El ex presidente Eduardo Duhalde no se rinde: insistió ayer en que “algún día habrá que discutir” el rol de las Fuerzas Armadas en el país abriendo nuevamente la puerta para que los militares intervengan en la lucha contra el delito. Esta vez fue apenas minutos antes de que el ex candidato a jefe de Gobierno porteño y futuro postulante a algo, Mauricio Macri, dijera por la misma radio que “es producto de la estupidez ideológica” que “nos limita, pero es una obviedad que, por ley, las Fuerzas Armadas pueden participar en apoyo logístico”. La semana pasada, el ministro de Defensa, José Pampuro un hombre que proviene del riñón duhaldista se vio en la obligación de salir al cruce del caudillo bonaerense y aclarar que la intervención castrense en seguridad interior “no se puede realizar (por las leyes de Seguridad y Defensa), ni tampoco acompañamos la idea”. Ayer el ministro optó por no alimentar la polémica.
“Algún día se deberá debatir cuál es el rol de las Fuerzas Armadas que, por suerte, han perdido las hipótesis de guerra tradicionales que tenían en nuestros vecinos a los potenciales enemigos”, abundó el ex presidente y se reprimió al momento de precisar los nuevos “roles” porque “en su momento declaraciones mías levantaron polvareda, y eso es lo que menos quiero ahora, en momentos tan especiales, tan difíciles”. El líder de Compromiso para el Cambio se mostró más urgido por la convocatoria a los militares y consideró que “es evidente que (en ese sector) han entendido la importancia de vivir en democracia y que no hay ningún riesgo de ruptura institucional”.
La insistencia de Duhalde cuadra con la línea que baja directamente desde Washington en cada cumbre de ministros de Defensa de América: la necesidad de borrar las fronteras entre defensa y seguridad. El argumento es la lucha contra las “nuevas amenazas”, como el narcoterrorismo. Una vez habilitada la vía, la circulación podría ampliarse. El razonamiento viene atado a una sospecha genérica que lanzó Duhalde la semana pasada sobre que la actuación de un sector de la guerrilla colombiana, las FARC, “pueden haber perforado algunos estamentos gremiales y políticos en la Argentina”. Siguiendo el razonamiento, en el Edificio Libertador completan que “también se está hablando de que las FARC están ‘exportando’ la industria del secuestro a países como Brasil y la Argentina”. Pampuro negó esa hipótesis.
Justamente, como titular de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, el ex presidente dijo que “el 75 por ciento de los secuestros en el mundo están en nuestro territorio” (en referencia a América del Sur) y adelantó que, si bien “no hay cifras exactas, se calcula que hay entre 4 y cinco mil personas secuestradas en Sudamérica: es algo pavoroso, los datos son escalofriantes”. En ese contexto, señaló que el presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva “está convocando a una reunión” a pedido de su par colombiano, Alvaro Uribe, para tratar el tema.
Duhalde retomó la idea de militarizar la lucha contra el delito después de reunirse hace dos semanas con Lula. Pero entre la organización institucional y militar de ambos países hay diferencias sustanciales: la Argentina cuenta con la Gendarmería, una fuerza de seguridad con entrenamiento militar que cumple un rol de “ejército interior” según definen desde las mismas Fuerzas Armadas, organización que no existe en Brasil, donde directamente convocaron a los militares para combatir el tráfico de drogas. El ministro de Defensa de Brasil le pidió a Pampuro información sobre la Gendarmería con la intención de crear una fuerza semejante. Pero esa información es soslayada por el ex presidente.
Los empresarios bonaerenses enrolados en la Confederación Económica de la Provincia (Cepba) presidida por Aladino Benassi, apoyado por Duhalde y la Federación Económica Bonaerense (Feba) dirigida por el ex senador provincial justicialista Raúl Lamachia vienen bregando por la convocatoria a los militares y, conocedores de las normas vigentes, pidieron la declaración de estado de sitio. La ley 24.059, promulgada en1992, sólo justifica la participación de las Fuerzas Armadas bajo ese estado de excepcionalidad dispuesto por el Presidente y avalado por el Congreso.
A mediados de abril, cuando acababa de asumir León Arslanian como ministro de Seguridad bonaerense, Pampuro inició contactos con el fin de avanzar en un apoyo “logístico”. Se evaluó la posibilidad de que se utilizaran helicópteros militares, cuarteles inoperantes para transformarlos en cárceles y coordinación en comunicaciones. Los organismos de derechos humanos cuestionaron, a través de solicitadas, esa posibilidad reafirmando “nuestra convicción sobre que las Fuerzas Armadas no deben ocuparse bajo ningún concepto, ni en ninguna circunstancia, de la seguridad interior”. Ayer, en Defensa, señalaron que esos contactos quedaron en la nada.