Por Daniel Enz
Desde Paraná

Las líneas por donde habrían funcionado los mecanismos del soborno en Entre Ríos para hacer caer el pedido de juicio político al gobernador Sergio Montiel, están apareciendo con el correr de los días. “Está claro que hubo un aporte del gobierno provincial, pero también otro, de mayor magnitud, del gobierno nacional”, reconoció un diputado a Página/12. En el primer escenario aparece el propio mandatario entrerriano, junto a operadores directos. En el otro, casi en el mismo nivel, surgen las figuras de Raúl Alfonsín, Augusto Alasino, Enrique “Coti” Nosiglia y el titular de UPCN, Andrés Rodríguez. Todos ellos avalados por el propio presidente Eduardo Duhalde.
Cuando Alfonsín se enteró de que Sergio Montiel podía ser destituido en el juicio político por mal desempeño, planteado por el Frenapo provincial, lo primero que hizo fue llamar al gobernador. El viejo caudillo entrerriano le contó de sus temores. Le explicó que estaban los 19 votos de los diputados para hacer lugar al dictamen de mayoría de juicio político y que en el Senado la situación iba a ser más difícil. “Ya intenté todo con los diputados y están cerrados. Ni siquiera quisieron aceptar la cabeza de funcionarios importantes, como moneda de cambio”, agregó. Se refería a la oferta del ministro de Salud, Rubén Villaverde, que puso a disposición las renuncias del titular de Gobierno y Justicia Enrique Carbó, del jefe de Policía Victoriano Ojeda, del secretario de Salud Guillermo Riolo y del asesor gubernamental Miguel Rettore, a cambio de sentarse a la mesa de diálogo. “No nos interesa. Ya es tarde”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Julio Rodríguez Signes, quien fue un aliado de Montiel hasta el primer año y medio de gobierno y estaba decidido a votar a favor del juicio político.
Alfonsín no dudó un instante en poner en funcionamiento la maquinaria para abortar lo que iba a suceder con su ex enemigo. Dejó de lado las bravuconadas de Montiel en 1993 –cuando salió con los tapones de punta en contra del Pacto de Olivos, por lo cual le hizo intervenir el partido desde el Comité Nacional– y se puso a trabajar como en sus mejores épocas. Convocó a dos personas clave. Primero acudió al ex ministro Enrique Nosiglia. “Hay que darle una mano a Montiel”, le dijo. Nosiglia fue determinante en el acercamiento de Montiel y Alfonsín, a poco de iniciada la gestión del gobernador entrerriano. Sucede que en la administración provincial existe un funcionario, muy amigo de Nosiglia y ex secretario privado de César Jaroslavsky en sus primeros tiempos de diputado nacional, que se lo pidió especialmente. Nosiglia no solamente hizo de nexo entre ambos, sino que, además, colaboró en varias instancias con el gobierno entrerriano, para destrabar varias cuestiones, cuando Fernando de la Rúa estaba al frente de la Nación. “Y pensar que Montiel odiaba a muerte a cada uno de los tipos de la Coordinadora”, se recordó.
La otra persona a la que llamó Alfonsín fue el ex senador nacional justicialista por la provincia Augusto Alasino. El conocido “Choclo” había decidido alejarse de la práctica activa de la política hace unos dos meses por un serio problema familiar que absorbe buena parte de su tiempo, por lo cual inclusive se tomó licencia en la presidencia del Consejo Provincial del PJ. Pero era consciente de que no le podía decir que no al ex presidente. Se hicieron muy amigos en 1994, durante la Convención Constituyente, cuando eran los respectivos presidentes de bloque. “Estoy con problemas, pero voy a poner a mi gente a trabajar”, le indicó Alasino.
