El juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano volverán de Madrid con 50 mil fojas para agregar en la causa sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El juez Baltasar Garzón les entregará una copia de su investigación por genocidio y terrorismo contra los militares argentinos. Así lo terminaron de acordar ayer, cuando Torres y Taiano se entrevistaron con el magistrado español e intercambiaron información sobre el estado de los expedientes en uno y otro lado del océano.
“Fue una reunión informativa y muy cordial”, señaló a Página/12, desde España, Torres, quien le había mandado a Garzón una comisión rogatoria para pedir información sobre los crímenes de la ESMA. Por el volumen del expediente, seguramente, será enviado a Argentina por vía diplomática.
Además de la entrevista con el magistrado español, el juez argentino está en Madrid para recoger personalmente varios testimonios de víctimas de la última dictadura que residen en ese país. Lo mismo hará en Francia, donde planea escuchar a nueve personas, entre ellas cinco que nunca antes declararon ante la Justicia. Entre los testigos que están siendo interrogados en la embajada argentina en Madrid están las ex detenidas Susana Burgos y Silvia Labayrú y Malou Cerutti, una de las perjudicadas por la apropiación de las tierras de Chacras del Coira por el dictador Eduardo Massera y miembros del grupo de tareas de la ESMA.
En Francia, Torres recibirá también a los familiares de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes se presentaron en Buenos Aires como querellantes en la causa ESMA. Funcionarios judiciales argentinos consideraron este hecho como una reivindicación de la jurisdicción del país para investigar la desaparición de las religiosas, hecho por el cual fue condenado en ausencia, en París, el represor Alfredo Astiz. Francia aún reclama la extradición del ex marino, pero Torres también lo está investigando.
La situación de Astiz es diferente de la de su compañero de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo, quien fue arrestado en México y extraditado a España, donde le espera un juicio oral. La Audiencia Nacional envió un escrito a Torres para preguntarle si el marino estaba siendo juzgado en Buenos Aires. Aunque el juez aún no recibió esa comunicación, adelantó que, por el momento, Cavallo no está imputado en su causa y por lo tanto no correspondería pedir que lo trajeran a Buenos Aires.
Antes de Cavallo, será juzgado en Madrid el ex marino Adolfo Scilingo. El próximo 15 de noviembre el Tribunal Supremo contestará un último recurso del ex marino acerca de la competencia de la Justicia española para juzgarlo. Luego se estaría en condiciones de fijar la fecha de inicio de las audiencias orales. El defensor de Scilingo, Fernando Pamos de la Hoz, presentó su renuncia con el argumento de que la sentencia ya “está dictada”, pero los abogados de la Acusación Popular consideran que la medida no es más que una maniobra para dilatar el comienzo del juicio.
Los abogados de la Acusación Popular también mantuvieron ayer una reunión “informativa” con Torres. La entrevista fue cordial, pero Carlos Slepoy y Manuel Ollé manifestaron su desacuerdo con el hecho de que los represores argentinos presos en la causa ESMA no estén alojados en cárceles comunes sino en regimientos militares. Torres contestó que se trataba de una medida de seguridad.
La causa ESMA, en la que actualmente hay once marinos arrestados, se reabrió después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, junto con la investigación sobre los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército. El juez Rodolfo Canicoba Corral, que estaba a cargo de esa causa, también viajó a España para recopilar pruebas y testimonios.