Un fiscal de la provincia de Chubut investigó, por primera vez, el accionar de sus pares, y comprobó la violación de los derechos humanos y la discriminación explícita por parte de la policía y parte del sistema judicial sobre los pequeños propietarios y los pobladores originarios. “El accionar (del Poder Judicial y la Policía) refuerza la creencia de que la Justicia es sólo para los ricos y poderosos, y que para los demás sólo existe la injusticia”, dice en su investigación el fiscal Rafael Lucchelli. A pesar de las pruebas recolectadas en el trabajo, casi la totalidad de las personas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, tanto del sistema judicial como de la policía provincial, continúan aún hoy en funciones. El trabajo nació a partir de una denuncia de la organización social Regional Humanista Latinoamericana y fue tomada por el procurador general de Chubut, Eduardo Samamé, el jefe de los fiscales de toda la provincia, quien ordenó el trabajo. Los abogados de las víctimas afirman que Samamé cajoneó el informe y lo acusan de no avanzar sobre los funcionarios cuestionados.
Hombres que se enfrentan el poder local y aparecen ahorcados en comisarías, pequeños propietarios de tierras codiciadas que son desaparecidos para que sus pocas hectáreas queden en manos de grandes terratenientes y violentos desalojos de familias mapuches ordenados por particulares con mano de obra policial. Tales son algunos de los casos investigados por el fiscal de Puerto Madryn, Rafael Lucchelli, y sus colaboradores Miguel Santos y Rodrigo Freire Méndez. La conclusiones, según todos los abogados que trabajan con comunidades indígenas, son tan duras como inusuales y, tal vez por eso, no se han difundido en Chubut.
“Se ha utilizado el aparato punitivo del Estado, en su concepción más retrógrada e irracional, en contra de un sector social que por razones históricas se encuentra en la actualidad en un particular estado de vulnerabilidad”, afirma el escrito que la Procuración General de Chubut tiene en su poder desde diciembre del año pasado y al que accedió ahora Página/12.
El fiscal Lucchelli explicó a este diario que su trabajo “probó que el Estado argentino, a través de diversas instituciones, convalidó y/o ejecutó la violación de los derechos humanos. En el caso de los indígenas, las violaciones son aún más notorias”. En un breve dialogo, aseguró desconocer la situación actual de las causas judiciales y se excusó de evaluar el trabajo posterior a su investigación, que le correspondió a su jefe, el procurador Samamé, quien no aceptó hablar con este diario.
La investigación comenzó a mediados de 2003, a partir de una denuncia de la organización Regional Humanista Latinoamericana sobre el asesinato o desaparición de una decena de personas y el desalojo violento de familias mapuches con posesión ancestral de sus tierras. En todos los casos se cuestionaba el accionar de la policía provincial y de miembros del sistema judicial del noroeste de Chubut. Al mismo tiempo, abogados de pobladores originarios iban acumulando presentaciones judiciales que denunciaban la inacción o parcialidad manifiesta de los fiscales y jueces.
La secretaria general de la Regional Humanista, Lía Méndez, prefirió no dar nombres, pero aseguró que la inacción se debe a que “el poder político provincial apaña a los delincuentes: ésa es la clave de por qué el informe está parado y nadie se hizo cargo de las denuncias. El único destituido fue el juez José Colabelli, pero por otras causas. En el medio de toda la impunidad: la gente sin recursos que está totalmente indefensa y con mucho miedo”.
En octubre de 2003, el procurador general hizo lugar al pedido de investigar al sistema judicial y policial del noroeste de Chubut. Nombró al frente de la investigación a un fiscal del otro extremo provincial –Puerto Madryn– con sólo tres años de experiencia. “Eligieron a un fiscal joven y trataron de acotarle las condiciones, pero Lucchelli les dio vuelta la situación: viajó a Esquel con colaboradores de estrecha confianza, entrevistó a muchas personas y permaneció en la zona más de dosmeses. Un excelente trabajo, pero que duerme en el Poder Judicial”, explicó el abogado de Esquel y autor del libro de derecho aborigen Sin despojos, Eduardo Hualpa. Una alta fuente judicial de Chubut apuntó en el mismo sentido: “Lo mandaron pensando que no iba a hacer nada, que iba a cubrir a sus pares, que iba a jugar para la corporación judicial. Pero el fiscal de Madryn rompió esa costumbre, trabajó en serio y por eso el informe nunca vio la luz. Además, le valió ser mal visto por muchos de sus pares”.
Lucchelli seleccionó veintitrés causas que implicaron el análisis de más de cinco mil fojas, realizó más de cincuenta entrevistas y, expedientes en mano, remarcó detalladamente cada falla. En la gran mayoría de los casos llegó a la misma conclusión: había irregularidades en la instrucción de la causa, siempre en perjuicio de un sector social. “Son llamativos los diferentes tiempos que maneja el juzgado de instrucción de Esquel para tramitar las causas según los imputados sean policías o personas que forman parte de alguna minoría desventajada: pobres, excluidos sociales o indígenas”, objeta el informe.
El trabajo, de 130 páginas, tiene un apartado de “recomendaciones”, en el que pide la investigación de miembros del sistema judicial y policial. “Se deben tomar urgentes medidas disciplinarias o judiciales”, remarca Lucchelli. “Todos siguen en funciones”, denunció el abogado Cristian Hendrickse, que lleva la causa por la muerte de Gumersindo Vergara en la comisaría de El Hoyo. El abogado señaló como responsables de las violaciones a los fiscales de Esquel, pero también hizo una radiografía del lugar: “El noroeste de Chubut es una zona feudal de connivencia entre políticos, jueces, fiscales y abogados que actúan de acuerdo a sus propios intereses y siempre violando los derechos más básicos de la paisanada pobre”.
El apartado especial de la investigación, titulado “Derechos indígenas”, sorprendió por su contundencia a las propios involucrados: “Del estudio de las causas en las que se encuentran involucrados miembros de las comunidades aborígenes, surge de modo indubitable la violación sistemática a los derechos humanos de estos pueblos. La demolición por parte de la policía de la humilde vivienda de la familia mapuche Fermín se llevó a cabo de una forma brutal, innecesaria y humillante para sus moradores, y reveló un profundo desprecio por la dignidad del ser humano. El daño causado a cada ser humano afecta a la propia comunidad como un todo, y es por ello un imperativo ético e insoslayable del Estado el poner fin a este dolor individual y colectivo”.
Uno de los casos testigo es el de la comunidad mapuche Vuelta del Río, donde –sin orden judicial– la policía destruyó la vivienda de los pobladores originarios mientras los insultaban y amenazaban con reprimirlos.
El abogado Gustavo Macayo, que intervino en varios de los casos investigados, aseguró que en Chubut “no se respetan las leyes ambientales ni indígenas. El Estado parece haber regresado a la época de (Julio Argentino) Roca”. “¿El informe? Aunque no tiene estado público, logró que paren un poco los atropellos y, por otro lado, deja todo servido para avanzar sobre los responsables. Sólo hay que ver si hay voluntad política.”

Informe: Darío Aranda.