La insistencia del ex senador Eduardo Duhalde en reclamar la reasignación de tareas policiales a las Fuerzas Armadas proviene del Comando Sur de los Estados Unidos y del presidente colombiano Alvaro Uribe. El ex ministro bonaerense de justicia, Jorge Casanovas, reclamó que se modificaran las leyes para permitir el cambio de roles, lo cual indica la diversificación de frentes de la maniobra duhaldista, de ostensible intencionalidad política. El jueves, mientras aguardaban la iniciación del acto en el astillero Río Santiago, donde se reparará la Fragata Libertad, media docena de almirantes se reunieron en un camarote con el ministro de Defensa José Pampuro y le expresaron que no querían ser involucrados en tareas que los aparten de su misión. Al salir, Pampuro reiteró que el gobierno no promovería la enmienda de las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia nacional, sancionadas como expresión de acuerdos básicos entre las principales fuerzas políticas del país en 1988, 1992 y 2001. Pampuro encomió la profesionalización militar, en la defensa nacional y las misiones de mantenimiento de la paz o estabilización, bajo mandato de las Naciones Unidas. Pero, a diferencia de la semana anterior, evitó una polémica directa con Duhalde. Según fuentes del ministerio de Defensa, el presidente Néstor Kirchner le había pedido que eludiera una discusión con el ex senador.
Kirchner no desea facilitar la provocación evidente en esas intervenciones, en un momento en que hay personas privadas de su libertad y una sensibilidad social muy exacerbada con el tema. También prefiere no tensar la relación con Estados Unidos en pleno cierre de la negociación con los tenedores de títulos de la deuda pública en mora. Sin aprobación presidencial no existe la menor posibilidad de descuajeringar el marco normativo que en las últimas décadas ha ido solidificando el piso para la profesión militar, donde antes había la ciénaga de la dictadura y el terrorismo de Estado. En esas condiciones, carece de utilidad para el gobierno la polémica que Duhalde quiere provocar, con la ilusión de erigirse en el garante y referente de todas las derechas, dentro y fuera del peronismo. Duhalde aprendió esa estrategia de Carlos Menem. Pero, a diferencia del ex presidente, que no tenía complejos de inferioridad y convocaba a personalidades representativas de esas tendencias, como los Alsogaray, Oscar Camilión, Julio Oyhanarte o Domingo Cavallo, Duhalde se desplaza con una runfla de asesores de tal mediocridad que el rol del intelectual lo desempeña Eduardo Amadeo. El bajo perfil de la respuesta gubernativa ante esta armada brancaleone es una demostración de fuerza.

Mar afuera

Ante una pregunta para este artículo, el Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Jorge Godoy, recordó la discriminación legal entre defensa nacional y seguridad interior y dijo que los marinos quieren dedicar todos sus esfuerzos a la custodia de la soberanía y la preservación del patrimonio nacional en el mar. Como la Argentina es un país insular, con extensos litorales y una de las plataformas continentales más extensas del mundo, “con eso tenemos mucho para hacer. Mi ambición es que la Armada pase 365 días por año en el mar”. Godoy agregó que la actuación naval en casos de secuestros no le parecía viable porque tampoco sus organismos de inteligencia están preparados para ocuparse de esas cuestiones. “Las Fuerzas Armadas son letales, no pueden emplearse en un contexto civil”. Para Godoy, quien no mencionó a Duhalde, el empleo de las Fuerzas Armadas para combatir el delito común en el conurbano es una idea “más efectista que efectiva”.
La misma posición se ha generalizado en el Ejército. Su Jefe de Estado Mayor, teniente general Roberto Bendini, reiteró que la legislación vigente no permite la actuación militar en la seguridad interior.
–Desde un punto de vista técnico ¿el Ejército estaría en condiciones de actuar contra el delito?
–No. El Ejército no tiene capacidad para eso. La actuación contra el delito exige una preparación, un equipamiento y un despliegue territorial distintos.
–¿Y posee recursos ociosos para eso?
–Los pocos recursos ociosos que tenemos tratamos de utilizarlos. Por ejemplo, estamos firmando convenios con algunos municipios para perforar pozos en busca de agua y pusimos en venta algunos predios que no usamos. Pero no tenemos ni personal ni elementos disponibles para una función distinta a la defensa nacional contra eventuales agresiones externas –respondió ante las preguntas para este artículo.
La pretensión de Duhalde ni siquiera despierta entusiasmo entre quienes fueron sus colaboradores más próximos en este campo. El ex secretario de Seguridad y ex ministro de justicia de su administración interina, el actual diputado Juan José Alvarez, respondió a una pregunta para esta nota: “La intervención militar en estos temas es ilegal, innecesaria y peligrosa. Está contemplada en las leyes como un recurso excepcional, que no puede naturalizarse sin graves riesgos”. Alvarez descartó que las leyes vigentes pudieran ser modificadas por el Congreso.

