En los últimos seis años, 140 gendarmes, 153 prefectos, 150 policías federales y 597 oficiales y suboficiales del Ejército cobraron –o aún cobran– planes sociales destinados a desocupados. El dato, que revela las complicaciones para fiscalizar la asignación de los programas asistenciales, es la principal conclusión de una investigación del fiscal Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigación en la Seguridad Social (Ufiss). “No es un tema institucional de las fuerzas de seguridad. Son casos individuales, pero vamos a ir a fondo con la investigación”, aseguró a Página/12 el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
La Unidad que conduce Marijuán funciona en la Anses y es la encargada de auditar los mecanismos de seguridad social del gobierno nacional. Ya había realizado un trabajo en el que buscaba determinar si los empleados de los 134 municipios bonaerenses cobraban también planes sociales, y ahora intentó algo parecido con las fuerzas de seguridad y de defensa de la Nación.
El mecanismo fue sencillo: Marijuán cruzó los listados de los integrantes de las fuerzas con los de los beneficiarios de los programas para desocupados (planes Trabajar y planes Jefas y Jefes) desde 1998 hasta ahora (los seis años equivalen al plazo de prescripción de los delitos que podrían imputarse).
La conclusión es que 1040 efectivos cobraban o aún cobran algún programa para desempleados. El mayor fraude se detectó en el Ejército, donde 597 de sus integrantes –en su gran mayoría suboficiales– se beneficiaban de manera irregular. Aún falta auditar la Marina y la Fuerza Aérea.
En cuanto a las fuerzas de seguridad, los números son menores: 140 gendarmes, 153 prefectos y 150 policías federales en situación irregular. Aunque se detectaron dos subcomisarios y un oficial principal de la Federal, en su mayoría de trata de suboficiales.
En diálogo con Página/12, Marijuán explicó que se trata de casos individuales y no de un fraude cometido de manera general. “Las instituciones como tales no tienen nada que ver. Es más: sus titulares estuvieron al tanto de la investigación y colaboraron”, explicó el fiscal. Algo similar aclaró Fernández, responsable político de la Federal, la Gendarmería y la Prefectura. “Es importante separar a cada una de las fuerzas de los diferentes casos. Cuando el fiscal me contó lo que estaba haciendo, me reuní con los titulares de las tres fuerzas y les di instrucciones de que colaboraran al máximo, que se encontraron con él y le facilitaron los listados de personal”, agregó el funcionario.
De ahora más, Marijuán analizará en detalle los fraudes ya detectados. La causa que involucra a los integrantes de la Policía Federal quedó a cargo del nuevo juez federal Guillermo Montenegro; la de la Prefectura y la Gendarmería fue a parar al juzgado de Claudio Bonadío; y la del Ejército aún debe sortearse.
Además, el fiscal estudia la posibilidad de pedir una medida cautelar que ordene al Poder Ejecutivo suspender a los beneficiarios que no tienen respaldo documental en el municipio (es decir que no obtuvieron el plan del modo previsto) con la certeza de que las irregularidades se produjeron a través del Ministerio de Trabajo, especialmente durante las gestiones anteriores. La iniciativa podría generar problemas, ya que muchas organizaciones de desocupados y movimientos sociales manejan planes adjudicados de esta manera.
En cuanto a las penas, la figura más evidente es la de defraudación a la administración pública, aunque también podrían agregarse otros delitos: por ejemplo, falsificación o adulteración de documento público. Al margen de la cuestión judicial, también habrá que definir la situación de cada efectivo fraudulento dentro de su respectiva fuerza. “Cuando le expliqué este tema al Presidente me dijo que había que ir a fondo. La investigación es a cara de perro. Vamos a analizar caso por caso y en base a eso decidir. Eso no significa que tardemos veinte años: esta semana esperotener los casos identificados para poder decidir”, concluyó el ministro.