Documentación en poder de la Justicia podría probar definitivamente la relación entre el ex jefe de la comisaría 24ª, Cayetano Grecco, y el asesino de Martín “El Oso” Cisneros, Juan Carlos Duarte. La muerte de Cisneros, el 26 de junio, fue el hecho que terminó precipitando la salida del equipo de seguridad al mando de Gustavo Beliz, que fue incapaz de frenar el asesinato a pesar de que contaba con todos los elementos sobre la protección de Grecco hacia Duarte.
Hasta ahora, el hecho más resonante de lo que sucedió el 25 de junio en la comisaría de La Boca era la irrupción en la seccional por parte de un grupo de piqueteros. El debate, al margen de la investigación judicial, es si, como él mismo dice, el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía actuó para contener o si, como dicen sus críticos, estimuló una toma.
Los nuevos elementos, a los que tuvo acceso Página/12, muestran el plano más importante de la historia, porque revelan la trama que está detrás de una muerte que conmovió al gobierno nacional en un doble sentido. El político: Néstor Kirchner cambió una parte del gabinete. Y el personal: cuando el Presidente recorrió la Escuela de Mecánica de la Armada, el 24 de marzo último, estuvo flanqueado entre otros por Cisneros, que con sus 140 kilos a cuestas era un personaje difícilmente olvidable.
Duarte está preso en una dependencia de la Gendarmería, porque alegó que estaba amenazado de muerte y en una cárcel común podrían cumplir con esa amenaza.
Grecco, de buenas relaciones con una parte del núcleo duro de la hinchada de Boca, goza de una libertad que podría terminarse si, eventualmente, el juez entendiera que su situación está contemplada en alguna de estas tres figuras del Código Penal, o las tres juntas: encubrimiento agravado (la mayor gravedad estaría dada por su condición de policía), incumplimiento de los deberes de funcionario público y, lo peor, complicidad en el homicidio de Cisneros.
Un funcionario judicial que pidió reserva de su nombre reveló a este diario que el abogado de D’Elía, Belisario Otaño Moreno, acaba de aportar lo que en la jerga de tribunales se llama “elementos de convicción”, es decir indicios importantes para la pesquisa.
Dice el escrito que “Duarte gozaba de un régimen de libertad que solo Grecco le podía brindar”.
Y agrega un párrafo que se transcribe con todos sus datos, para respetar la textualidad: “De hecho, contra Duarte no sólo existía un pedido de captura del juzgado de garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en la causa N°5762 (robo calificado por el empleo de armas); también había ordenado su captura el juzgado de Instrucción N46, Secretaría N°134 en las causas N 59.119/03 (lesiones graves) y 24.172/03 (violación), ambos hechos ocurridos en el barrio de La Boca y denunciados en la Seccional N°24 de la Policía Federal, cuyo comisario era, a la sazón, Grecco”.
Según Otaño Moreno, la protesta en la comisaría en la madrugada del 26 de junio fue el fruto de que los vecinos, “hartos de tanta impunidad, fueron a buscar una explicación”.
El pedido de captura de Lomas de Zamora es del 2002.
Los otros dos son del 2003.
De acuerdo con la explicación recogida por Página/12, un vecino de La Boca denunció haber recibido un disparo de arma de fuego por parte de Duarte. Según la denuncia, el vecino no habría hecho otra cosa que negar un cigarrillo al atacante, que le habría disparado tras forcejear por el paquete. El fiscal pidió indagar a Duarte. El juez lo autorizó y libró orden de captura. No fue cumplida por la comisaría 24ª.
La denuncia de violación es aún más grave. Una mujer dijo que los hermanos Duarte amenazaron a su novio hasta conseguir que se fuera y los dejara solos. Después se produjo la vejación. También en este caso el fiscalpidió la indagatoria de Duarte, es decir que se repitió el estado de sospecha sobre él.
Muchas veces hay pedido de captura y una laguna en la información o en la identificación de un sospechoso, o directamente la fuga, hacen imposible la indagatoria.
Con Duarte no ocurrió lo mismo. Por lo pronto, el pedido de captura se realizó en el mismo distrito donde vivía, la Capital Federal. Pero además en los dos hechos denunciados actuó la misma comisaría 24, porque en ambos casos la jurisdicción fue la de esa seccional.
El lunes 28 Grecco habló por radio. “Yo al señor Duarte no lo conocía, y mi gente de confianza tampoco”, dijo en Radio Mitre. “Y eso que yo ya estuve dos años en esta comisaría.”
Añadió: “La causa que tiene Duarte en la provincia es por robo. Cuando lo detuvimos fue en el Bajo Flores, en su domicilio. No sé si a lo mejor Duarte actuaba en algún partido político o piquetero”.
Ante las preguntas de El exprimidor, el programa de Ari Paluch, demostró un conocimiento mayor de Duarte. “No es un narcotraficante porque si así fuera tendría dinero y no viviría en un barrio como La Boca”, dijo, creyendo tal vez que la familia Escobar residía en Francia y no Colombia. “Es más, no tiene antecedentes en causas relacionadas con la droga.” Luego, en una función informativa impropia de un comisario, dijo que “Duarte no tiene nada que ver con la política”.