¿Lula o Uribe?

Duhalde atribuyó la preocupación por el tema al presidente brasileño quien, dijo, convocaría a una reunión de presidentes para tratarla. Si se presumiera la buena fe de sus palabras, podría conjeturarse que el hombre fuerte de Lomas de Zamora confunde seguridad regional con seguridad interior. El embajador argentino en Brasil Juan Pablo Lohle se sorprendió al enterarse por este diario de los términos de la discusión planteada por Duhalde. “No conozco lo que Duhalde haya hablado con Lula ni puedo opinar sobre sus recientes declaraciones en Buenos Aires, pero sí puedo asegurar que éste no es un tema instalado públicamente en Brasil ni una preocupación del Gobierno.” Lohlé respondió a la consulta desde San Pablo, que es la ciudad donde se produce el mayor número de secuestros extorsivos. “El Ejército brasileño no tiene ninguna intervención en esta materia ni quiere tenerla. Su objetivo estratégico es el control territorial y de fronteras”, dijo Lohlé.
No es necesario interrogar al embajador argentino para saber que la preocupación de Brasil es el eventual derrame del conflicto colombiano sobre su territorio y esto incluye a las FARC pero también y principalmente a la creciente intervención estadounidense allí, al sembrado de bases en toda Sudamérica y al reclamo de Washington para la participación de los países vecinos de Colombia. En los últimos meses, Brasil ha reforzado la Triple Frontera, pero con fuerzas policiales, no militares. Por el contrario, retiró tropas del Ejército de la frontera argentina y las desplazó hacia el límite con Colombia. Una calificada fuente de la Cancillería, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la iniciativa militarista no surgió de Lula sino de Alvaro Uribe, cuya situación no puede proyectarse en forma mecánica al resto de la región. “Luego de reunirse con Uribe, Duhalde se convirtió en operador del presidente colombiano, cuya posición defendió ante Lula y ante el presidente chileno Ricardo Lagos”, dijo el diplomático argentino.

Sudamérica o Mercosur

La futura Unión Sudamericana, que Duhalde anunció como una triunfal iniciativa propia, corresponde en realidad a Itamarati. En octubre del año pasado, cuando Duhalde aún no se había hecho cargo de sus funciones mercosureñas, Lula y Kirchner contestaron a una pregunta que les hice sobre sus distintas visiones de la integración. Durante la única entrevista conjunta que concedieron, los dos explicaron las diferencias luego de negar que existieran. “Lula habla de América del Sur y Kirchner de América latina. ¿Qué expresa esa diferencia?” –fue la pregunta. Lula respondió que al asumir la presidencia percibió que Brasil tenía fronteras con todos los países de América del Sur, salvo Ecuador y Chile. “Por lo tanto América del Sur es mi casa, nuestro terreno. América Latina, México, América Central, ya tienen otros intereses”, dijo, en alusión a la influencia estadounidense. Una vez integrada, América del Sur podría ser un polo de atracción para América Central y México, agregó. Kirchner no lo contradijo, pero enfatizó la necesidad de consolidar el Mercosur. Un año después la retórica de manual escolar de Duhalde no alcanza a disimular que la razonable estrategia política de Brasil está prevaleciendo. En forma simétrica crecieron las dificultades en el Mercosur, desde que la Argentina planteó la imprescindible integración productiva.

¿Todo el año es carnaval?

