El muchacho de barba y pelo largo estaba entusiasmado con la idea de armar una huerta comunitaria. Verduras florecientes y gente del barrio ocupada, productiva, labrando la tierra para provecho conjunto, eran fantasías compartidas. Bastó que al llegar a la asamblea de los martes de la Plaza Dorrego, en San Telmo, pronunciara tres simples letras para que se desatara un caos. CGP, Centro de Gestión y Participación, un brazo del gobierno porteño al que había recurrido con la “comisión de huerta” con la esperanza de que les dieran el terreno que necesitaban. “No, por favor, tenemos que ignorar al CGP”, fue el grito más moderado que se escuchó. Y siguió una cadena: “Es el enemigo”. “Es el Gobierno de la Ciudad que nos quiere cooptar.” “No hay que creerles, prometen ayuda, pero no tienen poder de decisión.” “Vamos a caer en una trampa política.”
La encrucijada sobre si relacionarse o no –o cómo hacerlo– con los Centros de Gestión arde en la mayoría de las asambleas porteñas casi desde su nacimiento. Ha provocado discusiones volcánicas, particiones de una asamblea en dos o tres, peleas entre amigos y hasta crisis matrimoniales. El debate combina dudas e ideas cruzadas sobre los derechos, las necesidades, los miedos, las prácticas corruptas y el clientelismo político. ¿Relacionarse con los CGP es institucionalizar las asambleas? Pero, ¿no es meterse en las estructuras de poder la mejor manera de controlar la corruptela? ¿Para qué quiere la asamblea a los CGP si son intermediarios incapaces de concretar algo? ¿Y si en realidad pueden atender necesidades de la asamblea? ¿No sería mejor construir un Estado en base a las asambleas? ¿Vincularse es dejarse cooptar?
A pesar del entuerto, los vecinos de San Telmo resolvieron finalmente llevar adelante el proyecto de huerta y están por recibir un terreno que les facilitó el CGP. Lo que no eliminó el conflicto. En el momento en que empezaron a armar una actividad para el aniversario del golpe del ‘76, la comisión organizadora planteó la posibilidad de hablar con el CGP, aunque sea para ahorrarse problemas por ocupar la plaza, pero la asamblea rechazó el planteo por mayoría.
El día que los vecinos de Humboldt y Costa Rica, de Palermo Viejo, advirtieron que había asambleístas que ni siquiera tenían en claro qué es un CGP, decidieron pedir una reunión con los encargados del organismo del barrio para instruirse un poco. Habían decidido por el momento, y así lo escribieron, “relacionarse con el CGP sin subordinación sino utilizando un organismo estatal que nos pertenece y solicitar un predio donde funcionar”. La delegación de once personas alcanzó a escuchar algunos conceptos: que los CGP son los lugares donde se han delegado las funciones antes centralizadas en el Gobierno porteño como registro civil y rentas, que está para canalizar demandas de los vecinos e intenta ser un ámbito de políticas públicas que tiene, eso sí, autoridades políticas. Minutos más tarde, casi por impulso, se pusieron a debatir una vez más a ahí mismo.
“Ustedes deberían romper con la autosuficiencia y también debería hacerlo el Estado”, se animó a participar el delegado Juan Cruz Noce, que los había recibido en un edificio recién pintado. “Sin embargo, las asambleas voltearon a dos presidentes y eso expresa un poder para organizar reclamos”, rebatió un vecino, mientras otro se iba fastidiado.
En otros barrios, la chispa del debate fue la propia presencia de delegados de CGP en la asamblea. Los vecinos de Corrientes y Juan B. Justo votaron si echaban o no al delegado presente y la mayoría apoyó que se quedara, a pesar de que días antes habían acordado rechazar todo posible diálogo con funcionarios. Los caceroleros de Lacroze y Zapiola, en Colegiales, primero escucharon a los miembros del CGP. “Pero nos molestó que terminaran haciendo propaganda, con una actitud de llevar agua para su molino”, explica Román, un psicólogo social del barrio. Para “poner freno a esa situación” redactaron un pronunciamiento que dice que “existe constancia de que las consignas y resoluciones” de las asambleas “no son respetadas ni acatadas por quienes ocupan cargos políticos en el Gobierno de la Ciudad”. Y concluye exigiendo que “los organismos políticos administrativos de la comuna estén al servicio de las asambleas”.
Por mayores disyuntivas, la semana pasada el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra (Frepaso), lanzó un plan de presupuesto participativo que promete dar intervención a los vecinos a través de asambleas especiales en la definición de prioridades para el gasto público. El tema, ya prevén algunos caceroleros, estará presente en las asambleas en los próximos días. En la de Rivadavia y Castro Barros, un vecino presentó un proyecto para que se creen las comunas como prevé la Constitución de la Ciudad, pero con una amplia representación de las asambleas. “¡Institucionalizador!”, lo acusó un grupo de jóvenes enfadados, los mismos que el jueves propusieron pedir un lugar al CGP para que sesione la asamblea. Laura, una estudiante con collares de metal labrado, marcó la contradicción en voz alta. En la votación se resolvió no hablar con el organismo y recurrir a otras instituciones del barrio como las de jubilados.
“Procesar intereses genéricos” es para Leonardo, un asambleísta de Palermo, uno de los principales desafíos que tiene este nuevo movimiento social. Es lo que dice en los “comentarios personales” que hizo circular por la web después de la reunión con la CGP de la zona. Sus siete páginas terminan con una esperanza: “El fortalecimiento de las asambleas –dice– dependerá de la capacidad que tengamos para lograr consensos y confianza entre los que participantes. Bueno, me voy a apolillar. Un abrazo”.