El gobierno argentino no hizo ninguna declaración oficial, pero un alto funcionario dijo a Página/12 que el presidente Néstor Kirchner estaba “muy conforme” con el relevo en la cúpula de YPF Repsol y el cambio de Alfonso Cortina por Antoni Brufau.
El Ejecutivo especula con que Brufau tendrá una posición de mayor cercanía al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Confía en que la excelente relación que Kirchner está tejiendo con el flamante jefe socialista sirva en la relación futura con la petrolera. A través de consultas a funcionarios argentinos, este diario no registró, sin embargo, signos de euforia ni de exitismo. La sensación predominante es que se abre una etapa distinta que necesita ser construida porque coincide con la intención argentina de llenar los baches en la regulación de los servicios públicos y establecer una regulación, que ahora no existe, en el mercado de hidrocarburos.
En rigor, el gran indicio en España no es tanto la designación de Brufau sino la decisión de la Caixa, que tiene el 12 por ciento de los derechos de voto entre los accionistas de Repsol –con ese porcentaje es la primera minoría relativa– y de donde viene el nuevo presidente, de forzar la renuncia de Cortina.
Esa decisión aparece enmarcada, a su vez, por dos señales:
- Por un lado, la resolución de la Caixa de ejercer el control de Repsol mediante la elevación de su principal estratega de inversiones industriales.
- Por otro, el impulso político desde el mismo gobierno socialista hacia el cambio de los presidentes de las empresas de servicios públicos.
Con estructura original de caja de ahorros, fundada para captar recursos al servicio del desarrollo de la burguesía catalana, la Caixa (caja en catalán) cumplió hace dos días 80 años. Dentro de Repsol competía como grupo financiero con el Banco Bilbao Viscaya Argentaria.
Hasta ahora, Brufau era uno de los dos miembros de la Caixa en el directorio de 14 ejecutivos de Repsol.
Los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español no pidieron con todas las letras el relevo de Cortina. El ministro de Economía, Pedro Solbes, y el ministro de Industria, José Montilla, deslizaron que el gobierno analizaba el comportamiento de algunos presidentes de las empresas privatizadas. Lo mismo dijo el poderoso Miguel Sebastián, asesor personal de Rodríguez Zapatero para cuestiones económicas.
Desde el 14 de marzo, cuando el PSOE le ganó las elecciones al Partido Popular de José María Aznar, la duda no era si cambiarían los cuadros directivos sino cuándo y quiénes cambiarían.
Las dos respuestas empezaron a estar claras ayer.
En la edición del diario El Mundo de Madrid que los españoles tendrán hoy en sus manos figuran los nombres de quienes se agregan a Cortina en la cuerda floja.
Según el diario, César Alierta, de Telefónica, tiene un punto débil en que está imputado en una causa judicial por supuesto uso de información privilegiada para comprar acciones de la empresa Tabacalera.
Francisco González, de BBVA, es un enemigo de Sebastián desde que lo echó como economista del banco. Sebastián saltó de allí al puesto de diseñador del programa económico del PSOE.
Manuel Pizarro, de Endesa, es tan pro-PP como González, Alierta y Cortina. El antecedente es que en algunas de estas empresas el PP reemplazó a directivos socialistas cuando Aznar inició su primer mandato en 1996.
En términos de peso interno, el ascenso de la Caixa responde al mayor peso político de Cataluña, gobernada por una coalición de socialistas y nacionalistas de izquierda. La región autonómica, presidida por el ex alcalde de Barcelona Pasqual Maragall, fue clave en el triunfo de Rodríguez Zapatero. Antoni Fernández Teixidó, ex ministro de Industria dela Generalitat, el gobierno catalán, dijo no sorprenderse por el nombramiento de Brufau, porque “es un momento de sustitución de una personas por otras con una filosofía y una sensibilidad más próxima al actual gobierno”. El ex funcionario dijo que “probablemente esta sensibilidad la encarna mejor Brufau que Cortina”.
