No sería difícil enumerar 512 iniquidades, una por cada año transcurrido desde 1492. La más reciente denuncia se refiere a Formosa: las víctimas pertenecen a la etnia wichí y los victimarios son comerciantes que, con la complicidad de políticos locales, policías y funcionarios del PAMI, se apropian de los importes de planes Jefas y Jefes de Hogar, pensiones y jubilaciones de personas de cuyos documentos de identidad se han apropiado por la fuerza. Son los mismos comerciantes que suministran a chicos wichí de 13 años no ya cerveza sino alcohol puro, en lo que constituye “la mayor causa de deserción escolar en la zona”, tal como señaló un maestro de la misma etnia. Estos extremos del despojo se inscriben en una serie cuyo eje principal, desde la conquista, es el de la tierra: el 70 por ciento de las comunidades indígenas argentinas no tiene título de propiedad sobre el suelo, que es la base imprescindible de su identidad, pero incluso para la mayoría de los que sí tienen el título, éste no se hace efectivo porque las autoridades permiten que las tierras les sean usurpadas. Entre tanto, los guaraníes acampan hace dos meses en Posadas, Misiones, y, en la Patagonia, los mapuches rescatan una tradición de lucha anterior a la conquista, y se les animan a las multinacionales. Hoy, 12 de octubre, distintas comunidades se movilizan para reclamar por sus derechos.
En la Argentina hay 22 pueblos indígenas, que reúnen más de 860 comunidades y suman más de dos millones de personas, según estimaciones de la Asociación Indígena de la República Argentina, AIRA (una de las que procuran constituir una representación a nivel nacional). El 70 por ciento no tiene ningún título de propiedad sobre sus tierras. Un proyecto de ley enviado por el gobierno nacional, que ya tiene sanción en Diputados y aguarda ser tratado en el Senado, suspende los desalojos de comunidades indígenas. Resta resolver la cuestión de fondo, la propiedad.
En el departamento de Ramón Lista, Formosa, el 85 por ciento de los habitantes pertenece a la etnia wichí: son casi 10.000 personas, más del 90 por ciento de los hogares presentan necesidades básicas insatisfechas. El abogado Luis Zapiola, representante de comunidades wichí e investigador de la cuestión indígena, contó cómo “los ‘bolicheros’, comerciantes de la zona, les retienen a los wichí sus documentos nacionales de identidad, argumentando que los necesitan para darles ‘fiado’, y utilizan esos DNI para cobrar, en la sucursal Ingeniero Juárez del Banco de la Provincia de Formosa, planes Jefas y Jefes de Hogar en nombre de los beneficiarios: a éstos, en vez de darles el dinero, les entregan mercaderías al triple de su precio normal”.
“Estos ‘bolicheros’ también cobran, a nombre de los verdaderos beneficiarios, jubilaciones y pensiones. Para esto personal del PAMI, a cambio de una parte del dinero, les extiende una autorización”, según la denuncia de Zapiola. “En todo Ramón Lista pasa lo mismo, y la policía provincial no les recibe denuncias a los indígenas, en ningún caso –afirmó el abogado–. Esto vale también para la serie de homicidios de wichí, no esclarecidos.”
Típicamente, estos homicidios son así: en el curso de su forma ancestral de supervivencia –la caza y la recolección–, un wichí entra en el terreno que ha cercado un hombre blanco; la tierra pertenece en realidad a la comunidad indígena, pero el hombre que la cercó la considera suya y dispara sobre el “intruso”.
Zapiola también denunció que esos mismos comerciantes “les venden alcohol puro a chicos de 13 y 14 años, que lo mezclan con agua o jugo de limón para hacer una bebida llamada ‘cachuri’ y emborracharse”. Precisamente ayer, maestros y caciques de la etnia se reunieron para debatir este problema. El maestro Oliva Torres advirtió que “el alcoholismo es uno de los principales factores de la gran deserción escolar que padecemos”.
En la provincia de Chaco, “la situación es todavía más grave porque la mayoría de los indígenas no tienen la propiedad de la tierra: los mocovíes están viviendo en los costados de las rutas; hay tres decretos nacionalesque les otorgan, a ellos y a los tobas, diez mil hectáreas, bajo garantía de la última reforma constitucional chaqueña, pero el gobierno provincial las entrega a blancos”, afirmó Zapiola. En Misiones, desde hace dos meses, representantes de comunidades guaraníes acampan en la plaza principal de Posadas sin ser recibidos por el gobierno local; su principal problema es la deforestación de la selva que habitan.
Norberto Guanuco, presidente de AIRA, observó que “la situación se complica más cuando los ocupantes son a su vez personas de trabajo que llevan muchos años en la zona. Es el caso de comunidades tobas de Chaco, que reclaman terrenos otorgados por un decreto de 1924: un estudio efectuado por la Universidad de Salta sentó bases de diálogo, pero el gobierno provincial no terminó de resolver el conflicto”.
En la Patagonia, en cambio, la lucha de las comunidades mapuches se da “contra empresas multinacionales, especialmente norteamericanas, que se han apoderado prácticamente de una región entera en Argentina y Chile”, contó Chacho Liempe, del Consejo Asesor Indígena (CAI). Los mapuches siempre se animaron con enemigos fuertes: “Primero peleamos contra los incas, que quisieron invadir nuestro territorio; después contra los españoles y después contra los Estados argentino y chileno”, historió Liempe. También contra los mapuches el invasor utilizó el alcohol: “Cuando la persona nuestra iba a hacer la compra, se le daba bebida, se lo emborrachaba y después se lo metía preso; cuando volvía a su campo, se lo habían alambrado, y a él lo expulsaban”, no olvida el dirigente mapuche.