legisladores que representan a la minoría en sus provincias le hicieron saber a Solá que temen que esa herramienta sea usada por gobernadores muy hegemónicos para persecuciones políticas. Intuyen que sus policías bravas se dediquen a “plantar” pruebas, algo más difícil de hacer pasar por el tamiz de los jueces federales. Algo similar expuso la jueza del Tribunal Oral de San Martín Lucila Larrandart, quien asistió a una reunión de consulta promovida por el Senado, el 28 de septiembre pasado. Larrandart, una especialista en materia penal, puntualizó que “este problema está teñido por la corrupción policial”. Destacó que la inmensa mayoría de las causas penales existentes son menores, involucrando no a zares de la droga sino a “punteros de barrios y villas”. Y subrayó su desacuerdo con transferir causas a las justicias provinciales arguyendo, según reseña la versión taquigráfica respectiva, que “toda investigación ligada a drogas tiene un poder corruptor muy grande debido a la cantidad de dinero que se maneja”.
En el enrarecido clima público que suscitan los secuestros extorsivos, el gobierno nacional dejó de lado sus dudas. El gobierno bonaerense confía en que la nueva legislación enderezada contra el chiquitaje permitirá avances importantes en la lucha contra el narcotráfico. Anhela atrapar al perro para que aparezca el dueño. Cuesta mucho compartir ese optimismo. La experiencia sugiere que cuando talla sin control externo la Bonaerense, en el mejor de los casos, los que cobran son los perros.