Cuando Alfonsín fue hasta el propio Eduardo Duhalde y le dijo que estaba dispuesto a renunciar a su banca si llegaba a prosperar el juicio político contra Montiel, el mandatario lo tomó muy en serio. Sabía que peligraba el pacto con el radicalismo y Alfonsín le hizo especial hincapié en los problemas de gobernabilidad que se podían producir en otras provincias radicales como Catamarca, Río Negro, Chubut, Corrientes y Mendoza, en un efecto cascada, detrás del problema de Entre Ríos. Hay quienes sostienen que Duhalde no quiso llamarlo personalmente al senador nacional peronista por Entre Ríos Jorge Busti, porque en los últimos tiempos hubo un distanciamiento, por definiciones de Busti contra decisiones políticas nacionales, pero le hizo llegar el mensaje de su preocupación. “Yo en ésta no juego. El pedido de juicio político lo planteó el Frenapo y no tengo nada que ver. Tampoco voy a mover un dedo”, dicen que señaló. La mayoría de los diputados del PJ –por donde iba a ingresar el dictamen favorable de juicio político– responden a Busti, salvo puntuales excepciones.
–¿Y quiénes pueden no responder? –preguntaron.
–Hay dos evidentes: José Angel Allende, que es titular de UPCN en Entre Ríos, y Eduardo Félix Del Real, que está muy enojado con Busti y tiene buenos amigos en el sector de Alasino, aunque comenzó a participar de un nucleamiento que lidera el ex senador Héctor Maya.
A la caza del diputado Allende fueron desde dos puntas. Nosiglia no dudó en llamar a uno de sus amigos gremialistas, el titular a nivel nacional de UPCN Andrés Rodríguez, y le dijo que tenía que hacerle el favor de persuadirlo a su subordinado. “Es de mi palo, de mi riñón, pero es más hábil que vos y yo juntos”, contestó Rodríguez. Allende es el típico dirigente que tiene la particularidad de estar bien con Dios y con el Diablo al mismo tiempo y cuantas veces lo considere necesario. Su padre, Pablo Alejandro Allende, fue el apoderado nacional del Partido para la Democracia Social, que tenía como líder al ex almirante Emilio Eduardo Massera y luego, tras aliarse con el PJ, terminó como secretario privado de Herminio Iglesias.
A fines de la década del ‘80, el hoy diputado Allende se quedó con UPCN de Entre Ríos, después de dar lo más parecido a un golpe de Estado en el gremio, y en poco tiempo pasó a ser uno de los dirigentes sindicales de mayor patrimonio personal. Negoció con Busti en el final de su primera gestión, fue un incondicional de Mario Moine y luego volvió a pactar con Busti en su segundo gobierno y logró que éste lo avalara para ser luego legislador provincial del PJ, por el Departamento Nogoyá, pese a que siempre vivió en Paraná. La llegada de Montiel al gobierno no lo preocupó: a los pocos meses se transformó en uno de sus aliados, aprovechando la fuerte oposición de ATE a la administración radical.
“Está para hablar”, le dijo Rodríguez a Nosiglia. “Quiere que le solucionen algunas cosas en la provincia”, le acotó. Con esa información, Nosiglia pasó el aviso a la gente de Montiel y se puso en marcha el primer operativo seducción.
–A mí no me cumplieron en nada –dijo Allende casi a los gritos.
–¿En qué no le cumplimos? –preguntaron desde el Gobierno.
–Nunca me solucionaron el tema de la obra social. Me prometieron la intervención y el manejo absoluto, pero sigue en manos de ATE.
En el Gobierno no dudaron en solucionarle el pedido. La semana pasada, en el más absoluto silencio –porque no se mostró ni hubo anuncio público– el propio Andrés Rodríguez llegó a Paraná, se reunió en secreto con el gobernador y logró sacarle un decreto con el cual se anularon las elecciones en la obra social Iosper. El decreto firmado el viernes pasado por Montiel y el ministro Carbó se terminó de redactar en el propio gremio de UPCN. “Me lo reconoció Allende en persona”, dicen que señaló Rodríguez Signes. La medida iba a ser el paso previo a la intervención de la obra social, con un único objetivo: colocar a su frente a un referente de UPCN.
Después que le hizo firmar todo a Montiel, Allende dejó la duda sobre qué iba a votar. “Tengo las elecciones próximamente, quiero la reelección y no puedo quedar como un aliado del gobernador”, indicó. “Pero voy a ayudar, no se preocupen. Puedo incidir sobre alguien y si hay que poner el cuero, lo pongo. Yo tengo códigos”, acotó.