En febrero de este año y como una medida excepcional, tropas del Ejército brasileño tomaron posiciones en Río de Janeiro durante el carnaval. En abril, el gobierno federal y el de Río de Janeiro se trabaron en una estridente polémica por el tema, cuando enfrentamientos entre comerciantes de narcóticos regaron las calles de las villas Vidigal y Rocinha con la sangre de una docena de muertos. Se analizó entonces un nuevo envío de efectivos del Ejército a Río, pero no hubo acuerdo ni acerca de su necesidad ni sobre quién debería conducirlos. Río de Janeiro, gobernada por el opositor PMDB, exigió que las tropas del Ejército se subordinaran a la secretaría estadual de seguridad y los ministros federales de justicia y de defensa querían mantenerlas bajo su control. Esto sugiere algunos de los problemas que se suscitarían en la Argentina si la propuesta de Duhalde se tomara en serio. Las órdenes ¿las daría el comandante de la brigada de Infantería X, subordinado a Pampuro y Kirchner, o el intendente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, de obediencia duhaldista? La mera idea de contingentes militares familiarizándose con la lógica y los códigos del conurbano bonaerense produce escalofríos. Es asombrosa la ligereza con que Duhalde plantea estas cuestiones, como si no tuviera responsabilidad alguna en la polarización social que subyace a la crisis de inseguridad y la descomposición de la mayor fuerza de seguridad del país, en un distrito en el que un millón de jóvenes no trabajan ni estudian. Con ocho años al frente de la provincia de Buenos Aires en forma directa y cinco por medio de sus paniaguados Carlos Rückauf y Felipe Solá, Duhalde presidió la degeneración de la fuerza de seguridad provincial en la estigmatizada maldita policía, partícipe en las más lucrativas actividades criminales en asociación con sectores políticos. Es obvio que con un goteo de 600 gendarmes es imposible teñir el océano de los déficit de funcionamiento de una policía de 50 mil hombres. Por el contrario, el empleo permanente de las fuerzas de seguridad federales en tareas policiales contra el delito común las está pervirtiendo. Un preocupado jefe de la Prefectura Naval, quien pidió no ser identificado, dijo que desde que comenzaron a efectuar patrullajes, controles y operativos en el conurbano bonaerense, se han labrado en ese territorio más sumarios a su propio personal por actos de corrupción e indisciplina que en todo el resto del país.
Se comprende sin dificultad, dado que el personal proviene de los mismos sectores de la sociedad, tiene remuneraciones similares y actúa en el mismo territorio, donde la desigualdad y la falta de oportunidades conspiran contra el respeto a la ley y la conducta virtuosa. Como si esto no fuera suficiente, Duhalde avanza ahora sobre las Fuerzas Armadas, con un proyecto que abriría la puerta a una politización del instrumento militar de la Nación de consecuencias difíciles de predecir pero en cualquier caso negativas respecto de su profesionalización. “La idea de subir un escalón, recurriendo a las Fuerzas Armadas no puede ser más errónea”, dice Alvarez, quien, paradójicamente, fue distinguido con su confianza por Duhalde y vapuleado por Kirchner. “Con estos temas no se puede jugar”, dice.

South of the border

El libreto que le acercó a Duhalde su ex ministro de inteligencia Miguel Angel Toma adolece de una grosera inadecuación a las circunstancias argentinas. Toma trató de imponerlo en 2001, en combinación con el ministro de Defensa de la Alianza, Horacio Jaunarena, cuando el Congreso trató la ley de inteligencia nacional, pero quedó aislado en su propio partido y debió retroceder. Ese esquema fue elaborado por el Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Miami. Su actual jefe, el general texano James T. Hill, ha realizado 82 viajes en dos años a distintos países de la región reclamando la asignación de roles en la seguridad interior a los militares. El discurso que Hill repite en esas visitas y ante auditorios estadounidenses interesados en América Latina es que se trata de la región más violenta del mundo, pero omite que también es la más desigual. “En la última década, la tasa de homicidios creció 380 por ciento en Perú, 330 por ciento en Colombia y 300 por ciento en la Argentina”, dice. En las audiencias sostenidas en abril en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, Hill describió un enemigo multiforme que se expresa en el terrorismo internacional, el tráfico de estupefacientes, la criminalidad urbana y el “populismo radical”. De allí proviene la extravagante y paranoide asociación entre secuestros extorsivos y terrorismo que formuló Duhalde.
Hasta 2003, esas lecturas sesgadas de la realidad eran repetidas aquí por la cúpula militar de los generales Ricardo Brinzoni y Daniel Reimundes quienes, con toda coherencia, procuraban además el cierre de las investigaciones por la pasada guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Esa politización castrense fue la causa del tirón de alfombra que pegó Kirchner en su primera semana de gobierno, que fue también la primera de desacuerdo con Duhalde, quien acababa de indultar a Mohamed Seineldín y Enrique Gorriarán y gestionaba ante la Corte Suprema la convalidación de las leyes alfonsinistas y menemistas de impunidad.
En sus constantes intervenciones, el general Hill sostiene que los países no pueden pagar Fuerzas Armadas y de seguridad de gran tamaño, por lo que deben elegir. A su juicio, dado que ya no hay en la región ningún conflicto que enfrente a naciones, sería racional reconvertir a una parte de las numerosas Fuerzas Armadas y sumarla a las escasas fuerzas de seguridad. Aparte de la dificultad básica de compatibilizar dos culturas tan distintas (una cosa es hacer la guerra contra un enemigo al que se procura destruir y otra muy distinta hacer cumplir las leyes a los conciudadanos que se apartan de ella con el mímino imprescindible de fuerza), el razonamiento de Hill es contradictorio con los hechos de la realidad argentina, como se observa en los dos cuadros de esta página. Desde que concluyó la dictadura las Fuerzas Armadas han perdido significación relativa. Sin considerar a las agencias privadas, hay en el país 265.000 hombres en armas, pero solo uno de cada cuatro es militar. Entre 1983 y 2004 el gasto en Defensa se redujo a la mitad medido en su porcentaje sobre el gasto total de la Administración Pública Nacional y a un tercio en relación con el Producto Interno Bruto.