En ese momento Kirchner estaba de gira en China. Allí se enteró del asesinato de Cisneros y de la toma de la comisaría.
“Esa muerte es tremenda”, dijo a un miembro de la comitiva de gobernadores y legisladores que lo acompañó a Beijing y Shangai. “Desde febrero había indicios sobre Duarte, y la comisaría 24 no hizo nada”, explicó.
Ante la toma, no cargó contra D’Elía. Las informaciones que recibía de Buenos Aires es que sin la intervención del dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos las cosas podrían haber salido peor.
La referencia de Kirchner a sucesos de febrero vuelve a estar, esta vez como parte de la presentación de Otaño Moreno, en el material que ya tiene bajo análisis el juez federal Norberto Oyarbide.
El 2 de febrero, informa el texto, Lucas Yáñez, vicepresidente de la FTV porteña y tesorero del comedor Los Pibes de La Boca, donde trabajaba también Cisneros, denunció ante la Cámara Federal que en la madrugada del 31 de enero sufrió un robo en su casa de Olavarría 284, planta baja.
“En su denuncia, Yáñez destacó que el auto del hecho había sido ‘El Gordo Juan Carlos’, miembro de la ‘Banda de los colchoneros’”, dice la presentación del abogado. La dirección sería Olavarría 275.
Una coincidencia impresiona: Olavarría 284 no fue solo el lugar del presunto robo. Allí fue asesinado Cisneros.
Otaño Moreno sostiene en su escrito que el policía de consigna en Necochea y Olavarría, a 30 metros de la casa de Yáñez no estuvo ni el día del robo ni, meses después, el día del asesinato.
“Cuando los vecinos, que vieron y oyeron a Duarte mientras robaba la casa de Yáñez, dieron aviso a la policía, ningún uniformado se hizo presente en el lugar”, dice el escrito.
La conclusión es que “Duarte actuaba al amparo de la zona liberada que le proporcionaba Grecco”.
El Ejecutivo estuvo al tanto de las denuncias de Yáñez, y por iniciativa oficial la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal, a cargo del comisario Miguel Colella, abrió un sumario administrativo.
La conclusión fue que no existió una situación de zona liberada el día del robo.
Sin embargo, el sumario no sirvió para ubicar a Duarte ni para frenarlo. Funcionarios del Gobierno dijeron a este diario que dentro de la Policía Federal Grecco estaba alineado con Roberto Giacomino, el jefe que el propio Beliz despidió por denuncias de corrupción en la firma de contratos de provisión informática. Giacomino, a la vez, tenía una relaciónexcelente con Carlos Ruckauf de cuando el actual diputado nacional había sido ministro del Interior y vicepresidente de Carlos Menem.
El asesinato de La Boca se dio en un período crítico de la política de seguridad. Ya había sido asesinado Axel Blumberg y Juan Carlos Blumberg emergía como la persona que canalizaba la angustia y las soluciones mágicas para endurecer penas y terminar así con el delito. Y al mismo tiempo Beliz y su secretario de Seguridad, Norberto Quantín, confiaban en el sucesor de Giacomino, Héctor Eduardo Prados, para controlar una fuerza que en rigor planeaban achicar en beneficio de una Gendarmería convertida en Guardia Civil.
Los intereses estaban tan cruzados que Quantín cifraba sus esperanzas en el mismo policía que Mauricio Macri: Jorge “El Fino” Palacios, el oficial de la escucha con el reducidor de autos Jorge Sagorsky.
Cuando se produjo la toma de la comisaría 24ª, el derrotado candidato a intendente porteño describió que la Argentina vivía “una sensación de anarquía, de peligro, porque cualquier grupo puede tomar la justicia por mano propia y violar las leyes”.
Como Blumberg estos días, Macri dijo entonces que “las purgas masivas han sido muy negativas para la policía porque generalizan”. Agregó que “un hombre como Jorge Palacios, al que tenía elegido como jefe de policía de la ciudad, de golpe fue dado de baja y el mensaje a todos los buenos fue muy malo”.
Igual que quienes el 26 de junio del 2002 se irritaron ante la rotura de algunos vidrios y dejaron en un segundo plano el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Macri se enroló entre los que sintieron escozor por la toma de la comisaría y soslayaron el clima previo, marcado por el cansancio ante la tolerancia frente a Duarte.
Luego de que el propio Kirchner ordenara revisar los legajos de la Federal quedó fuera una primera tanda que incluyó no solo a Palacios sino también a Colella, relevado como jefe de Asuntos Internos y pasado a disponibilidad. Colella había sido diligente en el caso Yáñez pero no investigó a Grecco, por otra parte tampoco investigado por Prados. La crisis posterior, que se produjo solo un mes después de los episodios de La Boca, terminaron con la carrera de Prados, relevado cuando dijo que llevar armas para prevenir una manifestación frente a la Legislatura era “una cuestión de honor”. Pero en verdad su derrumbe comenzó cuando Kirchner leyó, en Beijing, que había hecho declaraciones sobre el episodio de la comisaría 24ª sin consulta previa y sin mencionar, tampoco, que la crisis se inició con un asesinato.