El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se presentó como querellante en la causa por la masacre de Margarita Belén y pidió la detención de diez militares acusados de haber sido los autores directos de la matanza. En una presentación realizada ante el juzgado federal de Resistencia, Duhalde planteó que aquellos fusilamientos deben encuadrarse en la categoría de “crímenes contra la humanidad”, ante los cuales el Estado argentino tiene la obligación de intervenir, “persiguiendo y sancionando penalmente” a los culpables. Los represores habían estado arrestados entre junio y julio de 2003, pero luego quedaron en libertad.
La masacre de Margarita Belén ocurrió el 13 diciembre del ’76, cuando una patrulla del Ejército sacó a 22 presos políticos de la cárcel de Resistencia y de centros clandestinos de detención y los llevó al norte, hasta cercanías de la localidad de Margarita Belén, para fusilarlos. Las muertes fueron presentadas luego como producto de “un enfrentamiento entre grupos antagónicos”. Los cadáveres de siete de las víctimas fueron entregados a sus familiares, pero las restantes siguen desaparecidas.
El 17 de junio del año pasado el juez chaqueño Carlos Skidelsky ordenó la detención de diez acusados de participar en la matanza. Entre ellos estaba el entonces agregado militar en Roma, Horacio Losito, y otros dos coroneles en actividad: Ricardo Reyes y Germán Riquelme. Pero ante un pedido de hábeas corpus de uno de los militares, todos fueron liberados un mes más tarde por la Cámara federal de Resistencia. Los camaristas recibieron por esta decisión un pedido de juicio político que está en trámite en el Consejo de la Magistratura.
El escrito de Duhalde –con el que el gobierno nacional busca que la causa se reactive– pide la detención de Jorge Alcides Larrateguy, Athos Gustavo Renes, Rafael Carnero Sabol, Norberto Raúl Tozzo, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segon, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme.
Por otra parte, indica que el ex titular del Ejército Ricardo Brinzoni (en el momento de los crímenes era secretario de Gobierno de la provincia del Chaco), el general Cristino Nicolaides (por entonces comandante de la VII Brigada con asiento en Corrientes), tal vez tengan algo para decir en el caso.
“Consideramos que está probado que se sabía de la existencia de un próximo plan de ejecución, de qué manera se lo anunciaría públicamente, el lugar al que se llevarían los cadáveres, la preparación previa de las fosas para enterramientos luego de cometidas las ejecuciones. Esas circunstancias, que ponen de manifiesto de un modo escalofriante la existencia de un estado de terror, son demostrativas de la existencia de encubridores y de autores inmediatos”, argumentó la presentación del secretario.
Entre los hechos investigados hay cinco desapariciones y aplicación de torturas, ya que está probado que las víctimas fueron sometidas a tormentos antes de ser asesinadas. Los acusados también deberán responder, en el caso de que la causa avance, por homicidio agravado y genocidio. “El incumplimiento de la obligación de imponer sanciones a los responsables de tales delitos –concluyó el texto– genera responsabilidad internacional, de modo que el Poder Judicial, en tanto órgano integrante del Estado, debe resolver en consonancia con los compromisos asumidos con la comunidad internacional.”
En una conferencia de prensa posterior al trámite judicial, Duhalde calificó a la masacre de Margarita Belén de “causa emblemática, uno de los crímenes colectivos más horrendos por su carácter de planificado y decidido en los más altos niveles de las autoridades militares. Lamentablemente –recordó–, al día de hoy los familiares de las víctimas y la sociedad siguen esperando que se haga justicia”.