Gasto en Defensa
Argentina, de la dictadura
a la democracia

Año Defensa/APN Defensa/PIB
1983 13,8% 3,1%
2004 7,52% 1,08%
Elaboración propia, con datos
de los ministerios de Defensa
y de Economía.

Hombres en armas,
Argentina 2004

Total FF.AA. y
de Seguridad 265.000
Policías provinciales
(salvo Buenos Aires) 80.000
Fuerzas Armadas 70.000
Policía Bonaerense 50.000
Policía Federal 35.000
Gendarmería 17.000
Prefectura Naval 13.000
Elaboración propia, con datos de los
ministerios de Defensa y de Interior.

El enemigo interno

Una coalición de organismos no gubernamentales de Estados Unidos (Latin America Working Group Education Fund, Center for International Policy y Washington Office on Latin America, WOLA) difundió el informe “Borroneando las diferencias”, en el que afirma que los nuevos programas de entrenamiento militar y lucha antinarcóticos se parecen demasiado a los de la vieja contrainsurgencia. Los Estados Unidos “promueven la confusión de los roles militares y civiles, en especial la creación de nuevas misiones militares dentro de las fronteras de cada país”. Según los autores ésta no es una cuestión académica, sino que va “al corazón de la democracia”, ya que hacer “que los militares combatan el delito común o desempeñen otros roles que corresponden a los civiles implica el riesgo de politizar a las Fuerzas Armadas. Esto, a su vez, lleva a las Fuerzas Armadas a usar, o amenazar con el uso, de su monopolio armado, cada vez que disienten con el consenso civil”. (Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado a dictar cursos a policías latinoamericanos en el Center for Hemisferic Defense Studies. Ese organismo, creado en 1996 por la Conferencia de ministros que sesionó en Bariloche, se proponía formar civiles en cuestiones de Defensa. Estaba dirigido por una mujer, civil y economista. Pero en marzo de este año, fue sustituida por un coronel del Ejército estadounidense, que hasta entonces había dirigido la ex Escuela de las Américas, ahora denominada con refinado gatopardismo Instituto para la Cooperación de Seguridad en el Hemisferio Occidental.)
Añade el estudio de las ONG que cada vez que los ejércitos de América Latina, se han dedicado a un enemigo interno, su definición incluyó a sectores disidentes “que actúan dentro del sistema político, tal como activistas, periodistas independientes, organizadores sindicales o líderes políticos opositores”. Sus autores señalan con alarma que el Comando Sur y el Pentágono han incluido entre las nuevas amenazas al delito urbano y “el populismo radicalizado” y su insistencia en esos asuntos sugiere que creen que ellos mismos y sus colegas uniformados en el continente “tienen un rol para contrarrestarlos”. Añaden que “en vez de alentar la asunción militar de roles policiales, los Estados Unidos deberían alentar la reforma policial y el fortalecimiento de las instituciones civiles, para que puedan enfrentar los desafíos a su seguridad interior”.
Los defensores de los militares y policías acusados por los crímenes del Estado Terrorista invocan en su defensa los discursos parlamentarios y declaraciones públicas de dirigentes políticos justicialistas y de la UCR que incitaban a las Fuerzas Armadas a matar a los insurgentes “como a ratas porque no merecen vivir en este suelo”, propugnaban “su más completo exterminio” o calificaban una huelga obrera como “guerrilla industrial”. También se amparan en los decretos presidenciales de aniquilamiento (firmados en 1975 por Rückauf y Antonio Cafiero, entre otros). Es una pobre defensa para las responsabilidades individuales de quienes secuestraron, torturaron y ejecutaron en forma clandestina a personas indefensas, ya sea que antes de su captura hubieran empuñado armas o no. Pero constituye un ineludible llamado de atención acerca de las complicidades que hicieron posible aquella barbarie y que se repiten hoy en el discurso irresponsable de los Duhalde, Casanova, Toma o Rückauf.