La presión de la gente para que se levante el feriado bancario será decisiva para que el Congreso apruebe en un trámite ultrarrápido el proyecto que creará los bonos antiamparos. Tanto en Senado como en Diputados calcularon que entre mañana y pasado la ley quedaría votada aunque no les gustaba nada que el Gobierno los obligue a sesionar bajo semejante presión ni que hasta anoche todavía no conocieran el borrador del proyecto. Muy distinto era que le dieran curso al paquete “ad hoc” que ayer anunció el vocero, Eduardo Amadeo, sumándole al nuevo Bonex las iniciativas que pide el FMI: la derogación –o adecuada modificación– de la Ley de Subversión Económica y la de Quiebras. “Que el Congreso piense en los tiempos de la gente”, azuzó Amadeo a los legisladores. “Es la típica política de extorsión de algunos dirigentes”, le respondió el jefe del bloque de diputados del PJ, Humberto Roggero.
El Gobierno negoció ayer con las autoridades de las bancadas del PJ, la UCR y el Frepaso “oficial” a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, mientras los técnicos de Economía le daban los últimos retoques al proyecto. Los reclamos que encontraron los funcionarios duhaldistas fueron muy parecidos: los legisladores se quejaron porque los querían obligar a aprobar algo que todavía no habían leído y por lo que tampoco fueron consultados. También les avisaron que reabrir en este momento la discusión por la derogación de la ley de subversión económica y la de quiebras sería poco oportuno. Esas iniciativas son muy resistidas en el Parlamento.
Capitanich y Gabrielli arreglaron hacerle llegar cuanto antes –pasadas las 22 algunos legisladores ya lo habían conseguido– el texto del proyecto de los bonos y consensuaron que durante la jornada de hoy tendrían los teléfonos abiertos a la espera de cualquier sugerencia. “Más vale esperar un día más y que la ley salga con el máximo apoyo político que aprobarla hoy y mal”, explicaban en el Ministerio del Interior.
En el Congreso admitían que el Ejecutivo los había puesto en una situación en la que no le dejaban margen para mucho, dado el clima que se vivirá en las calles en la medida que los bancos permanezcan cerrados y los cajeros automáticos sin dinero. “Estallar”, fue el término repetido por varios legisladores para explicar la situación en la que quedaría el país si el Parlamento no ofrece una rápida respuesta. “La idea es que este mismo lunes se empiece con el tratamiento con el tema, el martes esté en Diputados y que el miércoles esté resuelto”, sostuvo el titular del bloque de senadores del PJ, José Luis Gioja.
En las dos bancadas mayoritarias fue un alivio que a la norma por los bonos el Gobierno decidiera agregarle la que modifica el índice CER para el caso de los préstamos hipotecarios. “Era indispensable que la eliminación del CER viniera junto al proyecto Bonex”, explicó el riojano Jorge Yoma. La otra condición que ponían los legisladores oficialistas –que últimamente suelen mostrarse más rebeldes que los opositores– era que los bonos significaran el levantamiento definitivo del corralito porque no querían tener que volver a sesionar de urgencia dentro de un par de semanas por una crisis por los fondos depositados en cuentas corrientes y cajas de ahorro.
El proyecto que hoy enviará el Ejecutivo al Congreso establece la emisión de títulos públicos para ser comprados por los tenedores de plazos fijos reprogramados en dólares y en pesos, a diez y cinco años de plazo. Para el diputado duhaldista José María Díaz Bancalari “si la ley soluciona la crisis financiera sin costo fiscal y resuelve los problemas de los préstamos hipotecarios no sé quién se puede negar a votarlo”.
Acerca del proyecto de fusionar el Banco Nación y el BICE en un Banco Federal –otra medida anunciada ayer– no creaba inconvenientes. “Puede ser un maquillaje interesante”, opinaba una autoridad de bloque. Pero aun dentro del oficialismo no habían sido bien recibidas algunas expresiones del vocero Amadeo, sobre todo que le dijera a los legisladores qué tenían que votar y cuándo debían hacerlo. “Amadeo tiene que guardar las formas y decidir a quién representa, si al Gobierno o al FMI. Además, como funcionario designado les debe respeto a quienes fuimos electos”, le salió al cruce Díaz Bancalari. Para los peronistas fue una idea del propio Amadeo decir anoche en conferencia de prensa que esta semana también debían quedar aprobadas las otras dos iniciativas que reclama el Fondo.
En la bancada radical, en tanto, el ánimo que predominaba era el de “no obstruir”. Por eso, los legisladores radicales facilitarían los dos tercios necesarios para que los proyectos puedan ser tratados sobre tablas sin necesidad de pasar por comisión. “Pero eso no quiere decir que necesariamente lo votemos”, advertía un diputado radical. Por la noche, el Gobierno le había hecho llegar la iniciativa al diputado Jesús Rodríguez, que se encargaría de estudiarla para hoy prepararle un informe a sus compañeros de bloque. Por el lado del Senado, quien ayer conversó con Capitanich fue el jefe de bloque, el chubutense Carlos Maestro. Si bien en los últimos días resurgieron disputas internas en los bloques radicales -en buena medida referidas a la postura adoptada frente al gobierno de Duhalde– entre los senadores tiene mucha influencia la palabra de Raúl Alfonsín, y el ex presidente está de acuerdo con la iniciativa.
A diferencia de la voluntad de acompañar expresada por el radicalismo y la fracción oficialista del Frepaso, el ARI anticipó su oposición a la iniciativa del Ejecutivo. En tono apocalíptico, la diputada Lilita Carrió calificó al Bonex 2 como “el último acto de impunidad del régimen de saqueo” y que en este proyecto “se juega la dignidad de la Nación”. “Estamos en un fin de régimen a toda orquesta: ahora vienen por la tierra de los argentinos, que es lo único que nos queda. Estamos ante la presencia del cuarto y último huracán, ya empezaron los vientos”, profetizó.