Los hombres del Gobierno se preocuparon y pensaron en seducir a otros diputados del PJ. Fueron tentados Emilio Castrillón (La Paz), Héctor Alanis (Paraná Campaña) y José Ferro (Uruguay). El primero de ellos rechazó de plano cualquier oferta. Al segundo, ex vicegobernador de Busti en el segundo gobierno, le advirtieron sobre la denuncia penal que pesa sobre sus hombros por la no justificación de 22 millones de pesos en el Senado, que estaba bajo su órbita, y por el crecimiento millonario de uno de sus colaboradores directos. Pero no les demostró demasiada importancia.
Al tercero acudieron porque hacía varios días que no concurría a las reuniones de comisión de Diputados. “Este debe estar dudando”, pensaron. En realidad, se encontraba aquejado por una culebrilla en el cuerpo, que todavía lo tiene a mal traer y lo tuvo más de una semana en cama. El primero que llamó fue el senador provincial Eduardo Cinto, primo hermano de Alasino. “Te llamo para ver cómo arreglamos esto. No puede prosperar el juicio político contra el gobernador. ‘El Choclo’, por su problema familiar, me dejó encargado a mí de estas negociaciones. Tratemos de verle pronto una salida”, dijo. Ferro no le dio mayor diálogo al operador alasinista, que siempre representó más los intereses del Gobierno que los del propio partido.
Ferro se sorprendió cuando otro diputado de su bloque le dijo que el presidente de la bancada radical, Ricardo Troncoso (Departamento Tala), quería hablar urgente con él. Troncoso llegó a su casa, en la pequeña localidad de Basavilbaso –tierra de gauchos judíos–, en la noche del domingo 14. Es decir, casi 48 horas antes de la sesión plenaria en que se iba a tratar el dictamen de juicio político. Lo hizo en el auto oficial de la Cámara baja, un Seat color rojo y acompañado de un oficial de policía, que lo esperó en el vehículo. Ferro se levantó de la cama y lo atendió en pantuflas en una salita. “Vengo de parte del gobernador y a hablar con vos sobre el juicio político. No podemos permitir que se haga un golpe como el que se quiere hacer. Y vos sabes que detrás de todo esto está Busti”, le indicó. “Yo estoy autorizado por el gobernador, para que me digas de cuánto es el arreglo que querés que hagamos”, añadió. También lo sorprendió cuando le contó que el gobernador le dijo que ya “había hecho un adelanto”, aunque no le especificó a qué diputado. Ferro lo miró a los ojos y lo cortó en seco: “Te equivocaste conmigo”. Troncoso saludó y se fue.
La operación Alfonsín-Alasino
Alfonsín no se movió de Capital Federal, pese a que en un momento se dijo que estaba dispuesto a descender a Paraná y hablar personalmente con los diputados díscolos. En los días previos al dictamen favorable de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, llamó personalmente al titular del cuerpo, Rodríguez Signes, y al radical Hernán Burna, oriundo de Chajarí, en el Departamento Federación. Este último integra la Comisión de Juicio Político, es un aliado de Rodríguez Signes y está distanciado de Montiel desde el año pasado. También llamaron Nosiglia, Leopoldo Moreau y Jesús Rodríguez. “¿Vos, que hiciste cuanto pacto se te cruzó por la cara, que perdieron las elecciones, que avalaron todo lo realizado por De la Rúa y ahora son aliados de Duhalde, tenés cara para llamarme, cuando lo único que estamos llevando adelante es un mecanismo constitucional?”, preguntó, ofuscada, la diputada Ana D’Angelo, integrante del bloque disidente de Intransigencia para el Cambio.
Cuando quedó en claro que los llamados de los alfonsinistas no avanzaban, Montiel ordenó que bajaran sus funcionarios más cercanos para intentar el diálogo, pero también se dieron de bruces.
Ese viernes 12 existieron las más variadas sorpresas. La primera fue la imprevista aparición de Nosiglia en Paraná, que coincidió con la presencia del dirigente Andrés Rodríguez de UPCN. Estuvo por pocas horas, por lo cual no quedó registro de su presencia en ningún hotel. Pero también hubo quienes observaron que tanto Nosiglia como Alasino –dos de los principales protagonistas del sonado caso de las coimas del Senado, para aprobar la flexibilización de la Ley Laboral– se reunieron en una vivienda en las adyacencias de la capital entrerriana.
