Ayer se cumplió un nuevo recordatorio de las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y, como todos los 26, los piqueteros cortaron el puente Pueyrredón. Con una novedad: por primera vez en los 28 meses que lleva el reclamo de Justicia, los manifestantes dejaron carriles abiertos al tránsito. El cambio en la forma de protesta se debió a un acuerdo que un sector de los desocupados realizó con los comerciantes y vecinos de Avellaneda. Si bien el acuerdo no fue firmado por el conjunto del movimiento piquetero, mostró tener influencia: ayer el tránsito sobre el puente estuvo cortado sólo media hora. Impulsado por uno de los grupos no firmantes, el Frente Darío Santillán, hubo durante ese lapso un piquete en todos los carriles del acceso. Los militantes hicieron allí un acto breve y se retiraron para marchar a la Secretaría de Derechos Humanos.
La modalidad busca recomponer la relación con los vecinos de Avellaneda. “La derecha, algunos sectores de la prensa y el Gobierno buscan aislarnos del resto de la sociedad. Nosotros hemos ayudado al aislamiento con errores propios, hemos dado espectáculos lamentables con nuestras divisiones, saturamos a la opinión pública con un montón de cortes desorganizados. Con el convenio tratamos de acercarnos a la sociedad”, dijo a Página/12 Juan Cruz Daffuncchio. El referente lidera el sector del MTD Aníbal Verón que, junto con la Corriente Clasista y Combativa y la Agrupación Unidad y Lucha de la fábrica recuperada Sasetru, hicieron el acuerdo. En nombre de los comerciantes y pobladores firmaron el Centro de Almaceneros y Autoservicios de Avellaneda, la Cámara de Comercio y la Cámara de Pequeños y Medianos Productores.
Para cumplir con el trato, los piqueteros esta vez no subieron al lomo del puente, sino que concentraron en su base, frente al edificio del Bingo de Avellaneda, y realizaron allí un acto. Los comerciantes locales enviaron una adhesión al reclamo de Justicia por la masacre. También Hebe de Bonafini mandó un saludo: “Los felicitamos porque los espacios de lucha no se negocian. Estamos junto a ustedes en sus legítimos reglamos”, decía la nota de Bonafini, en respaldo a las modificaciones que generaron polémica en el ámbito de las organizaciones de desocupados.
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo es una de las personalidades invitadas a integrar la futura comisión investigadora de la masacre, que se creará en los próximos días encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
La comisión tendría amplias atribuciones, ya que sería autorizada a abrir los archivos de la SIDE y de cualquier otro organismo de inteligencia, a tomar declaraciones y a ordenar peritajes. La idea es que sus conclusiones sean presentadas ante la Justicia, que iniciará el juicio oral por el caso el 1º de marzo del año que viene.
La clave del tema es si –de ser creada– avanzará para determinar las responsabilidades políticas por la masacre, ya que hasta ahora, los tribunales se limitaron a investigar a los policías, como si la represión que mató a dos personas y dejó a otras 33 heridas con balas de plomo hubiera sido sólo un exceso policial.
El padre de Darío Santillán, Alberto, y las hermanas de Maximiliano Kosteki anticiparon que no integrarán la comisión, ya que descreen de la voluntad del Poder Ejecutivo para ir a fondo en el tema. La misma desconfianza muestra el Frente Darío Santillán que ayer, al cortar el puente y marchar luego a la Secretaría de Derechos Humanos, denunció que “el gobierno de Kirchner está siendo cómplice de la impunidad” por la cual en la causa judicial ni siquiera se ha llamado a declarar a los funcionarios duhaldistas que manejaban a la policía en junio de 2002.
Por la tarde, el Frente escrachó la Secretaría de Derechos Humanos, donde una delegación fue recibida por un funcionario del área. “Pedimos que abran los archivos de la SIDE, como lo prometieron hace un año” señaló a Página/12 Luis Hessel, del Frente. La organización difundió al término del encuentro un comunicado de prensa. “Tras 40 minutos de reunión, los funcionarios respondieron con las mismas promesas, pero no se comprometieron a actuar en concreto” señaló el texto. “Ante la inoperancia del Gobierno, ilegítimo para integrar cualquier comisión investigadora, mantendremos nuestra postura de movilización y denuncia.”
Durante la jornada hubo también una movilización del Movimiento Teresa Rodríguez a los tribunales de Comodoro Py, donde el juez federal Juan José Galeano indagó a un integrante del MTR por una protesta frente a la sede central de Repsol YPF, contra la suba del precio del gas.
Por su parte, los fleteros cumplieron su séptimo día y que se hizo sentir en los accesos a la Capital, sobre todo en la avenida Pavón, en Avellaneda, en la entrada al puente Pueyrredón, y en la De Benedetti, que conecta con la autopista Buenos Aires-La Plata.