Ex funcionarios de la intervención de Santiago del Estero y uno de los precandidatos a gobernador del PJ, Osvaldo Ríos Olivero, fueron acusados ayer por extorsión y coacción agravada. La Justicia ahora los investigará por un presunto pedido de fondos de coparticipación y obras públicas a 48 comisionados municipales de la provincia para financiar la campaña política del propio Ríos Olivero. Los acusados dijeron que la denuncia es “falsa” y que son víctimas de una “persecución ideológica” del interventor Pablo Lanusse.
El fiscal Gonzalo Rietti pidió la imputación de los hombres removidos por Lanusse a partir de una denuncia que seis comisionados municipales presentaron ante la Oficina Anticorrupción. El juez que entiende en la causa, Rafael Zanni, ahora pondrá la lupa en el ex subsecretario de Gobierno Guido Lorenzini; el ex director de Asuntos Municipales Carlos Gianella, los ex asesores Carlos Uslenghi y Fabiola Lemos. Y lo mismo hará sobre Ríos Olivero y sus operadores Gustavo “Chinga” Gauna y Julio Abdala. “Los comisionados municipales denunciaron que Ríos Olivero los convocó a una reunión y, tras presentarse como candidato de la intervención federal, los intimó a la entrega del 10 por ciento de coparticipación federal y el 50 por ciento de fondos nacionales de obras públicas para financiar su campaña política”, explicó el titular de la OA, Hernán Sosa. En ese encuentro, según el propio Sosa, también participó el resto de los acusados.
Lanusse había desplazado a estos funcionarios anteayer, al enterarse de su participación en el acto de lanzamiento de la precandidatura de Ríos Olivero. La medida derivó en la renuncia del ministro de Gobierno, Daniel Gurzi. Y en las últimas horas algunas versiones indicaron que el titular de la cartera de Salud, Donato Spacavento, podría seguir sus pasos. Pero el jefe de Gabinete de la intervención, Pablo Fontdevilla, lo desmintió a pura ironía: “Es falso, lo que pasa es que Santiago es la capital mundial del rumor”, señaló a Página/12.
A Lanusse no le quedaba otra alternativa que motorizar los desplazamientos: la semana pasada había anunciado la “prescindencia” de la intervención y del gobierno de Néstor Kirchner en el proceso electoral. Y lo hizo acompañado, en una conferencia de prensa, por Alberto Fernández. El jefe de Gabinete de la Nación bajó la misma línea en un almuerzo privado que mantuvo ese mismo miércoles de la semana pasada con todos los ministros de Lanusse.
Precisamente, el interventor hizo renunciar al grupo en cuestión luego de que participara en un acto de campaña de Ríos Olivero. La medida produjo un fuerte impacto en la Casa Rosada, ya que los afectados son todos hombres vinculados al ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández.
El funcionario de la cartera política debió hacer cintura ayer para salir del entuerto. Sin hacer alusión a los hechos, reconoció su relación con los desplazados y señaló que el gobierno nacional va a seguir “colaborando” con la intervención. Lanusse y Fernández conversaron en las últimas horas sobre lo acontecido, aunque no trascendieron los términos de esas charlas telefónicas. Tanto el interventor como el ministro del Interior prefirieron silenciar la disputa.
Los que no ahorraron palabras fueron los ex funcionarios de la intervención, quienes rápidamente realizaron una presentación judicial espontánea para dar su versión de los hechos, atacando con dureza a la Oficina Anticorrupción y a Lanusse.
Dijeron que su salida fue decidida por el interventor tras recibir “un fax del intendente de Selva”, Enrique Bertolino –opositor en la interna peronista a Ríos Olivero–, con la versión de su encuentro con los comisionados municipales. Además, aseguraron que Lanusse “mandó a buscar con personal de Gendarmería Nacional” a los comisionados para que declaren “en horarios inhábiles” en la Oficina Anticorrupción “al mejor estilo de la época de grandeza de los dictadores del Proceso militar”. Y, por supuesto, negaron todas y cada una de las acusaciones recibidas.