Los tres empresarios a los que el diputado provincial y dirigente piquetero Luis D’Elía acusó de haber intentado coimearlo para obtener beneficios del PAMI fueron procesados por la Justicia, sin prisión preventiva. El juez federal Claudio Bonadío adoptó esta medida al analizar los elementos del expediente, entre ellos una cámara oculta con la que D’Elía filmó a los empresarios haciéndole el ofrecimiento de dinero para que gestionara la continuidad del contrato de una prestadora privada.
El magistrado también tuvo en cuenta testimonios y pruebas documentales reunidas durante la investigación. La medida alcanzó a Horacio Pisano, responsable de la firma Angiocord, a José María Ferreyra y a Hugo Spaltro, cuyos bienes fueron embargados por 5 mil pesos ya que “no hubo perjuicio patrimonial”.
En esta causa, el legislador provincial y líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) denunció el supuesto “tráfico de influencias” de Pisano, Ferreyra y Spaltro, que le habrían ofrecido casi 400 mil pesos mensuales para que obtuviera una renegociación de un contrato con la obra social de los jubilados. Según el líder piquetero, Pisano –con Ferreyra y Spaltro actuando como intermediarios– le ofreció unos 4 millones de pesos anuales para que usara su influencia personal y lograra la renovación de contratos para la firma Angiocord. D’Elía rechazó el ofrecimiento y efectuó la denuncia penal, la que amplió luego en los tribunales federales de Retiro, ante el juez Bonadío. En aquella oportunidad ofreció pruebas que “demostrarían cómo se les robaba la plata a los abuelos”. La versión editada de la cámara oculta filmada por D’Elía fue emitida por el programa televisivo Punto Doc a mediados de agosto último, por lo cual el magistrado también tomó declaración testimonial a los responsables de la producción del ciclo.
El 25 de agosto, al ampliar su denuncia, el dirigente piquetero aportó actas de escribanía con la desgrabación de “cámaras ocultas” en las que se registraba los ofrecimientos de dinero para que intermediara y lograra la renovación de contratos. En esa oportunidad, D’Elía reiteró que se habían realizado “dos reuniones” con uno de los directivos de esa empresa el 9 de agosto y que en esa ocasión le habían prometido unos 370 mil pesos mensuales. Consultado sobre la medida que tomó Bonadío, ayer D’Elía remarcó que se trata de “gente que pagó coimas durante diez años por más de 40 millones articulados con los gerentes que, al decir de ellos mismos, eran (Enrique) Nosiglia y (Luis) Barrionuevo”. El dirigente de la FTV enfatizó que “dado el Código Penal actual no van a tener que sufrir cárcel ninguna porque la cárcel es sólo para los pobres de los barrios que a lo mejor roban una bicicleta, y no para estos saqueadores del Estado argentino”. En ese sentido, estimó que “se les dará penas que, seguro, van a ser excarcelables después de haber estafado al Estado en casi 50 millones de pesos”.
Otra de las testigos de la causa fue la interventora en el PAMI, Graciela Ocaña, quien puso a disposición de Bonadío y del fiscal federal Carlos Rívolo la documentación que requerían sobre los convenios con la firma implicada en el sumario. Para contrarrestar la acción penal promovida por el legislador provincial, Pisano también radicó una denuncia por el supuesto pedido de “coima” que le habría efectuado D’Elía, pero el juez federal Jorge Ballestero se declaró incompetente y remitió todas las actuaciones a Bonadío, quien ahora está a cargo de las dos investigaciones.
Por su parte, por orden de Ocaña, el PAMI rescindió el convenio por unos 4 millones de pesos mensuales con las empresas cuestionadas, que conformaban la VAB-UTE, y las suspendió.