Las sospechas sobre la conducta delictiva del ex presidente Carlos Menem se refuerzan con distintas denuncias: la Oficina Anticorrupción (OA) pidió que se lo cite en la causa que investiga los sobresueldos del menemismo financiados mediante la supuesta malversación de fondos públicos. El tema está bajo investigación del juez Jorge Ballestero con la carátula de “peculado”, es decir la “aplicación indebida o apropiación de fondos públicos por aquel a quien está confiada su custodia o administración”. Para desentrañar el recorrido de la plata negra que engrosó los bolsillos del staff menemista, la Justicia pedirá conocer el contenido de 49 decretos secretos.
La presentación de Daniel Morin, el fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción, toma como base la declaración del ex secretario privado de Rául Granillo Ocampo, Roberto Martínez Medina, quien en su declaración en el juicio a María Julia Alsogaray detalló cómo retiraba un portafolio con 50 mil pesos/dólares por mes de la Jefatura de Gabinete para el entonces ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo. Medina detalló que el modus operandi era común a los secretarios de todos los ministros.
La OA comprobó en el caso concreto del Ministerio de Justicia la maniobra por la cual los fondos presupuestados para esa cartera eran traspasos de jurisdicción de la administración pública nacional “sometidas a control público a otra jurisdicción ‘secreta’. Todo ello, por la sola decisión del Poder Ejecutivo Nacional”. En la fundamentación de su presentación para convertirse en parte querellante en la causa, Morin adjuntó la resolución que describe “el modo en cómo se habrían traspasado fondos públicos provenientes del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para luego ser retirados (sustraídos) por un ex funcionario de confianza del ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, de la sede de aquel organismo de seguridad. El ex funcionario de confianza es José Domingo Coronel, encargado del área de coordinación administrativa de Justicia”. La OA advierte que esa modalidad fue una constante por más de una década y resultó funcional para que “las más altas autoridades del Ejecutivo dispongan de fondos ‘sin control’ para su utilización lícita como ilícita. En el caso de Granillo Ocampo, las pruebas abonan la hipótesis de la existencia de un circuito de desvío de fondos y posterior sustracción hecho a la medida de sus propias apetencias”.
Justamente, la Cámara Federal estaría por ratificar el procesamiento de Granillo Ocampo en la causa que se lo investiga por enriquecimiento ilícito y en la que también están involucrados su esposa María Cristina Díaz Luján, sus hijos y su socia en las Bodegas Anguinan S.A. Silvia Eurnekian. La Cámara, además, confirmaría abultados embargos en contra de la familia del ex ministro riojano.
En la causa por sobresueldos que instruye Ballestero están en la mira además de Granillo Ocampo, el ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez, los ex ministros Alberto Mazza (Salud) y Jorge Domínguez (Defensa) y las ex secretarias Claudia Bello (Función Pública) y Beatriz Gutiérrez Walker (Cultura). El delito de peculado contempla una pena máxima de diez años, por lo cual queda a consideración de los jueces la posibilidad de que no sea excarcelable.
Menem, quien se refugió en Chile para evitar dar explicaciones ante la Justicia por sus cuentas en Suiza y elude desde allí otros requerimientos por el tráfico ilegal de armas, está en la cúspide de la responsabilidad por ese manejo irregular de los fondos públicos: fueron decretos secretos los que habilitaron la turbia manipulación de los recursos que habrían engrosado los bolsillos de los ex funcionarios.
La OA pidió que el Gobierno desclasifique y levante el secreto sobre todas las disposiciones que facilitaron esas maniobras y las publique en el Boletín Oficial y que haga lo mismo con el contenido de las leyes secretas”atinentes a la administración de los organismos de inteligencia y los gastos reservados”.