Mientras proclama su desesperación por la falta de dinero para planes sociales, el Gobierno decidió regalar a los grandes exportadores unos 300 millones de dólares. Ese será el resultado de un decreto por el que el presidente Eduardo Duhalde puso marcha atrás en su decisión de cortar un flujo de plata dulce del Estado a un grupo de multinacionales que no generan empleo ni realizan un trabajo más complejo que el de una casa de cambios.
Como suele pasar con los textos legales que son concesiones a un grupo privado, los considerandos disimulan lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, lo que quitará al fisco dinero para planes Trabajar, está en el artículo sexto. Dice: “Derógase el decreto n 618 de fecha 16 de abril de 2002, y restitúyese la vigencia del artículo 6 de la Ley n 21.453 y sus modificaciones, a partir del 17 de abril de 2002”.
Traducción:
u El decreto 618 firmado por Duhalde y todos sus ministros cambiaba el sistema usado para las exportaciones de granos.
u Ese decreto 618 firmado por Duhalde y todos sus ministros hace pocos días, menos de una semana, no sirve más.
Podría tratarse de un caso de autocrítica. No lo es, salvo que se defina como autocrítica el proceso por el cual un Gobierno transfiere ingresos de los indigentes a Dreyfus, Bunge, Cargill y ADM.
La historia de estas idas y vueltas del Gobierno tiene menos de un mes. El 31 de marzo, Página/12 publicó las primeras cifras de un negociado que aprovechaba una vieja legislación de la dictadura. Según ella, bastaba con que un exportador presentase por aduana una declaración jurada diciendo cuánto grano vendería para que quedaran fijadas las condiciones generales de la futura operación. Es decir: no importaba que el exportador certificara que ya había comprado el grano al productor, o que el menos ya lo había comprometido. Alcanzaba con la palabra. Como aquí las condiciones generales varían muy rápido, asegurarse un mecanismo de pago sin variantes cuando eran inminentes las retenciones equivalía a garantizar una ganancia bien jugosa para los exportadores. La diferencia entre pagarle al Estado un 20 por ciento de retenciones (impuestos a la exportación) o guardarlos en el bolsillo.
Después de la nota de este diario, que incluía un reportaje al ex presidente de la Junta Nacional de Granos Alberto Ferrari Etcheberry, el Presidente llamó al experto a la Casa Rosada. Ferrari le confirmó a Duhalde la información publicada e insistió en diseñar un régimen muy prolijo para dejar sin efecto la maniobra pícara de los exportadores. Su argumento era que éstos no podrían argumentar que el Estado les produjo un daño porque en el Derecho local sólo hay daño si hay perjuicio concreto, y en este caso sólo podría haber habido perjuicio si el exportador hubiera comprado antes efectivamente el grano. Duhalde no dudó en ningún momento sobre las cifras y los riesgos publicados en este diario.
Alarmado por el drenaje de divisas justo cuando había anunciado que las retenciones se aplicarían a planes sociales, Duhalde puso en marcha al ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, y al director de Aduanas, Mario Das Neves. Pero no hubo reuniones públicas ni discusión con los productores, y el único resultado fue, la semana pasada, el decreto que ayer se derogó.
Este diario había publicado que sólo considerando el período iniciado con el corralito el 3 de diciembre, los exportadores declararon su intención de vender commodities (mercancías con precio internacional) por 1800 millones de dólares en cifras que llegan hasta el 26 de marzo. El Estado se perdía de cobrar por retenciones el 20 por ciento de 1800, es decir 360 millones de dólares.
El decreto de Duhalde de la semana pasada no abrió ninguna puerta para que el Estado pudiera separar a quienes cometieron fraude de los que realmente habían comprado granos, pero sus fundamentos eran sólidos: “Esta situación determina la excepción de un sector que en el presente de la República Argentina se constituye como una manifestación de una inequitativa carga tributaria”, decía.
El decreto de Duhalde de ayer no se hace cargo de que hace tan pocos días el mismo gobierno trató de frenar las maniobras de los exportadores. Tampoco de una resolución emitida en marzo por la Secretaría de Agricultura según la que se suspendía el registro de declaraciones juradas de venta porque “se ha advertido un incremento en el número de declaraciones”, y por eso indicaba “la necesidad de llevar a cabo un relevamiento del volumen registrado en el sistema administrativo”.
Además, con el decreto de ayer, “la estafa se legaliza hacia atrás y sigue firme para el futuro”, dijo Ferrari al ser consultado por Página/12. “Mientras el sistema de declarar ventas al exterior siga sin estar atado a las compras a precio fijo en el mercado interno, la declaración es un curro que, para peor, permite que el ‘derecho adquirido’ se concrete en el momento en que el exportador cierra la venta al exterior, un acto absolutamente secreto y privado, si fuera real, lo cual de hecho es la muestra clara de que se trata de una ficción”.