El Tribunal Supremo de España rechazó ayer un recurso que había presentado el ex marino Adolfo Scilingo, y de esta manera, dio luz verde para que comience el juicio oral contra el represor, que está preso en Madrid. Ahora sólo falta fijar la fecha y algunos detalles sobre las características del proceso. “Esta decisión implica una consolidación de la persecución de los crímenes contra la humanidad”, señaló desde España Carlos Slepoy, de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos.
El Tribunal Supremo señaló que la Justicia española es competente para juzgar a Scilingo porque los delitos que cometió durante la última dictadura militar “afectan a bienes cuya protección resulta de interés para la comunidad internacional, el presunto culpable se halla en territorio español y existe un punto de conexión directo con intereses nacionales en cuanto aparecen víctimas de nacionalidad española”. Además, mencionó que no existen en la Argentina causas abiertas contra Scilingo.
La fiscalía, que históricamente se opuso a la competencia de los tribunales españoles para investigar las desapariciones en la Argentina y en Chile, también había presentado un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de juzgar a Scilingo, pero, con la llegada al poder del Partido Socialista, el nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cambió su posición y retiró su queja.
La Acusación Popular evaluó que, luego de la decisión de ayer, el juicio contra Scilingo podría comenzar entre diciembre y enero. Los abogados solicitaron la declaración de cerca de 200 testigos y pidieron que muchos de ellos puedan hacerlo desde la Argentina a través de una teleconferencia. Sobre esos pedidos deberá ahora expedirse el tribunal.
“Scilingo está preso hace cuatro años en una cárcel de máxima seguridad, igual que (Ricardo Miguel) Cavallo y esa es una referencia para lo que debería pasar en la Argentina. Así como quedó demostrado que significó un verdadero baldón que los militares sean juzgados afuera, también lo es el que en España estén en cárceles comunes y en la Argentina estén en arresto domiciliario o, aún más grave, en los cuarteles”, señaló Slepoy. Para el abogado, el fallo del Tribunal Supremo también “actualiza la resolución del Congreso de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sobre la que la Corte Suprema todavía no se expidió y que es algo que está esperando toda la comunidad internacional”.
Scilingo viajó voluntariamente en 1997 a España para declarar en la causa en la que el juez Baltasar Garzón investigaba por genocidio y terrorismo a los militares argentinos. El ex marino quedó detenido al reconocer ante el magistrado lo que ya había dicho aquí, es decir, su participación en los “vuelos de la muerte” en los que desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) eran arrojados al río. Al verse encarcelado Scilingo se desdijo de su testimonio, pero fue específicamente acusado de 30 asesinatos, 93 lesiones y 286 casos de tortura.
Al procesar a los represores argentinos, Garzón señaló que los militares que encabezaron la última dictadura instauraron “una realidad atroz”, reflejada tanto en detenciones clandestinas como “en la práctica sistemática de la tortura, el exterminio generalizado, los enterramientos en fosas comunes, los lanzamientos de cadáveres desde aeronaves y las cremaciones de cuerpos”. El juez responsabilizó a los miembros de las Juntas Militares por montar un plan “cuya finalidad, apenas oculta, pero principal, sería la destrucción sistemática de personas que se oponían a la concepción de nación identificada con la llamada Civilización Occidental y Cristiana”.
También está preso en Madrid el represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México, donde se desempeñaba como empresario y estaba a cargo del Registro Nacional de Vehículos (Renave). La decisión del Tribunal Supremo sobre Scilingo servirá también como antecedente para enjuiciarlo.