Esa misma noche, Montiel, en un canal local, tuvo una frase que sorprendió a los diputados: “Usted sabe que el Gobierno permitiría que yo comprara mucha gente si quisiera comprarla, para quedarme en el Gobierno. No es difícil, pero yo no hago eso, yo cumplo con lo mío, tengo mi conciencia tranquila y duermo tranquilo, aunque estoy tensionado con las cosas que ocurren”. Al día siguiente, en el Congreso Provincial de la UCR, Montiel llamó la atención por el énfasis que puso en un aspecto: la necesidad de recalcar que estaba haciendo un gobierno honesto. Lo dijo por lo menos en siete oportunidades. “Podrán acusarme de cualquier cosa, menos de cuestiones deshonestas en mi gobierno”, remarcó, buscando distanciarse de las denuncias penales que pesan sobre el propio Jorge Busti y varios de sus ex colaboradores.
El que más avanzó fue Alasino. “Yo les aseguro el voto en contra del diputado Félix Del Real y si prospera en el Senado, mi primo Eduardo Cinto votará a favor de la continuidad de Montiel”, les vaticinó. La tarea de persuasión se la encomendó a su entrañable amigo y principal operador político, Eduardo “Gorila” Jourdán, que en esos días era el prosecretario del bloque de senadores provinciales del PJ y oriundo del Departamento Colón. El conocido operador –que siempre aparece en los medios defendiendo la política montielista– hace un tiempo que “está queriendo cobrar un juicio que tiene pendiente con el Estado entrerriano”, reconoció un diputado del oficialismo, que no pudo precisar mayores detalles. “Aunque todo por derecha, por su condición de abogado”, agregó.
Jourdán habló con Del Real y le contó lo que sucedía. El operador no desconocía el distanciamiento del diputado con el ex gobernador Jorge Busti. “Hay distancia y mucha bronca”, se graficó. Del Real mantuvo una conversación con Alasino para pedirle garantías. “Yo no quiero jugar solo y quisiera algo de protección, porque seguro me van a expulsar del partido”, le reclamó. Alasino lo convenció con sus argumentos. “Si lo sacan a Montiel se viene un fuerte achique del Estado, el congelamiento de la antigüedad y el despido del 30 por ciento de los empleados públicos. Además, vos sos consciente que detrás de todo esto está el Jorge”, le acotó.
En el bloque del PJ comenzaron a observaron algunos movimientos extraños. Sorprendía el silencio de Del Real, que la semana pasada participó y opinó en una reunión de tres horas incluso cuando se analizó qué iba a suceder con la asunción del vicegobernador Edelmiro Pauletti, al ser suspendido Montiel. No obstante, había elementos de tranquilidad. Raúl Solanas (PJ-Paraná), hermano del diputado nacional Julio Solanas, recordaba, por ejemplo, que un mes antes había participado junto a él de un encuentro en la Departamental del PJ Uruguay. Allí Del Real se pronunció a favor del juicio político y su opinión quedó grabada en una cinta.
Ese mismo viernes, Del Real le dijo a varios diputados que no estaba convencido del juicio político a Montiel. Incluso se lo manifestó al titular del bloque, Sergio Urribarri (PJ-Concordia), además de indicarle que le preocupaba la injerencia de Busti en el tema. “Y yo estoy cansado de las traiciones de ustedes”, le acotó. Y les agregó: “Voy a estudiar bien el tema y la semana que viene tendré una opinión formada”. Cuando llegó a Colón se encontró con que le estaban imputando que iba a “cobrar una valija” de dinero. A los pocos minutos se enteró que la operación se la estaban haciendo desde el bustismo.
El lunes no hubo mayores movimientos en el bloque del PJ. “Tengan cuidado con Del Real”, les advirtió el asesor del bloque del PJ, Eduardo Marín. Nadie le dio demasiada importancia, aunque todos tenían la edición del diario Uno, donde Del Real marcaba cierta distancia y generaba dudas con su voto. Pero tampoco les movió un pelo a varios de los diputados.
