El Plan para Jefas y Jefes de Hogar (en adelante JJDH) fue urdido para evitar un estallido social. Nació con una marca de fábrica, la de consagrar su carácter universal, apto para ser exigido por todo aquel que reuniera los requisitos legales. Al poco tiempo de apertura, en mayo de 2002, ese principio se dejó en suspenso: había demasiados inscriptos, la plata no alcanzaba. A más de dos años vista, es palmario que el Plan es, al mismo tiempo, insuficiente e imperfecto. Hay varias propuestas dentro del Gobierno, con un piso de consenso: un nuevo sistema debe abarcar a los desempleados con virtualidades para reinsertarse en el mercado de trabajo y a aquellos que no tienen siquiera esa posibilidad. Queda abierta la discusión por la reimplantación de un régimen universal, postura hoy minoritaria en el oficialismo.
Entre los proyectos en danza hay algunos comunes denominadores. El primero es que el universo de los JJDH no agota el inventario de los necesitados. El segundo es que los desempleados no son un conjunto uniforme, algo en lo que coinciden funcionarios de Desarrollo Social, de Economía y de Trabajo. Unos son los que, a falta de mejor expresión, llamaremos empleables. Son aquellos que por tener destrezas y capacitación previa pueden llegar a conseguir trabajo. Otros son personas que, por falta de educación básica, de experiencia mínima, carecen aún de chances de ser convocados.
Para los empleables, Trabajo viene elaborando un proyecto de seguro de desempleo con capacitación aspirando a salida laboral. Es similar al de otros países. Incluye la carga de capacitarse y de aceptar empleos, si son ofrecidos. Se concedería por un plazo determinado, acaso un año eventualmente ampliable, y reconociendo a los beneficiarios una mesada que podría llegar a 300 pesos, el doble de lo que cobran los Jefes y Jefas. Trabajo aspira a extenderlo a 500.000 beneficiarios. Para dar una idea de a quién se considera “empleable”, el seguro sería para desocupados mayores de 50 años con aportes jubilatorios hechos (esto es, que hayan tenido trabajo formal) y menores de 50 años con experiencia en el sector informal. Los hechos demuestran que los trabajadores sin experiencia ni capacitación no tienen demanda en el mercado de empleo.
Así avanzara el seguro de desempleo –que requeriría mayores recursos para el pago del subsidio y para la capacitación o reeducación– queda pendiente el conjunto más desamparado, aquel no empleable. Para éste se bifurcan las propuestas. Un conjunto de “no empleables” debería seguir recibiendo algo similar al JJDH, reconocen en Gobierno.
Además, se piensa en un programa especial para madres con varios hijos a cargo. En estos días, se difundió periodísticamente un supuesto proyecto de Caritas para dotar de una asignación familiar por hijo a estas Jefas de Hogar y desactivar el JJDH. La noticia no es certera, pues Caritas no ha urdido plan alguno. Pero es cierto que, en Caritas junto a otras ONG (en el marco del Consejo Consultivo nacional de políticas sociales), mociona una decisión en ese sentido, idea que tiene algunos paladines entre funcionarios de Desarrollo Social.
La principal contraprestación de un proyecto de ese jaez sería exigirles a las beneficiarias educar, socializar y atender la salud de sus hijos. Esto es, cumplir con el mayor aporte que pueden hacer a la sociedad en su conjunto. Eventualmente, podrían añadir alguna tarea no lucrativa ligada a esa prioridad: participar en comedores o guarderías comunitarias por ejemplo.
La ventaja de centrar la ayuda en ese sector específico es que es muy difícil que se suscite rechazo social. Otro motivo de adhesión, que nadie menciona pero que tiene su peso, es que esos planes (focalizados en núcleos específicos de población vulnerable) son los que propugnan el Banco Mundial y otras agencias internacionales. Su límite es que deja afuera a mujeres con pocos hijos y a hombres no empleables. Amén de que, por no abarcar a toda la población necesitada, no termina con el clientelismo.
La mejor solución sería un nuevo subsidio universal poniendo la mira –no como el JJDH en el desempleo– sino en la pobreza, comenzando por la indigencia. La exclusión en la Argentina no es sólo (quizá ni principalmente) un problema de ocupación sino de ingresos. Una asignación familiar básica por hijo, para jefe de familia del país (empleado o no) podría ser la herramienta más apta para empezar a revertir la tendencia. En oficinas oficiales se propone implantar una asignación familiar universal de 40 pesos por hijo, mucho más baja y accesible que la que impulsa la CTA. Con los fondos actuales podría bancarse para todos los habitantes, si la asignación se otorgara a los padres hasta que los chicos cumplan 12 años. Para llegar a cubrir 18 años, una meta más sensata y justa, haría falta un esfuerzo adicional, para nada inalcanzable con la actual solidez fiscal. Con fluctuaciones, esta postura reúne adeptos en Desarrollo Social y en Trabajo, adhesión que agrega valor tomando en cuenta que son funcionarios conocedores del tema.
El planteo, superador, no obtiene mayoría en la Rosada y zonas aledañas. El frente del rechazo abarca al Presidente, a Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Alicia Kirchner, para empezar. Un primer escollo es el económico-financiero y ciertamente amerita un debate riguroso. Otros argumentos, menos atendibles, añaden una frutilla al criterio de caja. El más socorrido alerta sobre el riesgo de atentar contra la cultura del trabajo, fomentando la del subsidio. Es un criterio enojoso siendo que se reconoce que el trabajo es un futuro vedado para muchas personas de carne y hueso. En voz más baja, se agita el fantasma del desacuerdo de “la clase media”, amnésica ya de la utopía de la alianza entre piquetes y cacerolas.
Sin embargo, la restauración (o el reestablecimiento) del principio universal es una deuda del Estado y de la sociedad argentina. La pobreza y la indigencia no se resolverán con el desarrollo virtuoso del actual programa económico. Y un ingreso mínimo es un requisito ineludible para una cabal ciudadanía en el siglo XXI.
Claro que hay otro escollo que nadie verbaliza, que hace a “la lógica de la política”: los derechos universales limitan el clientelismo y la presencia oficial. Ninguna fuerza política tradicional renuncia graciosamente a ese “recurso”, y el PJ no es la excepción. Eduardo Duhalde transigió con el principio universal, entre las muchas cosas que resignó o negoció para mantener un poder muy precario. Como fuera, instaló un principio más que valioso que se ha venido desbaratando. Pero fue en la emergencia, con la espada de Damocles del estallido social. Regresada cierta normalidad, el duhaldismo detecta que su organización sufriría un desagio sensible si se universalizaran los ingresos de los más humildes.
Diferenciado del duhaldismo en su discurso y en buena parte de su praxis, el kirchnerismo tampoco luce dispuesto a renunciar a la tentación de seguir manejando la ayuda social, así sea con mayor transparencia y muchos más recursos. Eso garantiza presencia territorial, cierta discrecionalidad, actos en el Salón Blanco, entrega de beneficios. Un salto de calidad de la política social puede resentir en el corto plazo modos convencionales de acumulación. El futuro es abierto. Por ahora, en el sensible terreno de la acción social, el kirchnerismo no ha producido un cambio cualitativo respecto de lo hecho por el duhaldismo, ese enemigovio del que es tan difícil desprenderse y, a veces, hasta diferenciarse.