La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) denunció ayer el proyecto de ley de autogestión que busca impulsar el gobierno de San Luis sobre las escuelas de la provincia. De acuerdo con la organización gremial, se les otorgaría atribuciones a los establecimientos escolares para la asignación de recursos y el nombramiento de docentes, entre otras funciones, profundizando el proceso de desregulación que atraviesa el sistema educativo.
De acuerdo con lo informado por Ctera, el proyecto de ley orientado a la creación de un “fondo educativo por establecimiento” garantizaría la potestad de tres personas en cada establecimiento, un directivo, un padre y un docente, para “manejar fondos, nombrar o cesantear docentes y decidir el monto de las retribuciones”. En el artículo 5 se pauta que cada escuela organice las convocatorias públicas para cubrir las vacantes surgidas en el transcurso de la actividad escolar. Los docentes serían en ese caso evaluados por un Consejo Escolar Interno (CEI), que tendría a su cargo también la asignación de presupuesto.
La organización dirigida por Hugo Yasky consideró al proyecto como un intento del gobierno de Alberto Rodríguez Saá de querer “convertir al sistema de educación pública en una red de microempresas autogestionadas, al estilo de lo que se propone en las versiones del ultraneoliberalismo más dogmático”.
Bajo esta misma perspectiva, también se cuestionó la ausencia de un criterio que organice la distribución de los ingresos según las necesidades de cada establecimiento, en favor de consignas descentralizadoras contrarias a lo planteado en el encuentro convocado la semana pasada por la Unesco en Brasilia, donde se ratificó a la educación como “derecho social que los Estados deben garantizar con igualdad al conjunto de los ciudadanos”.
El gremio, además, rechazó que el proyecto “reaparezca dos meses después del conflicto educativo que sacudió a la provincia”, en referencia al intento por parte del gobierno de reformar el Estatuto Docente y reemplazar a varios maestros, permitiendo incluso el ingreso de fuerzas policiales a las escuelas. Esa cuestión terminó en uno de los conflictos institucionales más graves que tuvo que enfrentar la provincia.