Del Real llegó a Paraná el martes a la mañana. Allende, Héctor Alanis (PJParaná Campaña) y Ferro hablaron de inmediato con él. “Nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que nos iba a acompañar con su voto”, indicó Solanas. Esa misma mañana sorprendieron otros detalles. Por un lado, cerca de las 11 llegó una directiva del Poder Ejecutivo a la Jefatura Central de Policía, de que había que disponer de una custodia a la familia de Del Real en Colón. Nadie sabía por qué. Por el otro, en Diputados se enteraron que había llegado un enviado del propio presidente Duhalde “para terminar de negociar”, pero no se pudo saber quién fue ése representante ni cuál era su cometido. “Es un operador importante”, se indicó.
El primero en llegar al recinto fue Del Real, quien no había participado de la reunión de bloque de las 16.30. Hubo quienes señalaron que fue observado al salir del bloque radical, lo que no pudo ser confirmada. Detrás de él apareció Emilio Castrillón (PJ-La Paz) en el recinto. La zona de barras estaba únicamente ocupada por militantes radicales y funcionarios de segunda línea, aunque los pasillos estaban cubiertos de colaboradores directos de Montiel. “Muchos de ellos estaban armados, por temor a lo que pudiera pasar”, confesó una alta fuente.
–Te dejé un mensaje en el celular –le dijo Solanas, apenas lo vio.
–Quedate tranquilo, está todo bien –contestó Del Real.
El diputado Luis Márquez (PJ-Victoria) lo miró a Solanas y le hizo un gesto de tranquilidad. Pero la calma se perdió cuando bajaron al recinto cuatro diputados de la Alianza: Ricardo Troncoso, Rubén Maín, Alvaro Guiffrey y Marcelo Maidana. Muchos de ellos habían anunciado que no estaban dispuestos a dar quórum y sorprendieron con su llegada. “Cuatro funcionarios y el gobernador son los únicos que saben qué está pasando”, reconoció una fuente del oficialismo. Montiel estaba en su despacho y permaneció hasta las 21. Estaba demasiado tranquilo, indicaron.
Todos esperaban que a la hora de la votación nominal se levantaran los radicales y dejaran sin quórum la sesión. Poco antes de la votación, le sonó el celular al diputado Allende. “Quedate tranquilo, Andrés, está todo arreglado”, respondió. Lo escucharon por lo menos dos diputados de su mismo bloque, que dedujeron que hablaba con Andrés Rodríguez. Pasaron segundos y sonó el celular del diputado radical Troncoso. Alguien lo tranquilizó. Troncoso le ordenó a su compañero de bancada, Marcelo Maidana, que no se levantara. Maidana hasta había juntado todos los papeles para irse.
“Voto por la negativa”, dijo Del Real y fue como un balde de agua fría que cayó sobre los legisladores del PJ. Faltaban escasos minutos para la una de la madrugada y el público radical presente estalló en un grito. Fue tal la sorpresa que ninguno de los diputados del PJ se dio vuelta para recriminarle lo que había hecho, ni optaron por levantarse de sus bancas –en esa votación nominal– para dejar automáticamente sin quórum la sesión y ganar un día en la estrategia. La votación terminó 18 a 3 y no alcanzó.
Del Real salió en andas, con la custodia del ministro de Gobierno y supervisado por uno de los más altos funcionarios de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Lo llevaron hasta una puerta, donde lo estaban esperando y de inmediato viajó a Santa Fe. Cenó y siguió viaje a Capital Federal, donde tenía prevista una reunión con Alasino. A Buenos Aires también viajó, esa mañana, el diputado Allende.
El fantasma del soborno comenzó a rondar esa misma noche. Del Real fue expulsado del bloque y ahora quizás también sea destituido de la Cámara Baja. El operador alasinista Jourdán fue cesanteado en el bloque de senadores del PJ, cuando Del Real reconoció públicamente que era de las pocas personas que conocían cómo iba a votar. La Justicia inició una causa de oficio y los diputados del PJ comenzaron a denunciar, con lujo de detalles, cada una de las ofertas que hubo desde el Gobierno. Mientras tanto, Montiel insistió: “Somos ajenos a toda esta cuestión de las denuncias de soborno, ya que es un problema de los legisladores y de los partidos”. Fue el único que salió públicamente a negar el soborno. Pero nadie le creyó.