La izquierda nacionalista catalana, a través de Sergi de los Ríos, aprovechó para pedir que Brufau “ejerza como catalán” y lo corporice trasladando la sede de Repsol a Tarragona.
El nuevo gobierno utiliza la afinidad de Cataluña, que hasta Maragall había estado gobernada por el centroderecha de Convergencia y Unión, para trazar su estrategia de nueva relación con las comunidades autonómicas. Rodríguez Zapatero acaba de anunciar que por primera vez en la historia de la democracia española reunirá en conjunto a los presidentes de todas las autonomías. La apuesta es catalana y nacional, pero también vasca: mediante el diálogo renovada con las autonomías, Rodríguez Zapatero quiere marcar un modo de capturar la simpatía de los vascos y profundizar el aislamiento de la ETA. Tiene en su favor la reciente, y evidente, decisión francesa de descabezar la cúpula de la organización más violenta de Europa occidental. Quienes no creen en casualidades pueden computar este dato: Francia apresó a la dirección de ETA refugiada en el país vasco francés muy poco tiempo después de que España resolvió volcarse de nuevo a Europa, tras la fallida experiencia aznarista de convertirse en un nuevo Reino Unido mediante el recurso de enviar tropas a Irak junto con los Estados Unidos.
Amable en sus formas, Rodríguez Zapatero demostró que no es un político formal.
Por lo pronto, fue el primer presidente electo de un gobierno español desde la muerte de Francisco Franco, en 1975, que rinde homenaje a los derrotados de la república española en la guerra civil de 1936-39. Rodríguez Zapatero lo hizo ante la tumba de su abuelo, un fusilado del franquismo en la ciudad de León.
Luego cumplió con su promesa de retirar las tropas españolas de Irak.
Y hace dos semanas llevó a la práctica otra de sus promesas electorales al enviar a las Cortes el proyecto de ley de unión civil sin distinción de sexos y preferencias. Es una tremenda carga contra la Iglesia católica, que Rodríguez Zapatero concretó a su estilo: concreta las iniciativas más duras con una sonrisa mientras explica, simplemente, que no se trata de tirarse contra nadie sino de cumplir con algo que aprobaron los españoles al votarlo el 14 de marzo, luego del atentado de Atocha del 11 y la mentira de Aznar de negar la autoría de Al Qaeda y atribuírsela a ETA, con la que habían tendido lazos de negociación los nacionalistas catalanes aliados al socialismo.
Kirchner estuvo en Buenos Aires a principios de octubre con el presidente del grupo La Caixa, Ricard Fornesa, que analizó con la presidenta del Banco Nación, Felisa Miceli, la posiblidad de asociarse para expandir el nivel de bancarización de la Argentina. También tejió relaciones con Credicoop: firmó un acuerdo para colaborar en el pago de remesas de emigrantes argentinos radicados en España.
Una característica de La Caixa, impulsada por Fornesa y por Brufau, es que la prioridad no es el reparto de las ganancias en dividendos sino la reinversión para valorizar las acciones.
Con Rodríguez Zapatero el contacto más importante fue un almuerzo en septiembre último en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí Kirchner consiguió una promesa española de apoyo en las negociaciones con los bonistas privados y el Fondo Monetario Internacional. Esa seguirá siendo la prioridad argentina por lo menos hasta comienzos del 2005.
Ante esa pulseada el Gobierno puede optar por poner en sordina la puja con las grandes empresas extranjeras de servicios, como YPF Repsol, pero es difícil pensar que la pulseada se terminará con un simple cambio decúpula: con el barril de petróleo tendiendo de manera permanente a la suba, una situación energética argentina en equilibrio inestable y la decisión nacional de contar con una parte creciente de la renta petrolera, la relación del Estado con las petroleras marcará buena parte del tono económico y diplomático hasta el final del mandato de Kirchner, en el 2007.