Raúl Castells recibió la noticia en la cama que ocupa desde hace dos semanas en el hospital Julio C. Perrando de Resistencia. La Cámara del Crimen del Chaco rechazó ayer el segundo pedido de excarcelación que habían presentado sus abogados. El fallo que fue dividido lo obligará a seguir preso por lo menos hasta el inicio del juicio oral por la ocupación del casino Gala. Según los letrados que conocen el caso, eso ocurrirá recién en febrero o marzo de 2005. Castells, con 20 kilos menos tras 37 días de huelga de hambre, reaccionó con el todo o nada: retomó la huelga “seca” que había realizado la semana pasada. El piquetero dejará de tomar bebidas en momentos en los que su estado físico ya es bastante delicado: “No le funciona un riñón y está orinando menos de lo necesario. Hay riesgos de infarto”, informó su abogado, Sergio Quiroz. “Moriré con el orgullo de haber sido un socialista fiel a sus ideales, de haber luchado por los pobres”, aseguró Castells.
La resolución de la sala 1 de la Cámara del Crimen confirmó la prisión preventiva que había dictado la jueza de Garantías, Susana Gutiérrez. Las camaristas Glenda Vidarte y Zulema Chavarría votaron a favor, argumentando que hay que diferenciar “el conflicto social de la situación concreta que habría afectado bienes de terceros”. En cambio, el otro miembro del tribunal, Alejandro Palmetler, se manifestó a favor de conceder la excarcelación: dijo que el ingreso de los piqueteros al casino Gala de la capital chaqueña no constituyó delito. La posición de Palmetler coincide con un fallo anterior del fiscal subrogante que actuó en la causa, de apellido Müller, quien también consideró que en la ocupación del casino por los desocupados no hubo delito.
El fallo de la Cámara confirmó los argumentos de la fiscal que actuó desde un principio, Noemí Riera, y de la jueza Gutiérrez, quienes habían rechazado la excarcelación. El piquetero está acusado del delito de extorsión (artículo 168 del Código Penal), cuya pena varía entre 5 y 10 años de prisión. El 16 de julio pasado, Castells encabezó la ocupación del casino Gala que en el Chaco adjudican a un importante dirigente radical en reclamo de comida para los desocupados. Junto con otros seis dirigentes, el líder del MIJD fue acusado de extorsión. A mediados de agosto, todos fueron citados a indagatoria: los otros seis presentaron un recurso ante la Cámara planteando que no habían cometido delito alguno y que la empresa no había hecho ninguna denuncia. Sus abogados consiguieron que siguieran en libertad mientras no dejen la provincia.
A diferencia de los otros imputados, Castells no respondió a las citaciones de la Justicia. Fue declarado en rebeldía y se pidió su captura. Fue detenido en Santa Fe el 25 de agosto último. Tras unos días sin nombrar defensor, designó a Quiroz y a Mario Bosch, dos abogados vinculados a organismos de derechos humanos. Una de las primeras medidas fue pedir que Castells recibiera el mismo beneficio que los otros imputados, la excarcelación: la jueza se negó con el argumento de que el piquetero no había cumplido con las citaciones previas de la Justicia y que tenía antecedentes por otros delitos. El dirigente del MIJD había estado en la cárcel por reclamar alimentos en hipermercados del conurbano. Castells ordenó ayer a un grupo de piqueteros de su movimiento que formaran un cordón para evitar que le suministraran suero por la fuerza. La directora del hospital había solicitado una medida de protección de persona con ese fin. Todo indica que Castells seguirá detenido hasta febrero o marzo. “Esto es una clara persecución política que se me hace desde la Casa Rosada. Es una condena a muerte”, acusó ayer Castells en diálogo con Página/12 desde la sala 16 del hospital Perrando.
¿Cómo se encuentra de salud?
Llevo 37 días de huelga de hambre y he perdido 20 kilos de peso. Eso se resiente en el estado físico, en el cuerpo. Pero lo más grave de todo esto es el escándalo que significa la persecución política, el terrorismo de Estado bajo formas democráticas. En ese momento hay 47 presos políticos y4600 procesados por la lucha popular. Es la cifra más alta desde el ‘83. ¿Por qué usted está detenido y los otros imputados están libres?
Es una buena pregunta, que todos se la pregunten. Porque si hacemos algo, en igualdad de condiciones, es delito para todos. Detrás de esto hay una decisión política. En el Gobierno ya sabían de la orden de captura. A mí me metieron preso el 25 de agosto. El 22 de agosto en los diarios decían que en la Casa Rosada estaban discutiendo si nos metían presos o no. Leíamos en el diario lo que nos iban a hacer después.