Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Obsesionado con el tema seguridad, el gobierno de José Manuel de la Sota firmó un convenio con el Manhattan Institute de Estados Unidos (ver aparte) y la Fundación Axel Blumberg. “Es un acuerdo-marco de cooperación, que en líneas generales buscará diseñar y planificar políticas en la ciudad de Córdoba y zonas aledañas”, dijo a Página/12 Gerardo Ingaramo, asesor de Blumberg y redactor de la iniciativa. La idea ya desató en Córdoba una avalancha de críticas de abogados penalistas y especialistas en seguridad, que advirtieron una injerencia extranjera en obligaciones del Estado provincial. Además, sostienen, la tolerancia cero fracasó cuando “se exportó” a otras regiones. El ministro provincial de Seguridad, Carlos Alessandri, respondió que “será la provincia la que maneje la seguridad y no las instituciones privadas”.
“Para Estados Unidos el tema de la seguridad en Latinoamérica, y por ende en la Argentina, es una preocupación seria”, dijo Ingaramo. “Hay que generar un prisma virtuoso y dinámico que premie las zonas más seguras, para que allí vayan a parar los inversores. El gobernador De la Sota ha advertido esta situación, y por ello es que vamos a trabajar juntos.”
El ministro Alessandri sintetizó así el proyecto delasotista de seguridad: mostrar al país y al mundo que la provincia que gobierna es diferente al resto del país, donde las mafias, civiles y policiales jaquean al poder político y erosionan la relación con una ciudadanía en estado incertidumbre.
Pero las cifras y las estadísticas oficiales no hablan a favor del gobernador. En 2002, se cometieron en la provincia 141.349 hechos delictivos, de los cuales 160 fueron homicidios dolosos, 241 violaciones y 5081 robos agravados con lesión o muerte. Por hacer una comparación entre dos provincias similares, en Santa Fe se produjo durante el mismo año un total de 108.886 delitos, un cifra significativamente inferior a las estadísticas cordobesas. En los primeros seis meses del 2003, últimos datos oficiales disponibles, el panorama no mejoró: 81 asesinatos y 150 violaciones, 70.300 delitos en total.
“Lo que se firmó es un acuerdo-marco de cooperación entre el Manhattan Institute, la Fundación Axel Blumberg y el gobierno de Córdoba para diseñar el armado de la seguridad en la capital y zonas aledañas”, le contó a este diario Ingaramo. “La idea es desarrollar programas y políticas concretas, con el fin de abrir un canal de comunicación y coordinar acciones entre distintas instituciones y el gobierno provincial en materia de seguridad. Y el primer paso de este acuerdo tripartito será un diagnóstico de la realidad cordobesa, para saber a dónde tienen que actuar los expertos en seguridad que llegarán al país para hacer un trabajo de campo”, agregó el asesor de Blumberg, lo que fue ratificado por el ministro Alessandri.
Esta suerte de “intervención” en la seguridad mediterránea recibió fuertes críticas desde ámbitos jurídicos y políticos. Mariano Rodríguez, integrante de la Comisión de Política Criminal del Colegio de Abogados, denunció que “Blumberg ha hecho de la muerte de su hijo un negocio. Además, la tolerancia cero fracasó en México y Venezuela y va a fracasar en Córdoba. Después de esto viene la venta de armas y tecnología desde Estados Unidos”. Carlos Hairabedian, reconocido penalista y ex juez federal, dijo que “el gobierno provincial no tiene una política de seguridad, trabaja a los ponchazos, de manera reactiva y mediática, según lo que expresa la gente en la calle”. Defensor de Víctor Saldaño, cordobés condenado a muerte en Estados Unidos, Hairabedian sostiene que “no se pueden exportar situaciones, porque la desocupación y la pobreza, dos variables que llevan al delito, son muy distintas en ambos países”. Al igual que Rodríguez, denunció que lo que busca el Instituto Manhattan es”primero la venta de tecnología, después la privatización de las cárceles y finalmente de la Justicia. Aunque suena exagerado decir esto ahora, la intención es preparar las condiciones para que esto suceda”.
Oscar Roger, ex procurador general de la Nación, penalista de larga trayectoria en Córdoba y en el país, afirmó que De la Sota no actúa de mala fe, pero “está mal asesorado”. Para él, hay que cambiar el Código Penal porque está desactualizado. “Ahora hay delitos que cuando se creó esta legislación no existían, como los secuestros extorsivos. Pero el tema no se resuelve con más cárceles, que son la escuela de la criminalidad”.
Patricia Coppola, del Inecip, aseguró que la tolerancia cero es un “ataque frontal al estado de derecho, de lo cual los argentinos sabemos mucho, además de ser la ideología de la represión. Lo que hay que analizar es quiénes son delincuentes, los chicos limpiavidrios o los que vacían empresas. El sistema atrapa a los primeros, no a los segundos”. Por último, Adonis Molina Herrera, constitucionalista de larga data en la provincia, remarcó que lo del Manhattan Institute es “insólito, pero son cosas a las cuales el gobernador nos tiene acostumbrados. Lo que hace falta es una reforma judicial profunda, que fortalezca la etapa instructoria. Todo lo demás es cosmética barata y demagógica”.