La Justicia chaqueña ordenó la liberación de Raúl Castells, quien de todas maneras deberá permanecer en el hospital Perrando hasta recuperarse de los efectos de la huelga de hambre que mantuvo durante 39 días. Con 20 kilos de menos, el dirigente confirmó anoche personalmente la noticia a los canales de televisión y aseguró que quiere quedarse a vivir en el Chaco. La medida se logró por un acuerdo entre la fiscalía y la mediadora del Poder Judicial Mercedes Sotelo de Stori, quienes actuaron ante el agravamiento del estado de salud del dirigente. Horas antes de la decisión los médicos habían advertido que Castells había entrado “en insuficiencia renal aguda” por lo que su vida corría peligro.
El titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados pasó 57 días preso, acusado de extorsión por haber ocupado el casino Gala para pedir comida. Los tribunales habían rechazado dos solicitudes de excarcelación, con la pretensión de que tuviera que esperar el inicio del juicio oral en prisión. El último rechazo ocurrió el martes pasado y ante él Castells había resuelto dejar de tomar líquidos.
Ayer, sus médicos Jorge Belzor Miño y Rodolfo Amado Sobko habían alertado que por la insuficiencia renal, a partir del lunes el piquetero entraría “en rango de muerte”. Agregaron que amén del peligro de que sus riñones dejaran de funcionar estaba el de un posible infarto. El cuadro puso al hospital en una situación compleja, ya que abría la pregunta sobre en qué momento debía intervenir para resguardar la vida del paciente.
La situación obligó a una toma de posición en materia bioética. Por la tarde, varias horas antes de que se resolviera la liberación del detenido, la jueza del Menor y la Familia de Resistencia, Fresia Pedrini, dispuso que el hospital no debía alimentar a Castells por la fuerza y que debía limitarse a “intensificar sus cuidados”.
Un equipo del Perrando llamó de manera simultánea a una junta en la que los médicos personales del detenido también participaron. Los profesionales coincidieron con la Justicia al concluir que forzar la voluntad de Castells implicaría riesgos mayores que los que ya corría. De todas formas, el equipo había hecho la reserva de que intervendría en el caso de que el paciente se descompensara y perdiera la lucidez. La postura fue resuelta de acuerdo a la ley nacional de bioética, que establece que una persona mientras se encuentre en estado de lucidez tiene derecho a decidir por sí misma y oponerse a cualquier forma de intervención médica forzosa.
Durante la jornada, Castells había cosechado nuevos respaldos, incluido el de Carlos Menem, con quien mantuvo un sorprendente diálogo radial (ver aparte). En un comunicado de prensa firmado por el secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT), el judicial Julio Piumato, la central sindical se había solidarizado con su situación. “La detención del compañero es a todas luces una decisión arbitraria, inconsistente, ajena al modelo de Justicia que reclama el pueblo y sin ningún sustento legal.” La CTA también había dado a conocer un repudio en el que consideró que el proceso estaba “viciado de un enfoque que intenta resolver los problemas sociales con el Código Penal”.
“Me gustaría quedarme a vivir acá”, dijo el líder del MIJD, disminuido físicamente, en sus primeras declaraciones. El dirigente anticipó que una de sus primeras medidas una vez que se recupere será visitar “los basurales donde los chicos chaqueños buscan qué comer” y el lugar donde ocurrió la Masacre de Margarita Belén.