La democracia liberal configuró de modo tal nuestras sociedades que se perdieron o se fueron desvirtuando los modos de participación y hasta los de representación. La participación real de los ciudadanos en las decisiones que los afectan es mínima y, por otra parte, parece instalarse en la conciencia colectiva que la mejor democracia que podemos conseguir es aquella donde, por lo menos, no haya un solo centro de poder, sino que existan diferentes poderes que se “equilibren” mutuamente sin dejar en manos de ninguno de ellos la hegemonía. En los tiempos que vivimos, difícilmente se pueda hablar de ciudadanía efectiva si no hay una ciudadanía económica, es decir, incidencia real y efectiva en la determinación de los asuntos económicos que afectan la vida de todos y todas. Hay que decir, en primer lugar, que no existe conciencia clara por parte de los ciudadanos acerca de su derecho y sus posibilidades en esta materia. En general, a lo máximo que hemos avanzado es hacia una ciudadanía social que reivindica derechos y formula demandas. La perspectiva de la ciudadanía económica supone actitud y disposición activa y responsable por parte de los ciudadanos y la existencia de canales para ejercerla. Se parte de la base de que quienes resultan afectados por las decisiones que se toman tienen derecho a participar de las mismas. Los modos de participación serán diversos, atendiendo a cada una de las circunstancias, pero en todo caso lo importante es que esa participación alcance niveles de incidencia real, que sea significativa y no meramente formal. Y este principio se puede aplicar tanto para el Estado como para las empresas privadas. Claro está que esta mirada acerca de la ciudadanía económica relativiza el valor absoluto de la propiedad privada, porque la propiedad es sobre los bienes y nunca pueden ponerse estos por encima de la vida, de la suerte y de las posibilidades de las personas. Las normas y los valores que deben regir tanto al Estado como al sector privado son aquellos que atañen a los intereses colectivos y no a los intereses de algunos grupos o sectores. Pensar hoy en responsabilidad social empresaria es también soñar con empresas que dentro de sus criterios incorporen la ciudadanía económica como un dato insoslayable. Desde el Estado es necesario crear canales efectivos para que este tipo de ciudadanía sea ejercida, y la esfera pública, la opinión pública, tiene que ser un espacio donde se debatan las diferencias para construir la legitimidad de las decisiones.