La Corte Suprema señaló que debe indemnizarse a una mujer por haber sido obligada a dejar el país durante la última dictadura militar. ¿Qué repercusiones tendrá esta decisión? Por el momento, todos los que crean que están en condiciones de ampararse en ese derecho tendrán que recorrer el mismo y largo camino judicial que Susana Yofre de Vaca Narvaja. Pero esto podría cambiar si se sanciona el proyecto de ley que establece una reparación económica para todos los exiliados políticos. Y el fallo del alto tribunal parece haber dado el impulso necesario para que eso ocurra. Además, el Poder Ejecutivo tiene en mente otras medidas de resarcimiento, como el reconocimiento de los aportes jubilatorios y de la nacionalidad para los niños que nacieron en el exterior.
El proyecto de ley de indemnización para los exiliados fue evaluado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Derechos y Garantías y Presupuesto y Hacienda y ahora está siendo estudiado por el Ministerio de Economía. Fue presentado por Marcelo López Arias y acompañado por Jorge Busti, Mario Losada y Diana Conti.
La iniciativa plantea el otorgamiento de una indemnización para quienes “hayan estado exiliados por razones políticas” entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983. El beneficio sería la mitad de lo que recibieron los que estuvieron detenidos durante la última dictadura.
En el caso de Susana Yofre de Vaca Narvaja la Corte resolvió que su situación debía equipararse a la de los presos, ya que consideró que su libertad estuvo menguada desde que se tuvo que refugiar en la embajada de México (ver aparte). El tribunal, además, consideró que no había duda de que la mujer no tuvo otra opción que escaparse al exterior.
Ahí reside el punto más complejo del proyecto para generalizar el beneficio. ¿Cómo se prueba que una persona fue “obligada” a irse del país? y ¿cómo se mide esa “obligación”? La iniciativa establece que los posibles beneficiarios de la ley deberán acreditar su condición de exiliados a través de los siguientes medios:
- Certificación de su condición y períodos de asilado emitida por autoridad competente del país de asilo.
- Certificación de su condición y período como refugiado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) emitida por ese organismo.
- Resolución judicial que, por el procedimiento de información sumaria, pronuncie un órgano judicial de cualquier fuero o jurisdicción dando cuenta que el beneficiario cumple con el carácter de exiliado a los efectos de la ley.
Susana Gabbanelli, de la Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (Coepra), defendió la iniciativa de algunas críticas que recibió como, por ejemplo, del hecho de que no se contemple la situación de quienes no pudieron escaparse y sufrieron el exilio interno. “Nosotros no hacemos diferencia cuando hablamos del exilio. Hace seis años que estamos trabajando en esto y cuando se nos acercan otros compañeros que se quedaron en el país les proponemos trabajar juntos, para ver de qué manera se puede contemplar su situación. El problema es la forma de probar cada hecho”, dijo Gabbanelli.
Si bien no hay un relevamiento serio sobre el tema, la mujer coincidió con Juan Carlos Vega, uno de los abogados de Yofre de Vaca Narvaja, en que la indemnización alcanzaría a unas diez mil personas, y no a 200 mil o 500 mil, como señalaron ayer algunos medios. “Lo importante para nosotros es que por fin se reconoce a los exiliados como víctimas de la dictadura. Lo que sufrimos y perdimos no se repara con dinero, pero esa es una de las formas que tiene el Estado para reparar, ya que, en su momento, no hizo un plan de reinserción de los exiliados”, señaló Gabbanelli. El fallo de la Corte tendría como consecuencia que se apuren los tiempos del tratamiento de esta ley, que había sido presentada también en 1999 y perdió estado parlamentario sin ser tratada. Pero el Gobierno planea otorgar otros resarcimientos que reclaman los exiliados. Uno de ellos es el reconocimiento de los títulos, estudios, antecedentes laborales, años trabajados y aportes previsionales realizados en el extranjero. Otro es el mejoramiento de una ley para que todos los niños que nacieron en el extranjero sean ciudadanos argentinos con derechos plenos y que, en caso de que la tuvieran, no perdieran la nacionalidad del país de exilio. Esto último implicaría algunos acuerdos bilaterales que debería definir la Cancillería. Estas reivindicaciones, que no están incluidas en el proyecto de López Arias, se harían a través de un decreto o de un proyecto de ley que impulsaría el Ejecutivo.