El domingo 20 de junio, Oscar Vouillez decidió pasar por lo de su hermano para saludarlo por el Día del Padre, pero como al llegar no encontró a nadie en la casa prefirió regresar más tarde. Hacía demasiado frío para esperar en la calle y algunos vecinos lo vieron alejarse. Minutos después se lo había tragado la tierra. Sus familiares lo buscaron por el barrio y por todo Río Grande –la segunda ciudad de Tierra del Fuego– y decidieron presentar la denuncia. Una semana después un llamado telefónico anónimo aseguró que Oscar había sido subido a un patrullero antes de desaparecer y el tema llegó a la Justicia. Un mes más tarde, cuando no quedaba rincón de la provincia sin rastrillar, su cuerpo apareció mutilado e irreconocible en un descampado. “Lo tiraron ahí cuando llevaba varios días muerto”, aseguran sus allegados, quienes por la falta de respuesta del Poder Judicial y político fueguino llevaron el caso ante miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que hoy visitarán la provincia.
“Oscar desapareció el 20 de junio. Pasaron 24 horas y fuimos a hacer la denuncia muy preocupados. Lo buscamos por todas partes, preguntamos a los vecinos, a sus amigos, y nadie tenía noticias de él. Fuimos hasta la frontera a ver si había salido de la isla, pero no sabían que se estuviera buscando a alguien, porque la policía no había avisado. Cuando pasaron varios días empezamos a buscarlo muerto.” Nancy Valdez relata con detalle la búsqueda encarada desde la desaparición de su cuñado.
Algunos indicios, imprecisos, llegaron con el correr de los días. “El 27 –explica Nancy a Página/12– una mujer nos dijo por teléfono que había visto cómo subían a Oscar a un patrullero, lo que coincidía con varios testimonios de vecinos que aseguraban que la policía había estado siguiéndolo.” En ese momento decidieron presentar la denuncia en el juzgado provincial de Héctor Ochoa e intensificaron el rastrillaje.
Exactamente un mes después, cuando la presión de la familia ante la Justicia y la policía había despertado el interés de toda la población de la zona, el cuerpo de Oscar fue hallado en un predio cercano a la planta de afluentes cloacales local. Ese mismo lugar había sido revisado tres veces por la familia, otras dos por la policía, y también por Prefectura y Gendarmería. “Lo pusieron ahí para que nos dejáramos de molestar”, dice Nancy sin dudar. Pero este hallazgo, explica, fue el comienzo de un nuevo proceso: “Desde ese momento el objetivo fue conocer qué había pasado. Porque a Oscar le faltaban los pies, casi todos los dedos de las manos, y los ojos, tenía el rostro y el cuello destrozado, y le habían extraído todos los órganos, con lo que se borraron posibles signos de tortura y la causa de la muerte”. El cuerpo pudo ser reconocido por sus huellas digitales y el médico forense local determinó que la muerte se había producido por “hipotermia severa” en el mismo lugar donde había sido encontrado. Esta explicación no conformó en absoluto a sus familiares, ni sirvió para explicar por qué el cuerpo había sido “vaciado” a través de un prolijo orificio en el pecho, que ni siquiera había manchado la camisa que Oscar llevaba puesta.
Sus familiares exigieron a la Justicia una segunda autopsia, que dejó en claro que Oscar no había muerto en el sitio donde encontraron su cadáver. Esta noticia terminó de alterar a esta población de Río Grande y acentuó las sospechas que la familia tenía sobre la marcha de la investigación. “Pedimos ayuda al gobierno provincial, y aunque al principio nos atendió el gobernador (Jorge) Colazzo, poco a poco fuimos perdiendo todo contacto.” Por eso decidieron apuntar al último recurso de todo habitante del interior: Buenos Aires. “Allá hay casos muy serios que quedan en la nada”, asegura Nancy, quien viajó junto Zulema Voulliez, la hermana de Oscar. Si uno no quiere que todo quede como un simple crimen perdido en el fin del mundo, explica ella, “tiene que viajar al norte”.
Zulema tiene la voz más baja que Nancy y mientras habla sostiene una carpeta con recortes periodísticos del caso, algunos papeles de la causa y fotocopias de los pedidos formulados al gobernador para que dispusierauna ley de protección al testigo y una recompensa para cualquier persona que pudiera aportar elementos a la investigación. “Cuando la Legislatura provincial había dado el visto bueno –dice ella– nos enteramos de que el gobernador había decidido vetarla. Hoy estamos igual que al principio, porque no hay un solo sospechoso. Mi hermano era un tipo sencillo, de 41 años, casado y con dos hijos, que trabajaba en la construcción como mucha gente en Río Grande, por eso queremos saber por qué le hicieron esto, quién lo hizo, y quién está interesado en que no se sepa.”
Por eso decidieron solicitar el apoyo de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, entre ellos su presidente Hugo Perié, los legisladores Patricia Walsh, Susana Llambí, Eduardo Di Pollina, y la representante de Tierra del Fuego en el Parlamento, Fabiana Ríos, quienes hoy visitaran la provincia.
Informe: Alfredo Ves Losada.