Lo que queda de la causa AMIA pasará en breve a ser investigado por la flamante Unidad Fiscal Especial de Investigaciones del atentado, encabezada por los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos. Dos altas fuentes judiciales confirmaron a Página/12 que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral estaría a punto de delegar en estos dos representantes del Ministerio Público la pesquisa que durante nueve años llevó adelante el jaqueado juez Juan José Galeano, hasta que en diciembre de 2003 la Cámara Federal lo apartó del caso. De todos modos, uno de los funcionarios consultados explicó que esto ocurrirá en tanto no haya oposición de las partes. Este diario pudo saber que la Unidad mantendría las líneas ya iniciadas de investigación y profundizará también la conexión internacional.
La otra fuente describió que por estos días los colaboradores de Nisman y Martínez Burgos están dedicados a la tarea de ubicar un edificio apto para instalar la Unidad Fiscal. Apenas se haya producido la mudanza, y si las partes dan su consentimiento, lo que queda en pie de la investigación del peor atentado de la historia de la Argentina será responsabilidad de la Unidad, que aún no entró formalmente en funciones. La delegación implica que los fiscales son los que tendrán a su cargo la pesquisa, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, y el magistrado toma las decisiones trascendentales como llamados a indagatorias y resolución de situaciones procesales, actuando como un juez de garantías. “Tráinganme las pruebas y yo decido”, sería la fórmula que seduce a Canicoba, según sus allegados.
Alberto Nisman se desempeñaba como fiscal de juicio en San Isidro y fue convocado por los ex fiscales del caso AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia para la preparación de la elevación del caso a juicio oral. Sobrevivió al juicio oral y ahora trabajará junto a Marcelo Martínez Burgos, de la fiscalía de Saavedra. La creación de la Unidad Fiscal Especial fue una iniciativa de la Procuración General de la Nación, que la habilitó no sólo para intervenir en la causa principal sino también en las conexas, como la que investiga las irregularidades cometidas durante la pesquisa premilinar, en la que fueron recientemente pedidas las indagatorias del juez Galeano y del ex jefe de la SIDE durante el menemismo Hugo Anzorreguy (ver recuadro).
Acerca de la –hasta ahora– mal investigada conexión local, Nisman continuaría profundizando la línea que trabaja también la Unidad Especial AMIA que coordina Alejandro Rua. Un celular de la Triple Frontera, un colombiano convertido al Islam y varios exhortos a Brasil, Suiza, Estados Unidos y Paraguay conforman los elementos de las nuevas pistas, y apuntan a dar con quién coordinó las tareas terroristas en Buenos Aires.
En relación con la conexión internacional, los nuevos fiscales consideran que hay una responsabilidad de Irán como Estado en el ataque a la mutual judía, en base a un informe de la SIDE sobre la matriz terrorista del atentado. Por eso, avalarían los 28 pedidos de captura contra iraníes que Interpol acaba de suspender, hasta que no se conozcan los fundamentos de la sentencia del juicio oral que terminó el 2 de septiembre. Entre esas solicitudes está la referida al ex embajador de ese país en Argentina Hadi Soleimanpour y del agregado cultural de la sede diplomática Moshen Rabbani. Rápidamente, el juez Canicoba ratificó los pedidos de captura.
De todos modos, allegados a Nisman comentan que el fiscal considera complementarias las pistas iraní y siria. Por lo tanto, en esta nueva etapa de la causa el sirio Kanoore Edul, que aún goza de falta de mérito, se está preparando y contrató los servicios del abogado Juan Labaké, ex apoderado de Isabel Martínez de Perón.
Cuando encuentren dónde colocar sus escritorios y expedientes, Nisman y Martínez Burgos se pondrán en marcha, acompañados por tres secretarios y diez prosecretarios, y trabajarán en colaboración con la fiscalía federal 9.